14 de febrero de 2025. Ese día —documentó la revista Proceso en su edición de agosto de 2025— la Fiscalía de Tabasco libró una orden de captura contra Hernán Bermúdez Requena, todavía con la sombra fresca de su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública.
Horas más tarde, el exfuncionario emprendió la ruta Mérida → Panamá → España → Brasil, itinerario reconstruido por el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30ª Zona Militar, durante la conferencia del 12 de julio de 2025, también citada por Proceso.
La fuga hizo saltar las alarmas que los informes de inteligencia CENFI/CERFI (agosto 2019) ya advertían: mientras la administración de Adán Augusto López Hernández colocaba a Bermúdez y a un fiscal cercano, Nicolás Bautista Ovando, el grupo criminal La Barredora —brazo del CJNG— se expandía por Huimanguillo y Cárdenas con huachicol, extorsión y tráfico de personas.
Uno de los audios interceptados, incluidos en los anexos militares que revisó Proceso, recoge la frase: “El Pantera está con el gobernador…”; analistas castrenses la leyeron como indicio de cobertura política.
Cinco meses después de la huida, la Sedena y el Gabinete de Seguridad federal confirmaron la ficha roja de Interpol. El caso se volvió pólvora electoral: en el Consejo Nacional de Morena del 20 de julio, un sector arropó a Adán Augusto al grito de “¡No estás solo!”, mientras el secretario de Gobierno tabasqueño José Ramiro López Obrador advirtió que se “llegará hasta donde tenga que llegar, a tope”.
Así empezó a exhibirse el laboratorio de impunidad: nombramientos que blindaron al crimen, mandos que obedecieron, ventanillas federales que miraron a otro lado y un exgobernador que hoy carga la factura política.
EL PRIMER REACTIVO: SEGURIDAD
En 2019, Adán Augusto López Hernández llevó a la Secretaría de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena —un viejo conocido que, según los informes CENFI/CERFI citados por la revista, ya figuraba en el organigrama criminal como enlace directo con el CJNG. Con él llegó su mano derecha, Ulises Pinto Madera. La dupla puso bajo llave las comandancias estratégicas y, en palabras de un oficial citado por Proceso, “blindó la plaza desde dentro”.
Pocas semanas después de asumir la gubernatura, Adán envió al Congreso una terna que incluía a Nicolás Bautista Ovando; la mayoría de Morena eligió al priista Jaime Lastra Bastar. Bautista quedó como vicefiscal, una jugada que —destaca Proceso— mantuvo a ambos dentro del tablero.
Dos años más tarde, Lastra pidió licencia y Bautista fue ratificado fiscal general tras una segunda terna enviada por el propio gobernador. Para entonces, los reportes militares ya ligaban al vicefiscal con “El Pelón de Playas”, ex Zeta que mutó en operador de La Barredora.
Con Bermúdez en Seguridad y Bautista en la Fiscalía, la cadena de mando quedó cerrada. Proceso reconstruye cómo carpetas por huachicol y extorsión se “congelaban” o se desviaban a juzgados donde jueces afines dictaban sobreseimientos exprés. El resultado: ningún mando medio tocado, ningún líder detenido, un grupo criminal en expansión.
EFECTO VISIBLE
Entre 2019 y 2024 —periodo revisado por la revista— Huimanguillo y Cárdenas concentraron el 60 % de los reportes de robo de combustibles en el estado; al mismo tiempo, los secuestros pasaron de casos esporádicos a una tasa mensual de dos a tres plagios, sin que la Fiscalía lograra sentencias firmes. La “fórmula” funcionaba: nombramientos leales aseguraban impunidad operativa y protección institucional.
Así quedó instalado el laboratorio de impunidad: seguridad para el crimen, silencio para la ley, y al centro, la firma política de un gobernador que hoy —subraya Proceso— enfrenta la factura.
NÓMINA ESTRATÉGICA
La expansión de La Barredora en Tabasco no fue producto del azar ni del repliegue institucional. De acuerdo con el reportaje publicado por revista Proceso en agosto de 2025, la estructura de seguridad pública fue ocupada por mandos de confianza, leales al titular y funcionales para la protección del grupo criminal.
