TAMULTÉ DE LAS SABANAS.— No hay reclamo que se note más que un baile bajo la lluvia. Pasadas las diez de la noche del sábado, en el kilómetro 26+900 de la carretera Villahermosa-Frontera, los pobladores de la zona yokot’an encendieron bocinas y luces robóticas en plena vialidad cerrada, y bailaron. No fue celebración: fue resistencia con ritmo, la manera en que una comunidad cansada de esperar agua y electricidad decide que el cansancio también se sacude.
Mientras el sonido se mezclaba con la llovizna y el humo de las fogatas, a unos kilómetros de ahí, en Chilapa, Centla, la Comisión Federal de Electricidad ya tenía trabajando un generador de emergencia para devolverle presión a la planta potabilizadora de la región. Dos escenas paralelas, la misma noche: una comunidad que no suelta la carretera y una dependencia federal que, por fin, empieza a moverse.
Desde la tarde del viernes 4 de septiembre, pasadas las 17:00 horas, los habitantes de la zona yokot’an —chontales de sangre y de lengua— cerraron la vía en ambos sentidos. Trece poblados aledaños se sumaron al llamado. El kilómetro 26+900 se convirtió en aldea improvisada: lonas, fogatas y llantas quemadas que huelen a hule derretido y a leña mojada, sobre un asfalto que debería estar llevando tráileres hacia la frontera con Guatemala.

Cuatro exigencias
Subestación eléctrica, fin de apagones, agua potable y cuatro obras pendientes en la zona
Las demandas se mantienen sin cambios desde el bloqueo anterior.
Fuente: Elaboración propia con base en testimonios de manifestantes
Cuatro exigencias, una sola desesperación
Amado Salvador, delegado municipal de la Ranchería Miramar, lo resumió con la voz áspera de quien ya explicó esto antes: la subestación eléctrica prometida, los apagones que fríen refrigeradores y licuadoras, el agua que no llega, y cuatro obras pendientes que la presidencia municipal aún no resuelve. “Nuestra zona indígena está abandonada”, dijo, y la frase quedó flotando entre el humo de las fogatas.
Ana Lilia Gatica, de la ranchería La Manga, no habló de política. Habló de su cocina. Contó cómo un “bajón” de electricidad, de esos que llegan sin avisar y se van sin disculparse, le quemó el refrigerador hace cuatro semanas.
Llamó a un electricista de Buenavista, un tal Sergio, que revisó cable por cable hasta encontrar el origen del mal: no estaba adentro de la casa, sino afuera, en el medidor. Tuvo que destruirlo antes de que el fuego subiera al poste y de ahí saltara a los cables de alta tensión. “Ni bomberos tenemos, y para acabarla, ni agua tampoco”, remató, y en esa frase cabe media crónica de lo que le falta a esta región.

El cerdo, la gasolina y el forcejeo
A media tarde del sábado, con el sol pegando fuerte sobre el asfalto agrietado, los manifestantes decidieron comer. Compraron un cerdo y organizaron el sacrificio en plena carretera, entre risas cansadas y el sonido metálico de los cuchillos. Fue en ese momento de distracción colectiva cuando algunos choferes de tráileres y autobuses de pasajeros, varados desde las cuatro de la tarde del viernes anterior, intentaron mover troncos y llantas para abrirse paso.
No llegaron lejos. Los manifestantes, superiores en número, los replegaron hacia sus unidades entre gritos que subieron de tono: “Échale, échale, pasen la gasolina, vamos a quemar los camiones, traigan gasolina”, se escuchó en medio del forcejeo. Nadie encendió nada. Pero la advertencia quedó ahí, colgada en el aire caliente, como recordatorio de que la paciencia también tiene fecha de caducidad.
