WASHINGTON.— Donald Trump ha retomado la presidencia con una política migratoria que promete ser más agresiva y radical que en su primer mandato. Sin embargo, esta cruzada enfrenta múltiples obstáculos que podrían limitar su implementación.
Sus órdenes ejecutivas para militarizar la frontera, suspender derechos de asilo y recortar fondos a las ciudades santuario están generando resistencias en dos frentes clave: los tribunales, donde varias medidas están siendo desafiadas por su posible inconstitucionalidad, y la administración interna, donde las tensiones políticas y diplomáticas complican el cumplimiento de sus ambiciosas metas.
Desde el intento de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, hasta el despliegue de miles de tropas en la frontera, las acciones de Trump están siendo cuestionadas por violar principios legales fundamentales, generar tensiones con gobiernos locales y requerir un nivel de coordinación que podría ser difícil de alcanzar en un escenario político profundamente polarizado.
La gran pregunta es si su enfoque confrontativo será suficiente para superar estas barreras y consolidar su visión migratoria.
DE LA APLICACIÓN MÓVIL A LA MILITARIZACIÓN
Entre los primeros impactos de su nueva estrategia está la cancelación de miles de citas de asilo agendadas a través de la aplicación móvil desarrollada por el gobierno de Biden, lo que dejó a numerosos migrantes en el limbo tras meses de espera.
El presidente también suspendió indefinidamente el programa de libertad condicional humanitaria para migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, argumentando riesgos para la seguridad nacional. Paralelamente, el sitio web para gestionar estas solicitudes dejó de funcionar, aumentando la incertidumbre entre quienes habían visto en estas políticas una alternativa viable para evitar cruces ilegales.
Estas medidas vienen acompañadas de un esfuerzo masivo por militarizar la frontera. Trump ha firmado órdenes ejecutivas que permitirán el despliegue de 10 mil tropas activas, en adición a las 2,200 ya existentes.
Según documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional, las fuerzas armadas no solo brindarán apoyo logístico, sino que podrían ser autorizadas para tareas como la detención de migrantes en bases militares y su transporte hacia puntos de deportación.
Esta medida, que busca justificar bajo la narrativa de “invasión extranjera” de la Sección 4 de la Constitución, enfrenta riesgos legales al chocar con la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de tropas federales en funciones de aplicación de la ley interna.
ASFIXIA AL SISTEMA DE ASILO Y CIUDADES SANTUARIO
Trump no se ha limitado a las fronteras. Las autoridades de inmigración ahora tienen luz verde para realizar operativos en lugares tradicionalmente protegidos, como escuelas, iglesias y hospitales, una medida que ha intensificado el temor en comunidades inmigrantes.
En paralelo, el presidente firmó una orden que permitirá negar la ciudadanía a hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, atacando directamente la Enmienda 14 de la Constitución.
Aunque esta acción fue inmediatamente impugnada por la ACLU y fiscales de estados demócratas, su simbolismo envía un mensaje claro: ninguna política está fuera del alcance de su agenda.
El golpe a las ciudades santuario tampoco se hizo esperar. Trump ha amenazado con cortar fondos federales a estas jurisdicciones, al tiempo que ordenó al Departamento de Justicia investigar y potencialmente enjuiciar a funcionarios que no colaboren con las autoridades migratorias.
Según expertos, esta medida busca centralizar el poder federal en temas migratorios, dejando poco margen de maniobra a los gobiernos locales.
ESTRATEGIA LEGAL Y POLÍTICA A LARGO PLAZO
A diferencia de su primer mandato, Trump parece haber aprendido de las derrotas judiciales que enfrentó en el pasado.
Su equipo, con asesorías de organizaciones como el Centro de Estudios de Inmigración, ha diseñado una hoja de ruta más robusta y meticulosa para resistir desafíos legales.
El presidente no solo reactivó políticas como el programa “Permanecer en México”, que obliga a solicitantes de asilo a esperar en el país vecino, sino que ha ordenado evaluaciones detalladas para identificar países “inseguros” y restringir visas provenientes de ellos.
Sin embargo, su enfoque también tiene límites. Implementar estas políticas requerirá la aprobación de un Congreso dividido y el apoyo de socios internacionales como México, que ya ha mostrado reticencia a colaborar en medidas impopulares.
Además, los costos asociados con la duplicación de espacios de detención, el despliegue militar y las operaciones internas podrían convertirse en un punto de presión política.
REACCIÓN Y RESISTENCIA: UN PAÍS POLARIZADO
La respuesta a estas políticas ha sido inmediata. Mientras grupos conservadores aplauden las acciones como un paso necesario para proteger la soberanía estadounidense, demócratas y organizaciones pro inmigrantes las califican de “radicales e inconstitucionales”.
Líderes como el senador Alex Padilla han señalado que las medidas carecen de viabilidad legal y solo buscan alimentar la narrativa populista de Trump. Por otro lado, grupos comunitarios han intensificado campañas de información para preparar a los migrantes frente a redadas y posibles violaciones de derechos.
LA MAGNITUD DE MÁS NUEVAS POLÍTICAS
- 10 mil tropas militares activas desplegadas en la frontera sur.
- 100 mil camas disponibles en nuevos centros de detención.
- 308 migrantes detenidos en redadas recientes, según el Departamento de Seguridad Nacional.
- 4 programas migratorios suspendidos en menos de una semana.
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