LOS INFORMES QUE NADIE LEYÓ
Desde agosto de 2019, las Fuerzas Armadas mexicanas sabían lo que hoy parece evidente: el aparato de seguridad pública de Tabasco había sido ocupado por intereses criminales.
Así lo revelan dos documentos confidenciales: el informe del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) y el del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), ambos elaborados por mandos de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la FGR y el CNI.
La revista Proceso, en su edición de agosto de 2025, accedió a ambos expedientes. Lo que encontró fue una radiografía completa del poder delictivo en Tabasco: organigramas, mapas territoriales, fichas individuales y cientos de llamadas intervenidas que detallaban la red de protección institucional alrededor del grupo conocido como La Barredora.
UNA LLAMADA QUE DELATÓ TODO
Uno de los audios más comprometedores recogidos en el informe registra la voz de un operador identificado como “El Pantera”, quien lanza una frase directa:
“El Pantera está con el gobernador…”
La frase fue interpretada por analistas castrenses como un indicio claro de respaldo político. No era solo una referencia territorial; era una declaración de cobertura desde el poder. Esa frase y otras conversaciones intervenidas colocaron en el radar a funcionarios activos en la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, y a operadores federales de la FGR, Guardia Nacional y Aduanas.
RUTA DE OMISIÓN
Los informes CENFI y CERFI no se archivaron en un cajón. Según Proceso, fueron compartidos con el Gabinete de Seguridad federal, autoridades estatales y mandos locales desde finales de 2019.
A pesar de la gravedad de su contenido, ningún funcionario fue cesado, investigado ni sancionado en aquel momento. Bermúdez siguió al frente de la SSP; Bautista Ovando ascendió a fiscal; los mandos señalados conservaron sus cargos.
Cinco años después, los mismos documentos que fueron ignorados sirven como base para las órdenes de aprehensión, las investigaciones de la UIF y la ficha roja emitida por Interpol.
Lo que entonces fue una advertencia ignorada, hoy es evidencia judicial.
UN ARCHIVO QUE PUDO CAMBIAR TODO
Los documentos no eran advertencias vagas. Eran diagnósticos completos, con nombres, fechas, ubicaciones, placas vehiculares, redes familiares, empresas fachada y vínculos políticos.
Contenían la información suficiente para intervenir, investigar y desmantelar la red. Pero no se hizo.
La pregunta no es quién los elaboró, sino quién los leyó y no actuó.
En el centro del esquema estaba Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario con antecedentes penales y vínculos familiares directos con una red empresarial ligada a casinos y combustible. Bajo su mando operaba una cadena de oficiales con poder operativo, histórico de abusos y un denominador común: la permanencia.
LEALTADES PROLONGADAS
Proceso documenta que Ulises Pinto Madera, subsecretario de Seguridad Pública, era el número dos de Bermúdez y su principal operador táctico. Fue detenido en julio de 2025 en Jalisco, meses después de la fuga de su jefe. Sin embargo, durante al menos cinco años permaneció en funciones, acumulando poder dentro de la corporación sin que ninguna autoridad estatal o federal lo removiera.
Otros nombres aparecen en los informes de inteligencia citados por la revista:
- Leonardo A. Leyva Ávalos,
- José del Carmen Castillo,
- Javier Reyes Palomeque,
- y Rubén Muñoz Rivera.
Todos ellos fueron señalados por tener presuntos vínculos con el CJNG o encabezar áreas claves en la cadena de mando. La mayoría, subraya Proceso, continuó en sus cargos tras la salida de Bermúdez, y en algunos casos incluso con ascensos internos o traslados con responsabilidad operativa.
INERCIA INSTITUCIONAL
A pesar de los reportes, las advertencias de inteligencia y la creciente ola de violencia en municipios clave como Huimanguillo, Cárdenas y Tacotalpa, ningún funcionario de primer nivel fue cesado entre 2019 y 2024. Las estructuras permanecieron intactas hasta que el escándalo estalló públicamente.
Ese silencio no fue gratuito. Proceso describe una cadena de protección que permitía a La Barredora operar sin contrapesos: informes internos se archivaban, denuncias ciudadanas se desacreditaban y la rotación de mandos se usaba como cortina de humo.
