Se perfila una Corte con sello político y sin togados; Hugo Aguilar lidera el nuevo giro

CDMX.— En las entrañas del proceso electoral más inédito en la historia del sistema de justicia en México, emerge con claridad un nuevo rostro que simboliza el giro del país hacia una Corte Suprema más plural, con identidad social e impronta progresista: el abogado indígena Hugo Aguilar Ortiz, quien con el número 34 en la boleta morada, se perfila como uno de los próximos ministros —y posiblemente presidente— de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dato no es menor ni puramente estadístico. Con más de 3.2 millones de votos, Aguilar ha superado a perfiles de alto rango judicial como las ministras en funciones Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

Este fenómeno, aunque surgido en una jornada de baja participación ciudadana (13%), ofrece una narrativa potente sobre el tipo de justicia que hoy reclama una parte importante del electorado mexicano: una justicia más cercana, multicultural, con arraigo social y sin las estructuras elitistas del pasado.

UN GIRO PROFUNDO: ¿QUÉ SIGNIFICA UNA CORTE PROGRESISTA?

El término “progresista” suele usarse con ligereza, pero en el contexto de esta elección judicial, encierra transformaciones de fondo. Una Corte progresista no solo se define por su alineación ideológica, sino por su compromiso activo con agendas históricamente relegadas: los derechos colectivos, la diversidad jurídica, el combate a la impunidad estructural y el acceso efectivo a la justicia para grupos vulnerables.

En este contexto, Aguilar representa un viraje simbólico y práctico. Nacido en la región mixteca de Oaxaca, formado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y con una maestría en Derecho Constitucional, ha centrado su vida profesional en la defensa jurídica de comunidades indígenas, los medios comunitarios y la justicia intercultural.

Desde hace casi siete años, es coordinador de derechos indígenas en el INPI, pero su trayectoria lo vincula también al proceso de paz con el EZLN y a demandas clave como la autonomía mediática indígena.

Sus propias palabras lo resumen con claridad: “El reto de la función jurisdiccional es acercar la justicia a la realidad. Las resoluciones deben ser fuente de unidad, no de conflicto”.

LA NUEVA ALINEACIÓN: MÁS POLÍTICA, MENOS TOGADA

Con Aguilar al frente de las preferencias, y acompañado por figuras como Natalia Téllez, María Estela Ríos, Federico Anaya, Isaac de Paz González y César Gutiérrez Priego, la nueva Corte estaría configurada por perfiles con escasa o nula experiencia dentro del aparato judicial federal.

Ninguno proviene de la carrera judicial tradicional; varios han sido asesores, activistas, académicos o funcionarios en el aparato político-administrativo.

Esta composición augura una Corte menos jurídica en el sentido técnico y más política en el sentido transformador. La visión garantista, los derechos humanos, el pluralismo jurídico y la paridad de género figuran como los pilares de esta posible Corte, aunque también se vislumbran riesgos: la falta de experiencia en la operación judicial, los vínculos con el poder Ejecutivo y la fragilidad de sus legitimidades personales ante una participación tan baja.

¿LEGITIMIDAD CON 13% DE PARTICIPACIÓN?

A pesar del bajo porcentaje de votación —entre 12.57% y 13.32% del padrón electoral, según el INE— la Presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección como un hito democrático. “Es un cambio real, más votaron por el Poder Judicial que por partidos como el PAN o PRI en 2024”, dijo en su mensaje de balance.

Sin embargo, esa narrativa triunfalista convive con cuestionamientos legítimos: ¿Puede hablarse de legitimidad popular con apenas 13 millones de votos en una elección con 2,681 cargos en disputa? ¿Se garantiza el voto razonado con hasta 13 boletas diferentes por elector y reportes de “acordeones” en las casillas?

Las observaciones de Coparmex y los más de 1,770 incidentes registrados —de los cuales al menos 500 estuvieron relacionados con interferencias al voto— plantean un escenario perfectible. Pero la dimensión simbólica de esta elección —la posibilidad de que un oaxaqueño mixteco, defensor de comunidades, encabece el máximo tribunal del país— podría abrir un nuevo capítulo en la historia judicial mexicana.

Una democracia que se prueba a sí misma: México vota por su justicia

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

Si se confirma su designación y su posible presidencia de la Corte, Aguilar Ortiz no solo tendrá el reto de interpretar la Constitución desde una mirada indígena y comunitaria, sino también de encabezar una transición institucional en un momento clave: la aplicación de la reforma judicial más ambiciosa en décadas.

Su figura será evaluada no solo por sus sentencias, sino por su capacidad de tender puentes entre sistemas normativos, garantizar derechos sociales, mantener la independencia judicial —aunque sea frente a su propio origen político— y responder a la compleja pregunta que él mismo planteó alguna vez: “¿Cómo hacer útil la justicia?”