Héctor I. Tapia
En Tabasco, los institutos tecnológicos no están cayendo porque alguien los combata. Se están desplomando solos. Las detenciones recientes —como la del ex rector del Tecnológico de Balancán, Iván Arturo “N”— no son el resultado de una cruzada anticorrupción, sino el síntoma de un sistema que se pudre por dentro, sin vigilancia, sin estructura y sin un mando real que lo regule.
El ex rector fue detenido el 2 de noviembre en Emiliano Zapata y trasladado al penal de Tenosique. Lo acusan de extorsión y acoso sexual, delitos que coronan una gestión marcada por denuncias estudiantiles y protestas masivas.
En mayo, cientos de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos bloquearon carreteras, ocuparon el plantel y exigieron su renuncia por encubrir agresores sexuales. La presión forzó su salida, pero no por acción institucional: cayó porque los estudiantes rompieron el silencio.
UN SISTEMA SUELTO Y SIN SUPERVISIÓN
El verdadero problema no está en los nombres, sino en el diseño. Los tecnológicos de Tabasco —instituciones creadas para impulsar el desarrollo regional— no pertenecen a un subsistema educativo formal.
No dependen de la SEP ni se coordinan con un órgano estatal de control. Rinden cuentas directamente a la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab), pero manejan recursos federales y locales, lo que los deja en una tierra de nadie administrativa.
Este modelo híbrido ha generado una cadena de desorden: sin estructura jerárquica, sin auditorías externas y con total discrecionalidad en el manejo del dinero público. En la práctica, cada tecnológico opera como un feudo educativo donde el rector es juez, parte y beneficiario. Esa falta de vigilancia es lo que permite que las irregularidades prosperen hasta estallar en escándalos como el de Balancán.
“Los tecnológicos están sueltos”, reconoce un funcionario de la Setab. “No existe un subsistema que los controle. Dependen de juntas directivas locales, pero los recursos llegan de la federación. Nadie les exige cuentas claras.”
CUANDO EL DESORDEN REEMPLAZA AL PODER
La crisis no es nueva. Desde 2020, varios directivos han sido detenidos por ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos, como Juan José “N”, ex director del Tecnológico de Comalcalco, acusado de canalizar más de 11.6 millones de pesos a empresas subcontratadas, o Rory Martín “N”, del Tecnológico de Macuspana, quien se pagó su propio finiquito con fondos públicos.
Estos casos no reflejan eficacia judicial, sino un sistema que se regula a golpes de escándalo. Ninguna estructura administrativa detectó los desvíos a tiempo. Ninguna auditoría interna actuó antes de que los delitos se volvieran imposibles de ocultar.
En ese vacío, los tecnológicos se convirtieron en el eslabón más débil del sistema educativo estatal: manejan presupuestos millonarios sin mecanismos de rendición de cuentas reales.
En Balancán, el desorden fue tan evidente que los estudiantes terminaron haciendo el trabajo de la autoridad. El 7 de mayo de 2025, tras semanas de denuncias por acoso y corrupción, la Guardia Nacional y policías antimotines desalojaron un plantón estudiantil dentro del campus.
Al día siguiente, los jóvenes bloquearon el acceso al municipio. Dos días bastaron para lograr lo que las auditorías no pudieron en años: la renuncia del rector.
La Setab nombró a Mari Carmen Bravo Guzmán como nueva directora y prometió auditorías, pero los alumnos advirtieron que sin un control superior, el relevo sería solo cosmético. La historia reciente les da la razón: las instituciones caen, se nombran nuevos rectores y el ciclo se repite.
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HERENCIA DE LA “ESTAFA MAESTRA”
La descomposición actual tiene raíces profundas. Durante el auge de la “Estafa Maestra”, varios tecnológicos de Tabasco firmaron convenios con dependencias federales y empresas fantasma. Los recursos se desviaron mediante subcontrataciones totales, contraviniendo la ley.
Hoy, los pasivos se cuentan por cientos de millones. La Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) arrastra deudas por 898 millones de pesos, y los informes de la Auditoría Superior de la Federación siguen en “seguimiento”. En Tabasco, el conocimiento se transformó en negocio.
La detención de Balancán sólo hace visible una maquinaria corroída que ha sobrevivido a tres gobiernos. No porque sea fuerte, sino porque nadie la supervisa.
El gobierno de Javier May Rodríguez enfrenta ahora una contradicción estructural: debe responder por instituciones que nunca controló. Aunque los tecnológicos dependen nominalmente de la Setab, su operación financiera, académica y administrativa ocurre en la penumbra legal.
May ha ordenado auditorías y prometido un “nuevo modelo educativo regional”, pero la realidad es que la fragmentación institucional vuelve casi imposible una depuración efectiva. Aun así, hay una diferencia política relevante: por primera vez en años, el Ejecutivo no encubre, sino reconoce públicamente el colapso.
La pregunta es si este reconocimiento derivará en una reforma o en un simple parte informativo de crisis.
UN SISTEMA QUE SE DESHACE SOLO
Los tecnológicos de Tabasco no están siendo desmantelados: se están deshaciendo por inercia. Son un espejo del país donde la falta de control, la burocracia dispersa y el desdén por la rendición de cuentas se combinan para producir corrupción estructural.
El caso de Balancán no representa una victoria institucional, sino una advertencia: cuando el Estado no regula, las instituciones se regulan solas, y lo hacen con violencia, protesta y descrédito.
La educación tecnológica —concebida para igualar oportunidades— se volvió un campo minado. Y aunque el gobierno actual intenta contener el derrumbe, la raíz del problema sigue intacta: un sistema suelto, caro y sin mando.
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