CARGOS, NO FUNCIONES
La normalización del modelo de impunidad se sostuvo en la lógica del cargo, no de la función. Lo que importaba no era detener delincuentes, sino conservar la lealtad vertical. Según reconstruye la revista, los mandos actuaban bajo la premisa de obedecer hacia arriba y tolerar hacia abajo.
Esa fórmula permitió que una estructura estatal se convirtiera —como lo denominó un analista militar entrevistado por Proceso— en una plataforma de respaldo institucional para un grupo criminal.
Tabasco no solo fue territorio de paso. Fue territorio tomado desde dentro.
ALERTAS IGNORADAS
En agosto de 2019 —cuando Hernán Bermúdez ya encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco— el Ejército mexicano integró un expediente que hoy resulta revelador.
La revista Proceso tuvo acceso a los informes del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) y del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), que desde entonces alertaban sobre vínculos entre mandos policiales y operadores criminales vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En esos documentos se detallan interceptaciones telefónicas, organigramas delictivos, mapas de influencia y hasta fichas individuales. En una de las escuchas destacadas, se recoge una frase atribuida a El Pantera, uno de los líderes regionales de La Barredora:
“El Pantera está con el gobernador…”
De acuerdo con la interpretación del personal castrense, la frase no solo implicaba cercanía política, sino respaldo operativo. La estructura de seguridad en Tabasco —conformada por nombramientos de confianza y una fiscalía sin contrapesos— aparecía como un territorio liberado para el grupo criminal.
DIAGNÓSTICO INTERNO
Proceso explica que estos informes no se quedaron en archivos. Fueron compartidos en tiempo real con el Gabinete de Seguridad federal, con mandos militares locales y con dependencias como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
El diagnóstico era claro: la zona más vulnerable del sureste —especialmente el corredor Cárdenas–Huimanguillo— había sido tomada desde dentro por una organización que combinaba funciones estatales con operación criminal.
Aun así, no hubo ceses. Ni Bermúdez, ni sus operadores, ni el entonces fiscal Bautista Ovando fueron removidos. Muy por el contrario: la estructura permaneció intacta durante el resto del gobierno de Adán Augusto, y los mandos señalados continuaron en funciones hasta bien entrado 2024.
FRICCIÓN CONTENIDA
Fue hasta la llegada del nuevo gobierno estatal, encabezado por Javier May, que las fuerzas armadas —ahora bajo instrucción directa de la presidencia— comenzaron a intervenir con más fuerza.
La coordinación con la Sedena y la Marina permitió reactivar los expedientes congelados, emitir órdenes de aprehensión y documentar rutas de fuga como la que utilizó Bermúdez el 14 de febrero.
El general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30ª Zona Militar, fue quien rompió el silencio institucional. En rueda de prensa realizada el 12 de julio de 2025, confirmó públicamente que la orden de captura había sido girada desde febrero y que el exfuncionario era buscado con ficha roja de Interpol en más de 190 países. La versión fue respaldada por la Sedena, la FGR y el Gabinete de Seguridad federal.
COMPLICIDAD DOCUMENTADA
Los documentos citados por Proceso no son rumores ni suposiciones. Son informes clasificados, compartidos entre dependencias, en los que se nombra de forma directa a funcionarios en activo, se traza el modelo operativo de La Barredora y se identifica —desde 2019— el riesgo de que Tabasco se convirtiera en una plaza protegida desde el poder.
El Ejército supo. El gobierno federal supo. Y el gobierno estatal de entonces también lo sabía. Pero durante cinco años, nadie interrumpió el experimento.
VENTANILLAS ABIERTAS
La expansión de La Barredora en Tabasco no solo se sostuvo en la captura del aparato estatal. El reportaje de Proceso revela que distintas dependencias federales con presencia en la entidad fueron parte activa —o cómplice pasiva— del modelo de impunidad que permitió al grupo criminal operar a plena luz.
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La Fiscalía General de la República (FGR) encabeza la lista. Su delegado en Tabasco, Israel Salas Romero, aparece señalado en los informes militares por presuntos vínculos con redes de venta de hidrocarburo robado.
Cinco de sus subalternos están incluidos en la misma acusación. Una de las grabaciones citadas por Proceso expone una frase inquietante: la FGR “también vendía huachicol en Cárdenas”.
El mismo patrón se reproduce en otras instituciones.
