Héctor I. Tapia
El nuevo Centro de Convenciones de Villahermosa dejó de ser una promesa en carpeta y entró en su fase más sensible: la definición de quién construirá una de las obras emblemáticas del actual sexenio.
Tras semanas de filtros administrativos y técnicos, el proceso de licitación se estrechó y solo dos empresas permanecen en competencia para ejecutar un proyecto plurianual aprobado por el Legislativo y llamado a marcar el arranque de la infraestructura urbana del gobierno estatal.
El dato no es menor. La obra forma parte del proyecto Villahermosa 2030, respaldado por un financiamiento autorizado por el Congreso local, y ha sido presentada como una pieza estratégica para diversificar la economía, atraer eventos nacionales y redefinir la imagen urbana de la capital.
En ese contexto, el cierre de la carrera a Rubio y Calzada Construcciones convierte a la licitación en un punto de inflexión: a partir de ahora, el debate deja el terreno del anuncio político y entra al de las decisiones administrativas.
El proceso arrancó formalmente a finales de diciembre, con la publicación de la convocatoria pública nacional. A partir de ahí, las etapas se sucedieron con rapidez: visita obligatoria al sitio, revisión de condiciones técnicas, junta de aclaraciones y depuración de participantes. De un grupo inicial de tres empresas interesadas, solo dos firmaron la etapa clave, la que permite seguir con vida rumbo al fallo.
Más allá de los nombres, el avance del procedimiento envía un mensaje claro: el gobierno decidió adelantar definiciones, incluso mientras el concurso para elegir al banco que financiará el proyecto sigue en curso.
Es una apuesta por el tiempo y por el control del proceso. La obra se prepara en paralelo al financiamiento, con la intención de arrancar sin dilaciones una vez que todo quede amarrado.
DEL PAPEL AL EMBUDO
El camino hasta llegar a dos finalistas no fue automático. La licitación del Centro de Convenciones avanzó por etapas claramente delimitadas, cada una con efectos concretos sobre el número de participantes.
La primera criba ocurrió con la visita obligatoria al sitio, realizada a inicios de enero. Ahí, las empresas interesadas conocieron de primera mano el terreno, las condiciones físicas y las restricciones técnicas del proyecto, aceptando que no podrían alegar desconocimiento en etapas posteriores.
Días después, la junta de aclaraciones terminó de definir el terreno de juego. En esa sesión se corrigieron especificaciones, se precisaron perfiles técnicos y se ajustaron conceptos de obra.
Todo lo acordado quedó asentado en actas oficiales y se volvió obligatorio para los licitantes. Fue ahí donde el proceso empezó a cerrarse de manera visible: no todas las empresas que iniciaron el camino llegaron a esta etapa.
La depuración no se explicó en discursos ni comunicados, sino en documentos públicos, como el que fue revisado por EL TABASQUEÑO. Las firmas que aparecen en las actas finales son las que cuentan. En esa lista quedaron Grupo Industrial Rubio, S.A. de C.V., y Calzada Construcciones, S.A. de C.V. El resto quedó fuera sin estridencias, como suele ocurrir en los procesos técnicos cuando los requisitos elevan el umbral de entrada.
Este embudo administrativo revela dos decisiones de fondo. La primera: no ampliar artificialmente la competencia más allá de lo técnicamente viable. La segunda: privilegiar un proceso que avance con rapidez, aun cuando el financiamiento definitivo esté en concurso. La obra, en los hechos, empezó a caminar antes de que se anuncie quién pondrá el dinero.
PERFILES EN JUEGO
Con el proceso depurado, la licitación del Centro de Convenciones se concentra ahora en dos perfiles distintos de constructoras, ambos con experiencia en obra pública, pero con trayectorias y alcances diferentes.
Por un lado está Grupo Industrial Rubio, una empresa de origen regional que ha desarrollado trabajos de infraestructura y obra pública en el ámbito estatal. Su presencia en procesos locales y su conocimiento del terreno la colocan como un actor identificado con la obra pública del sureste, particularmente en proyectos que combinan urbanización, logística y construcción pesada.
Del otro lado aparece Calzada Construcciones, una firma con operación regional y vínculos con un grupo corporativo de mayor escala. Su historial incluye obras carreteras, puentes y proyectos de infraestructura en distintas entidades, lo que le otorga músculo técnico y financiero para enfrentar una obra compleja y de larga duración como el Centro de Convenciones.
La competencia, así planteada, no es solo entre dos empresas, sino entre dos modelos de ejecución: uno más arraigado al ámbito local y otro respaldado por una estructura corporativa amplia. Para el gobierno, la decisión implicará ponderar experiencia, capacidad técnica, tiempos y control de riesgos en una obra que será observada de cerca por su costo, su financiamiento y su simbolismo político.
LA QUE QUEDÓ FUERA
▪️ Una empresa inició el proceso, pero no alcanzó la etapa decisiva de la licitación.
La licitación del Centro de Convenciones no solo definió a quienes siguen en la carrera, sino también a quien quedó en el camino. Engrene Constructivo participó en la etapa inicial del procedimiento y acudió a la visita obligatoria al sitio de obra, requisito indispensable para continuar en el concurso.
Sin embargo, su nombre ya no aparece en la junta de aclaraciones, la fase técnica que terminó de depurar a los participantes y fijó las condiciones definitivas del proyecto. La ausencia en esa acta implica que la empresa no avanzó a la etapa final de la licitación.
