Con 26 votos a favor y 7 en contra, el Congreso de Tabasco se convirtió en el primero del país en aprobar la minuta que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
Esta medida, que incluye nuevos delitos graves como la extorsión y el tráfico de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo, ha encendido un intenso debate sobre su impacto en el sistema de justicia y los derechos humanos.
La sesión, encabezada por Marcos Rosendo Medina Filigrana, presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, se extendió hasta pasada la medianoche, reflejando la importancia y complejidad de la decisión.
Esta reforma ha generado reacciones divididas entre quienes la ven como una herramienta necesaria para combatir la criminalidad y quienes la consideran un retroceso en la garantía de derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
UNA “AMARGA NECESIDAD” SEGÚN SUS PROMOTORES
Morena y sus aliados defendieron la reforma como una medida esencial para enfrentar los desafíos actuales de seguridad y justicia. El morenista Enrique Inzunza calificó la prisión preventiva oficiosa como una “amarga necesidad” que debe ser aplicada con extrema cautela y pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo, reconoce que el uso automático de esta figura legal debe ser limitado para evitar abusos.
El catálogo ampliado excluye el narcomenudeo, pero incluye delitos como la extorsión, el almacenamiento y distribución de drogas ilícitas, y el uso de comprobantes fiscales falsos, una práctica asociada con el lavado de dinero y la corrupción. La intención de la reforma, según sus defensores, es cerrar espacios a actividades que desestabilizan la seguridad pública y erosionan las finanzas del Estado.
CRÍTICAS Y PREOCUPACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS
Desde la oposición, las críticas se centran en los riesgos de usar la prisión preventiva de manera automática. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, denunció que esta medida representa “una violación flagrante a los derechos humanos”, eliminando de facto la presunción de inocencia.
- Britney Spears rompe el silencio tras las críticas que incendian las redes
- Asteroide pasará cerca de la tierra en Nochebuena
- México enviará representante a la toma de Maduro
Por su parte, el panista Ricardo Anaya argumentó que, aunque nadie está en contra de las medidas cautelares, su aplicación automática puede destruir la vida de personas inocentes y perpetuar un sistema judicial ineficaz.
El debate no solo está limitado al ámbito legislativo. Diversos organismos de derechos humanos y juristas han señalado que la prisión preventiva oficiosa en México se ha utilizado de manera desproporcionada, afectando principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
UN DESAFÍO PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
La ampliación de la prisión preventiva plantea un dilema profundo sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Por un lado, busca responder a la urgencia de contener delitos de alto impacto, como la producción y tráfico de fentanilo, que han desatado crisis de salud pública en México y Estados Unidos.
Por otro lado, podría agravar problemas estructurales como la saturación de cárceles y el uso excesivo de prisión preventiva, que afecta principalmente a personas que no han recibido una sentencia condenatoria.
El gobierno federal y los congresos locales enfrentan ahora el reto de implementar esta reforma con mecanismos que garantizan su aplicación proporcional y justa. El discurso de una “amarga necesidad” deberá traducirse en políticas que combinen eficacia contra el crimen y respeto a los derechos humanos.
PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA APROBADA EN TABASCO
- Críticas principales: Violación a la presunción de inocencia y riesgos de abuso en su aplicación.
- Delitos incluidos: Extorsión, tráfico de precursores químicos, delitos contra la salud, falsificación de comprobantes fiscales.
- Exclusión: Narcomenudeo no será considerado dentro de la ampliación del catálogo.
- Impacto legal: Busca fortalecer la persecución de delitos graves asociados con el crimen organizado y la corrupción.