PUERTOS, MIGRACIÓN, GUARDIA NACIONAL
Proceso documenta que algunos funcionarios de Aduanas y Puertos, así como un mando del Instituto Nacional de Migración (INM) —identificado en los reportes como “El Almirante”— aparecen relacionados con la red delictiva.
Su presunto papel: facilitar el tránsito de mercancías ilícitas, proteger cargamentos y simular revisiones migratorias para grupos de traficantes de personas.
También se menciona, de manera más indirecta, al general José Felipe Padilla Castañeda, entonces coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tabasco. Aunque su nombre no figura en las imputaciones directas, su mención en los documentos, como parte del circuito de “autoridades de conocimiento pleno”, coloca bajo sospecha el papel de la corporación durante ese periodo.
SILENCIO INSTITUCIONAL
Ninguna de estas dependencias —FGR, GN, INM o Aduanas— respondió públicamente a los señalamientos. Hasta el cierre del reportaje citado, no existía registro de investigaciones internas activas contra los funcionarios federales mencionados. Tampoco se había informado sobre ceses, renuncias o rotaciones derivadas de las filtraciones del Ejército.
El resultado fue una cadena de omisiones que permitió a La Barredora consolidarse en el sur-sureste. Mientras Tabasco se convertía en corredor de huachicol, droga y migrantes, la presencia federal parecía limitada a la gestión burocrática: sellos, revisiones de rutina y, en algunos casos, presunto encubrimiento.
COMPLICIDAD O ABANDONO
El dilema que plantea el reportaje de Proceso es inquietante: ¿las delegaciones federales operaban como parte de la red criminal o simplemente abandonaron su deber de vigilancia? En cualquiera de los casos, el saldo institucional es devastador.
Tabasco fue territorio capturado no solo por el crimen, sino por una cadena de instituciones federales que, al mirar hacia otro lado, se volvieron funcionales a la impunidad. El laboratorio estaba completo: mandos locales alineados, operadores federales complacientes y ninguna autoridad que cerrara la puerta.
NEGOCIOS DE FAMILIA
No fue solo una red criminal. Fue también una red empresarial. Según documentó revista Proceso en su edición de agosto de 2025, el clan Bermúdez —con Hernán Bermúdez Requena como rostro público y Humberto Bermúdez Requena, su hermano, como operador patrimonial— tejió durante dos décadas una estructura de empresas, sociedades, casas de apuestas y prestadoras de servicios, muchas de ellas constituidas ante la Notaría 27 de Villahermosa, cuyo titular era el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.
El dato es clave: al menos diez empresas ligadas a los Bermúdez fueron registradas o modificadas notarialmente entre 1997 y 2017 en esa notaría. Entre ellas destacan Gravera Río Puxcatán, Comercializadora y Distribuidora Hermar, Servicios Integrales del Sureste, y otras que, de acuerdo con Proceso, hoy forman parte del mapeo patrimonial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
APUESTAS ILEGALES
La joya visible de ese entramado es la cadena de apuestas Crown City Premium, impulsada por Humberto Bermúdez en alianza con los empresarios Shemaria Capuano, Haua Maaud y el costarricense Eduardo Arguedas Troyo. La marca operaba en al menos cinco entidades del país y buscaba extenderse hacia el Caribe y Sudamérica.
Según Proceso, la FGR y la UIF investigan a Crown City por presunto lavado de dinero a través de ganancias en efectivo no declaradas, triangulaciones con empresas fachada y vínculos con el esquema de blanqueo liderado por el abogado Juan Ramón Collado, hoy preso en el Reclusorio Norte.
Lo que más preocupa a las autoridades es el volumen de flujo financiero no fiscalizado y el hecho de que varios de los registros de propiedad y apertura fueron certificados por notarías asociadas al círculo político de Tabasco. La red no era informal: estaba legalmente blindada.
RUTA DEL TREN MAYA
Otro episodio llamativo citado por Proceso proviene de una investigación paralela de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Ahí se documenta que el clan Bermúdez —a través de sus empresas y socios— buscó convertirse en proveedor de hasta 180 mil litros mensuales de diésel al proyecto Tren Maya. El combustible, según la denuncia, tenía origen ilícito: provenía de redes de huachicol detectadas en Chiapas y Tabasco.