El proceso no registró explicaciones públicas sobre su salida, una práctica común en concursos de obra pública cuando los filtros técnicos, financieros o administrativos reducen el número de competidores. Con ello, la licitación pasó de tres a dos empresas finalistas, concentrando la decisión en Rubio y Calzada Construcciones.
Con dos empresas en la recta final, el Centro de Convenciones entra al terreno donde las decisiones ya no se explican, sino que se ejecutan. Lo que sigue será el fallo y el arranque de una obra que pondrá a prueba, desde temprano, la apuesta del gobierno por construir primero y explicar después.
SUPERVISIÓN EXTERNA
▪️ La obra contará con vigilancia independiente para controlar tiempos, costos y especificaciones.
De manera paralela a la licitación del Centro de Convenciones, el Gobierno del Estado activó un segundo proceso: la contratación de una empresa de supervisión externa encargada de vigilar la ejecución de la obra. El objetivo es asegurar que el proyecto se construya conforme a planos, especificaciones técnicas, tiempos y costos establecidos en el contrato.
La supervisión no recaerá en personal interno, sino en una firma ajena al Gobierno, con un plazo de trabajo equivalente al de la obra: 700 días naturales. Su labor abarcará el seguimiento físico y financiero del proyecto desde el arranque hasta su conclusión.
Este esquema busca blindar la ejecución de una obra financiada con crédito público y sujeta a alta observación política y social. En los hechos, el Centro de Convenciones será una de las primeras obras del sexenio en operar bajo un modelo de doble control: constructor y supervisor independiente.
LA OBRA CLAVE
El Centro de Convenciones no es una obra más dentro del programa de infraestructura estatal. Es, por su monto, su financiamiento y su visibilidad, la primera gran prueba del sexenio en materia de obra pública. Su ejecución está directamente vinculada al crédito autorizado por el Congreso y, en consecuencia, al debate público que acompañó esa decisión.
La apuesta del gobierno es clara: adelantar infraestructura estratégica para detonar actividad económica y diversificar el perfil productivo de Villahermosa. El Centro de Convenciones fue planteado como un ancla para congresos, exposiciones y eventos nacionales, en una entidad históricamente dependiente de la actividad petrolera. En ese sentido, la obra no solo busca levantar un edificio, sino marcar un giro en la narrativa económica del estado.
Pero el peso simbólico va más allá del discurso. Al tratarse de un proyecto financiado con crédito público, su arranque y desarrollo se convertirán en un termómetro permanente de la gestión. Cada avance físico, cada retraso y cada ajuste presupuestal serán leídos a la luz de la decisión de endeudamiento. De ahí que el gobierno haya optado por blindar el proceso desde el inicio, incorporando una supervisión externa paralela a la ejecución de la obra.
El contrato plurianual, con una duración estimada de 700 días, obliga a que la obra trascienda un solo ejercicio fiscal y quede anclada a resultados visibles antes del cierre del sexenio. No hay margen para dejarla en obra negra ni para trasladar el costo político a la siguiente administración. El Centro de Convenciones, una vez iniciado, deberá avanzar de manera sostenida.
En ese contexto, la definición de la empresa constructora cobra una dimensión distinta. No se trata solo de quién gane la licitación, sino de quién cargará con la responsabilidad técnica y política de ejecutar la obra insignia del gobierno. El proyecto se construirá bajo observación constante, tanto institucional como pública.
LO QUE SIGUE
Con la licitación depurada y dos empresas en la recta final, el proceso entra ahora en su fase definitiva. El siguiente paso es el fallo, con el que se determinará quién ejecutará el proyecto y bajo qué condiciones contractuales. A partir de ese momento, comenzará el conteo real del sexenio en materia de obra pública.
El calendario ya está trazado. Una vez emitido el fallo y firmado el contrato, el arranque de obra está previsto para las semanas siguientes, en paralelo con la definición del banco que financiará el proyecto Villahermosa 2030. La decisión de avanzar en ambos frentes —obra y financiamiento— revela la intención del gobierno de no perder tiempo y de mostrar resultados tempranos.
En simultáneo, entrará en funciones la empresa de supervisión externa, encargada de vigilar que la ejecución cumpla con planos, especificaciones, tiempos y costos. Este control adicional busca reducir márgenes de discrecionalidad y enviar una señal de orden administrativo en una obra que será observada con lupa.
Para Rubio y Calzada, el fallo marcará destinos distintos: una se adjudicará la obra más visible del sexenio; la otra quedará fuera de un proyecto que concentrará atención política y mediática durante casi dos años. Para el gobierno, en cambio, la decisión abrirá una etapa más compleja: la de cumplir, en tiempo y forma, con una obra que ya dejó de ser proyecto y pasó a ser compromiso público.
El Centro de Convenciones entra así a la fase donde los anuncios pierden peso y los avances físicos toman la palabra. A partir de ahora, el crédito, la licitación y las promesas se medirán en metros construidos y plazos cumplidos. Ese será el verdadero examen.
Rubio y Calzada llegaron hasta aquí. La licitación se cerró, los tiempos corren y el Centro de Convenciones dejó de ser un expediente para convertirse en una obra que definirá, desde temprano, el pulso del sexenio. Lo que ocurra a partir del fallo ya no será cuestión de narrativa, sino de ejecución.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Haz clic aquí