CDMX.— La reciente negativa del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2025, presentado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, ha encendido las alarmas dentro del máximo tribunal.
Con la sombra de la austeridad republicana exigiendo recortes, el proyecto enfrenta fuertes críticas por mantener privilegios que parecen insostenibles en un país que atraviesa tiempos de ajustes fiscales.
CHOQUE DE PRIORIDADES EN EL PODER JUDICIAL
Durante una sesión privada, los ministros expresaron su inconformidad al notar que el proyecto de Piña no considera adecuadamente los impactos derivados de las reformas judiciales, entre ellos, la eliminación de fideicomisos y la necesidad de ajustar los salarios de los altos funcionarios para que no superen el del Presidente de la República.
En lugar de presentar un plan que refleje estos cambios, la propuesta contemplaba un incremento por la inflación, lo que fue percibido como una respuesta insuficiente ante las demandas de austeridad que pesan sobre el Poder Judicial.
El ajuste inflacionario que Piña propuso se traduce en recursos destinados a compensar el costo de la vida para los empleados del tribunal, incluyendo pensiones complementarias, apoyos médicos extraordinarios, y contrataciones temporales bajo el esquema de honorarios.
Sin embargo, no se planea la creación de nuevas plazas, un punto que podría generar tensiones en la capacidad operativa del tribunal.
AUSTERIDAD VS. PRIVILEGIOS: LOS SEGUROS MILLONARIOS EN LA MIRA
Uno de los puntos más polémicos que surgió durante la discusión fue el mantenimiento de asignaciones millonarias para beneficios como los seguros privados de gastos médicos mayores, que ascienden a 132 millones 825 mil pesos, y el seguro de separación individualizada, con un monto de 204 millones 988 mil 949 pesos. Estos privilegios contrastan con las medidas que dicta la Ley Federal de Austeridad Republicana, que busca eliminar excesos y garantizar que los recursos públicos se manejen con eficiencia.
En este contexto, la ministra presidenta se enfrenta a un dilema: continuar defendiendo un presupuesto que no se ajusta a las expectativas de recortes o ceder a la presión para reelaborar una propuesta más ajustada a las nuevas realidades económicas del país.
¿UN PODER JUDICIAL EN CRISIS?
Este rechazo no solo es un golpe para Norma Lucía Piña, sino también un indicativo de que la SCJN deberá replantear su postura frente a los ajustes presupuestales que le exige el gobierno federal. La tensión que existe entre la autonomía del Poder Judicial y las medidas de austeridad impulsadas por la administración actual podría tener consecuencias más profundas, afectando el equilibrio entre los poderes del Estado.
La negativa del pleno ha dejado claro que cualquier presupuesto para 2025 debe tomar en cuenta las reformas judiciales y las exigencias sociales por un uso más eficiente de los recursos públicos. La SCJN no puede darse el lujo de mantener intactos los privilegios de su élite en un momento en que el país reclama un cambio.
HACIA UN NUEVO PLAN DE AUSTERIDAD
Ante el escenario de crisis, la ministra Piña se comprometió a reelaborar su propuesta para presentarla nuevamente el próximo martes. Las expectativas son claras: el nuevo presupuesto debe incluir medidas de austeridad reales, eliminar gastos superfluos, y ajustar las asignaciones de acuerdo con las reformas judiciales.
El Poder Judicial está en la mira, y no solo por la austeridad. Este es el momento en que la Corte debe demostrar que puede liderar con el ejemplo en tiempos de crisis. De lo contrario, la desconfianza en las instituciones seguirá creciendo.
Datos clave del presupuesto rechazado:
Creación de nuevas plazas: No se contempla.
Seguro de gastos médicos mayores: $132,825,000 MXN.
Seguro de separación individualizada: $204,988,949 MXN.
Recursos para ajuste inflacionario: Incluidos.