Aunque el contrato nunca se formalizó, la sola intención ilustra el alcance del modelo: negocios legalizados sobre actividades criminales no interrumpidas. El Estado y sus megaproyectos se convirtieron en oportunidad de expansión para redes formadas desde los márgenes.
LORD FONATUR
El mismo patrón se reproduce en el caso de Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, apodado en redes como “Lord Fonatur”. Fue delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Cancún y responsable parcial de los tramos 4 y 5 del Tren Maya.
Su caída pública ocurrió cuando se reveló que rentaba en plataformas digitales las casas presidenciales Villas Chackté, destinadas originalmente a funcionarios federales de paso.
Aunque no fue vinculado penalmente, su nombre aparece en las pesquisas financieras abiertas por la UIF. Proceso cita fuentes cercanas a la investigación que lo ubican como parte de un esquema de beneficios cruzados entre operadores familiares, proyectos estratégicos y cargos públicos.
BLINDAJE PERFECTO
La ruta es clara: desde las notarías se construyeron las empresas; desde los cargos públicos se habilitaron los negocios; desde el silencio institucional se permitió que todo corriera sin obstáculos. El dinero —legalmente registrado, pero de origen presuntamente ilícito— blindó la operación criminal con una cobertura empresarial.
Mientras La Barredora controlaba el territorio, los Bermúdez apostaban a que todo quedaría en familia.
ANTECEDENTES ENTERRADOS
Cuando Hernán Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad Pública en 2019, ya existía un expediente que lo marcaba. Proceso documenta que su nombre figuró en investigaciones por crimen organizado desde finales de los años noventa y, de forma más visible, en 2006, cuando fue detenido por la Agencia Federal de Investigación (AFI) por su presunta participación en el asesinato de los caciques veracruzanos Ponciano y Cirilo Vázquez.
Los informes federales de entonces —recuperados por la revista— señalaban que Bermúdez formaba parte del círculo de protección criminal en la región del sur de Veracruz y la frontera con Tabasco.
Aunque fue liberado por falta de pruebas sólidas, su historial nunca fue aclarado ni depurado. Su regreso a la administración pública ocurrió años después, sin consecuencias ni filtros. Fue, como recuerda Proceso, un regreso por la puerta grande del poder local.
DOCUMENTOS DE 1999
Más inquietante aún es lo que revelan los documentos militares de 1999, citados también por la revista. En ellos, Hernán y su hermano Humberto fueron investigados por la entonces Procuraduría General de la República y por mandos de inteligencia por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, así como por su participación en el tráfico de cocaína y el uso de autos robados dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La información se desprende de reportes que circularon entre el entonces Cisen y el Ejército. Aunque nunca derivaron en procesos judiciales firmes, los antecedentes estaban asentados y compartidos en el aparato federal, incluso antes del arranque del gobierno de Adán Augusto López Hernández.
Ese pasado se fue borrando en la narrativa pública, pero no en los archivos de seguridad. Los informes CENFI y CERFI de 2019 —que Proceso retoma en su reportaje— refieren estos antecedentes como contexto para explicar la naturaleza del nombramiento de Bermúdez.
Para los analistas castrenses, no se trataba solo de una omisión: colocar a una figura con ese historial al frente de la seguridad pública representaba un mensaje de alineación institucional con intereses criminales.
La trayectoria de Bermúdez no fue un secreto. Fue un síntoma de cómo el poder político en Tabasco pudo reinsertar actores con expedientes manchados, sin rendición de cuentas ni revisión de antecedentes. Su ascenso no ocurrió por ignorancia. Ocurrió por decisión.
UNA BIOGRAFÍA INCÓMODA
Para los investigadores actuales del caso, la historia de Bermúdez es más que una anécdota: es la demostración de cómo una figura con vínculos históricos con el crimen organizado puede reingresar, escalar y capturar instituciones, si cuenta con protección política.
La pregunta que deja el reportaje de Proceso es brutalmente simple: ¿quién lo volvió a subir al vehículo del poder, sabiendo de qué estaba hecho?
La organización criminal conocida como La Barredora —brazo regional del Cártel Jalisco Nueva Generación— no solo tuvo protección política en Tabasco; tuvo también territorio operativo definido.
