Tabasco ensaya en 2024 un experimento político sin anestesia: convertir al Poder Judicial en botín electoral. El 1 de junio, los ciudadanos no elegirán únicamente a jueces y magistrados. Elegirán, sin saberlo, entre el escepticismo y la fe ciega, entre un intento democratizador lleno de fisuras o un naufragio anunciado de la impartición de justicia.
Formalmente, la reforma aprobada en diciembre de 2024 —el Decreto 080— trasladó al pueblo tabasqueño la responsabilidad de nombrar a 72 funcionarios judiciales: magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y jueces de distrito.
Para operarlo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) ha contratado o contratará a 890 personas en diversas etapas, según confirmó su secretario ejecutivo, Jorge Alberto Zavala Frías.
Aunque el calendario electoral está armonizado con el del Instituto Nacional Electoral (INE), el diseño de esta elección ha implicado construir desde cero protocolos, lineamientos, convenios y hasta una boleta distinta: sin nombres, con números asignados aleatoriamente.
PODER JUDICIAL: ¿LIBERACIÓN O CAPTURA?
Lejos de democratizar la justicia, la elección judicial se ha convertido en un laboratorio de inequidades. Las reglas son restrictivas: prohibición de espectaculares, de medios tradicionales, de bardas o eventos masivos. Solo redes sociales personales, foros gratuitos y volanteo con papel reciclable están permitidos.
Para litigantes como Rosaura Onofre García, esto genera un escenario de profunda desigualdad: “Hoy no gana quien más sabe, sino quien más visibilidad previa tiene”. Los espacios naturales de difusión no están al alcance de todos. “La gente mayor o adulta que no está relacionada con redes sociales se está quedando completamente desinformada”, advierte.
A nivel nacional, las restricciones son similares: 3,422 candidatos en 19 entidades buscan ser jueces, magistrados o ministros. Los topes de gasto son diferenciados: de 220 mil pesos para jueces de distrito hasta 1.4 millones para ministros de la Suprema Corte.
Consejeros como Uuc-Kib Espadas y magistrados como Janine Otálora han advertido que la elección está configurada para ser inequitativa: quien no tenga recursos o no sea conocido de antemano, está condenado a desaparecer del radar electoral.
LA ELECCIÓN BAJO SOSPECHA
El proceso en Tabasco arrastra señalamientos graves: comités de evaluación dominados por operadores cercanos al Tribunal Superior de Justicia, acusaciones de campañas anticipadas, y rumores de expedientes negros entre los candidatos.
El Colegio de Abogados Tabasqueños ha denunciado que el presidente del Tribunal, Efraín Reséndez Bocanegra, no cumple con los requisitos constitucionales para su reelección, pero ha mantenido su postulación bajo el amparo del aparato oficial. “Todo ha sido una simulación para legitimar lo que ya está decidido”, critican.
La preocupación no es únicamente local. Políticos como Marcos Rosendo Medina Filigrana y Nelson Gallegos Vaca han solicitado revisar a fondo los perfiles, ante el fantasma de una posible infiltración del crimen organizado, como ha alertado a nivel nacional el senador Gerardo Fernández Noroña.
Aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local afirma que los expedientes fueron revisados, persisten dudas serias sobre la transparencia del proceso.
UN VOTO CIEGO
La boleta judicial no mostrará nombres, sólo números. Los distritos judiciales no coinciden con los distritos electorales. El votante promedio enfrenta una elección que no comprende, por cargos que desconoce y candidatos que no ha visto.
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La plataforma “Conóceles, Practica y Ubica” del INE intenta paliar el problema, permitiendo ensayar el voto, pero su difusión sigue siendo limitada, especialmente fuera de las cabeceras municipales.
Según Pedro García Falcón, presidente del Colegio de Abogados, esta falta de información puede disparar una abstención histórica, vaciando de legitimidad al nuevo Poder Judicial incluso antes de su integración.
SIMULACIÓN ESTRUCTURAL
Diversas voces advierten que el proceso no eliminará la corrupción judicial. Por el contrario, perpetuará redes de influencia. Muchos aspirantes son jueces en funciones, amparados por la legislación que les permite hacer campaña sin dejar sus cargos. Esta doble condición plantea riesgos graves de conflicto de interés.
Además, el INE reconoce que su capacidad de fiscalizar a los 3,422 aspirantes es limitada. Las sanciones existen, pero la dimensión del proceso dificulta su aplicación oportuna.
LA PARADOJA DE LA JUSTICIA POPULAR
El gobernador Javier May Rodríguez ha invitado a “democratizar” el Poder Judicial votando el 1 de junio. Sin embargo, en la práctica, la falta de garantías, la debilidad de la fiscalización y el desinterés ciudadano amenazan con convertir esta elección en un acto simbólico, pero carente de transformación real.
Desde Tenosique hasta Paraíso, el mensaje institucional insiste en que se trata de una cita con la historia. Pero la historia no se construye sólo con intenciones. Se requiere información, transparencia, competencia real.
El IEPCT solicitó una ampliación presupuestal de 30 millones de pesos sobre los 114 millones ya aprobados, para cubrir imprevistos logísticos: arrendamiento de 375 vehículos, impresión de boletas especiales, pagos de casillas. La organización ha sido una carrera contra el tiempo.
Además, el 1 de junio los tabasqueños recibirán hasta diez boletas distintas, entre federales y locales. La vocal ejecutiva del INE, Elizabeth Tapia Quiñones, admite que el voto podrá tardar hasta diez minutos por persona. Un reto logístico que pondrá a prueba la paciencia y la organización electoral.
Mientras los aspirantes circulan discretamente en redes sociales y algunos sectores se movilizan, la mayoría de los ciudadanos se enfrenta a una paradoja: el llamado a democratizar la justicia, sin acceso a información plena ni garantías de equidad.
En Tabasco, el 1 de junio puede ocurrir lo inédito: el nacimiento de un Poder Judicial votado, pero deslegitimado desde su origen. Un salto histórico. O un salto al vacío.
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