El contraste no es casualidad, es la fotografía exacta de este bloqueo: mientras la exigencia se sostiene con tambores y llantas encendidas, la respuesta institucional avanza en paralelo, sin reflectores, con un generador que ya opera y un documento con fecha firmada. Ninguna de las dos partes ha cedido del todo, pero tampoco hay un choque frontal: hay una comunidad que aprieta y una dependencia que, esta vez, contesta con hechos técnicos antes que con promesas de escritorio.
El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, explicó que la Comisión Federal de Electricidad ya trasladó un generador de corriente hacia la planta potabilizadora de Chilapa para resolver el faltante de voltaje que impedía operar el sistema de bombeo de agua.
“El problema es el agua, pero el problema también era la Comisión Federal. Y la Comisión Federal anoche mismo alquiló con una empresa un generador, y pues ellos lo van a operar”, explicó, y añadió que este sábado se sostuvo una reunión con delegados de la zona yokot’an para abordar de fondo el suministro eléctrico, la paraestatal y la construcción de la subestación.
Línea de tiempo
Del rompimiento de la reunión del viernes al documento firmado el sábado — toca cada paso para ver el detalle
Fuente: Gobierno de Tabasco / Secretaría de Gobierno
El documento que llegó a las cinco de la tarde
Cerca de las 17:00 horas del sábado, una comitiva de delegados regresó al plantón con un papel firmado por el gobernador Javier May Rodríguez. En él se comprometía a iniciar la obra civil de la subestación eléctrica el lunes 28 de septiembre, con un plazo de 18 meses para su entrada en funcionamiento.
El acuerdo incluía, además, un equipo permanente para atender la intermitencia de luz y agua durante los trabajos, revisión de la carga eléctrica de la zona por parte de la CFE, y una mesa interinstitucional con Semades, Salud y SOTOP para atender los pendientes comunitarios.
Para la comunidad, el papel es apenas el primer paso. Los pobladores pidieron algo más simbólico: que el propio gobernador se presentara este domingo a poner la primera piedra. Sin esa presencia física sobre el terreno, la carretera seguiría cerrada.
Respuesta de CFE
Generador de emergencia opera desde este sábado en la potabilizadora de Chilapa, Centla
La medida fue anunciada por el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador.
Fuente: Secretaría de Gobierno de Tabasco
La reunión de los delegados, sí; el bloqueo, no
Por la mañana, ante una baja asistencia, los delegados municipales propusieron levantar el bloqueo para evitar un desalojo por la fuerza. La respuesta fue un no rotundo, envuelto en desconfianza: “Es que tenemos que insistir si ya estamos aquí […] Y lo que están diciendo la gente es que los delegados ya se vendieron. Lo mismo nos dijeron el año pasado y todavía nos volvimos a arriesgar otra vez”, replicó uno de los presentes.
Una hora después, la posición se ablandó sin ceder terreno: una comitiva de dos personas de confianza por comunidad viajaría a Palacio de Gobierno para escuchar directamente al mandatario, mientras el plantón permanecía firme. “Cada delegado va a sacar una comitiva […] para que vaya a escuchar y así le va a venir a platicar a la gente al rato”, se acordó entre las lonas y el barro.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron al tramo federal para resguardar la zona y abrir un canal de diálogo, sin que se registraran enfrentamientos directos con los manifestantes. La comunidad condicionó cualquier apertura de la vía a la presencia del gobernador o de funcionarios con capacidad real de decisión, en busca de una respuesta que no dependiera de intermediarios.
El compromiso por escrito fija una fecha concreta: 28 de septiembre. Es una diferencia relevante frente al antecedente de mayo de 2025, cuando un acuerdo similar avanzó más despacio de lo esperado. Esta vez hay generador operando en Chilapa, hay revisión técnica anunciada y hay un plazo firmado. La escena de la noche del sábado —el baile bajo la lluvia, las luces robóticas girando sobre el asfalto cerrado— resume mejor que cualquier comunicado el estado real de las cosas: una comunidad que no ha bajado la guardia, y un gobierno que, esta vez, empezó a moverse antes de que se lo exigieran del todo.
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