Según el reportaje de Proceso publicado este mes, los informes del Ejército ubican Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y partes de Villahermosa como zonas clave para la expansión del grupo.
La estructura delincuencial controlaba corredores de hidrocarburos robados, casas de seguridad, puntos de cobro de piso, rutas para el tráfico de migrantes y circuitos de distribución de droga.
Algunas de esas rutas, especialmente en la zona de Cárdenas y La Isla, pasaban frente a retenes de fuerzas estatales sin ser detenidas. En palabras de un testigo protegido citado por Proceso, “no tenían que esconderse; eran los que mandaban”.
VIOLENCIA SILENCIADA
Durante el periodo en que Hernán Bermúdez Requena encabezó la Secretaría de Seguridad Pública (2019–2024), Tabasco experimentó picos en delitos de alto impacto, especialmente en extorsión, secuestro, homicidio doloso y robo de combustible.
Aunque las cifras oficiales no siempre reflejaban la magnitud del problema —por subregistro o reclasificación de delitos—, Proceso señala que, de acuerdo con informes castrenses y reportes ciudadanos, el miedo al cobro de piso y al levantón se volvió común en zonas rurales y periféricas. Las principales víctimas: pequeños comerciantes, ganaderos, transportistas y migrantes centroamericanos.
En Cárdenas, los operadores de La Barredora llegaban a cobrar una “cuota de piso” fija a camiones de carga que cruzaban el municipio. En Huimanguillo, el grupo tenía bodegas para almacenar combustible robado, trasladado por pipas disfrazadas de flotillas legales. Y en las entradas de Villahermosa, los puntos de narcomenudeo se multiplicaron sin reacción eficaz de las corporaciones estatales.
EL NEGOCIO DEL MIEDO
El modelo criminal no requería despliegues espectaculares. No se trataba de sembrar cadáveres, sino de capturar ingresos locales, extender control y operar sin ruido. La eficacia de La Barredora no estuvo en el terror visible, sino en la normalización de su presencia.
Esa normalización, subraya Proceso, fue posible gracias a una estructura de seguridad pública colapsada desde adentro. Mientras los mandos respondían políticamente y las fiscalías archivaban las denuncias, el grupo expandía sus células sin enfrentamientos prolongados ni detenciones de alto nivel.
LA SOMBRA PERMANECE
A pesar de los cambios recientes en la estructura de seguridad del gobierno actual, muchas de las comunidades afectadas siguen bajo el impacto de ese modelo de control criminal. Las consecuencias persisten: comerciantes que cerraron sus negocios, rutas que ya no se transitan de noche, familias desplazadas en silencio.
Proceso no exagera cuando plantea que Tabasco no fue solo ruta del crimen, sino laboratorio de captura territorial, donde una organización delictiva se insertó en el tejido institucional y social con ayuda —y silencio— de quienes debieron impedirlo.
REACCIÓN ENCADENADA
La confirmación de la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena —girada el 14 de febrero de 2025 y revelada públicamente por el general Miguel Ángel López Martínez el 12 de julio— no solo sacudió la estructura de seguridad en Tabasco.
También provocó una grieta en el discurso de la 4T, una disonancia política que Proceso retrata con precisión: mientras el Ejército y el gobierno estatal reconocían el daño, Adán Augusto López Hernández optó por el silencio y la negación.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva el 21 de julio, Adán dijo sentirse “sorprendido” por los señalamientos y calificó las acusaciones como parte de una campaña de “politiquería”. No abordó el contenido del reportaje. No negó las relaciones ni explicó los nombramientos. Su respuesta fue defensiva, breve y tardía.
DOS VERSIONES DE MORENA
La ambigüedad fue rota por otros actores del mismo movimiento. El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, no escatimó palabras:
“Vamos a llegar hasta donde tenga que llegar, a tope.”
La frase, citada por Proceso, marcó una diferencia de fondo entre la defensa corporativa y la intención institucional de deslindar responsabilidades. Detrás de esas declaraciones, lo que comenzó a perfilarse fue una fractura silenciosa dentro de Morena, en la que el pasado priista de muchos cuadros locales se convirtió en una carga difícil de justificar.
La presidenta Claudia Sheinbaum, sin señalar directamente a Adán, ordenó al Gabinete de Seguridad federal transparentar el caso, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que el clan Bermúdez es investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR mantiene abiertas varias carpetas.
