¡Sorteo histórico en Tabasco! El Congreso define quién irá a las urnas por la justicia en 2025


En un movimiento inédito en la historia jurídica de México, el Congreso de Tabasco puso en marcha un proceso de insaculación judicial que define a los jueces y magistrados que serán sometidos a elección popular en 2025.

Este paso, derivado de la ambiciosa Reforma al Poder Judicial, busca democratizar y transparentar las designaciones en el sistema judicial, consolidando a Tabasco como un modelo a seguir en la implementación de mecanismos incluyentes y abiertos.

Con el compromiso de renovar el 50 por ciento de las posiciones judiciales, el estado implementa un procedimiento que garantiza la participación ciudadana en la selección de quienes estarán a cargo de impartir justicia.

Este enfoque, además de reforzar la transparencia, marca el inicio de un sistema donde el voto popular se convierte en el pilar de legitimidad institucional.

EL CORAZÓN DEL PROCESO: INSACULACIÓN Y EQUIDAD

El procedimiento de insaculación, supervisado por el Congreso local, seleccionó de manera aleatoria los cargos de magistrados y jueces que participarán en la elección extraordinaria de junio de 2025. Entre los detalles más relevantes se encuentran:

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia: De los 12 magistrados, 4 ya estaban definidos por vacancia o mandato legal, mientras que los 8 restantes fueron seleccionados por sorteo.

Nombres destacados: Guadalupe Cadena Sánchez, Rosalinda Santana Pérez, Francisco Javier Rodríguez Cortés y Carlos Efraín Reséndez Bocanegra.

Jueces de Juzgados Penales y Civiles: Se eligieron 23 de los 55 juzgados penales y 16 juzgados civiles pertenecientes a 19 distritos judiciales. Se priorizaron las vacantes, renuncias y juzgados con número par para garantizar equidad en la participación.

Ejemplo: Verónica Pérez Ávalos (Juzgado Civil de Balancán) y Luciano Javier García Castillo (Juzgado Penal de Control).

Paridad y especialización: Se aseguró que el proceso fuera inclusivo, transparente y acorde con los estándares constitucionales, promoviendo la representación de género y experiencia profesional.

¿UN MODELO REPLICABLE?

El proceso de insaculación judicial en Tabasco es un parteaguas en la historia jurídica mexicana.

La transición hacia un modelo de elección popular de magistrados y jueces no solo responde a un contexto de creciente demanda ciudadana por mayor transparencia, sino que también plantea retos significativos:

VENTAJAS:

1. Legitimidad democrática: La elección directa refuerza la percepción de independencia judicial al eliminar la designación discrecional.

2. Transparencia: Procedimientos abiertos, supervisados por organismos electorales y notarios públicos, blindan el proceso contra sospechas de favoritismo.

3. Inclusión ciudadana: La participación directa de la población fortalece el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones judiciales.

DESAFÍOS:

1. Politización del proceso: Existe el riesgo de que las campañas judiciales sean influenciadas por intereses ajenos al ámbito jurídico.

2. Preparación ciudadana: La elección de jueces y magistrados requiere un electorado informado sobre las capacidades y trayectoria de los candidatos.

3. Continuidad en el poder judicial: Cambios abruptos en los equipos judiciales podrían afectar la resolución de casos y proyectos de largo plazo.


ELECCIÓN EXTRAORDINARIA

Fecha de elección 1 de junio de 2025

Cargos en disputa 50% de magistrados/as y jueces del Poder Judicial

Mecanismo de selección Insaculación pública

Supervisión Congreso del Estado, Instituto Electoral de Tabasco y notarios públicos


UN PASO HACIA LA JUSTICIA DEL FUTURO

La apuesta de Tabasco por la democratización judicial es, sin duda, audaz. Si bien el modelo todavía enfrenta retos estructurales y culturales, su implementación abre la puerta a reflexiones nacionales sobre la forma en que se seleccionan los operadores de justicia en México.

Más allá de sus complejidades, este ejercicio envía un mensaje claro: la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

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