“¡NO ESTÁS SOLO!”
El punto de quiebre ocurrió el 20 de julio, durante el Consejo Nacional de Morena. Mientras se discutía la estrategia legislativa del partido, una parte del auditorio interrumpió para lanzar un grito dirigido a Adán Augusto:
“¡No estás solo!”
La escena, registrada en video y mencionada por Proceso, fue interpretada como un gesto de respaldo entre leales, pero también como una señal preocupante para el ala presidencial del movimiento. El episodio visibilizó que una parte del partido está dispuesta a cerrar filas, aún frente a señalamientos de posible colusión con redes criminales.
INERCIA VS. CORTE
El caso Bermúdez —como lo nombra Proceso— ha puesto en tensión dos pulsos dentro de Morena:
- uno que busca marcar distancia con el pasado reciente, depurar estructuras y actuar con firmeza institucional;
- y otro que apuesta por la negación táctica, el repliegue discursivo y la defensa cerrada de los suyos.
El silencio de Adán Augusto no es solo político. Es también simbólico. En lugar de enfrentar el contenido de las acusaciones, eligió ignorar lo publicado. Pero los documentos están ahí. Las órdenes están firmadas. Y el tiempo político del encubrimiento parece agotarse.
LA JUSTICIA EN MARCHA
Con una orden de aprehensión activa, una ficha roja de Interpol en curso y una investigación patrimonial en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el caso Bermúdez–La Barredora ya no puede detenerse con declaraciones ni silencios. Según reconstruye Proceso, el Gabinete de Seguridad federal tiene cooperación abierta con autoridades brasileñas, a donde habría huido el exfuncionario tras salir de México en febrero pasado.
La Fiscalía General de la República, la Sedena y la FGR en Tabasco participan en distintas etapas de la investigación. El informe de Proceso también revela que las interceptaciones telefónicas y los informes CENFI/CERFI siguen alimentando nuevas líneas de investigación, tanto a nivel penal como administrativo. La UIF ha congelado cuentas ligadas a las empresas del clan Bermúdez.
RUTA POLÍTICA
En el terreno político, los efectos también se acumulan. Adán Augusto López Hernández, hoy coordinador de la bancada de Morena en el Senado, enfrenta una creciente presión interna.
El respaldo mostrado por algunos simpatizantes no ha impedido que en Palacio Nacional y en el entorno de la presidenta Claudia Sheinbaum se vea el caso como una prueba de fuego para la credibilidad del nuevo gobierno.
Los analistas consultados por Proceso plantean escenarios diversos:
- Que Adán sea invitado a hacerse a un lado del liderazgo legislativo;
- Que se profundicen las investigaciones en torno a las notarías y los contratos ligados al clan Bermúdez;
- O que se judicialice el caso completo, con nuevas órdenes de aprehensión, detenciones y procedimientos penales, incluso si involucran a excolaboradores cercanos al exgobernador.
MORENA EN DISPUTA
El caso también acentuó la división interna en Morena. Por un lado, la narrativa de depuración institucional y “borrón y cuenta nueva” encabezada por Claudia Sheinbaum y Javier May. Por otro, la defensa simbólica del obradorismo tradicional, con cuadros que ven en Adán a un pilar fundador del movimiento.
Lo que Proceso deja claro es que esa tensión ya se volvió visible y medible. La forma en que se resuelva el caso Bermúdez —si con justicia o con omisión— marcará la dirección política del partido en los próximos años. No se trata solo de castigar a un prófugo, sino de decidir si se rompe o se protege una cadena de lealtades con raíces en el viejo régimen.
¿EL FIN DEL EXPERIMENTO?
Tabasco fue el laboratorio.
La política de nombramientos sin filtros, el reciclaje de cuadros con antecedentes oscuros, la captura de instituciones por redes criminales y la cobertura desde mandos federales convirtieron al estado en una pieza de prueba para la impunidad perfecta.
El caso Bermúdez puso fin a la fase silenciosa del experimento. Lo que queda ahora es saber si el sistema político que lo permitió está dispuesto a corregirse o a protegerse. Y si Morena —en su discurso y en su práctica— está preparado para elegir entre la transformación… o la omertà.
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