INE y oposición denuncian riesgo real para operatividad democrática

CDMX.— La reforma electoral de Claudia Sheinbaum entró al Congreso bajo advertencia institucional y con división en su propio bloque. El debate ya no es técnico: es político, territorial y operativo.

La iniciativa presentada este 25 de febrero no solo propone eliminar plurinominales en el Senado y reducir el costo del sistema electoral. También convierte las 300 juntas distritales del INE en órganos temporales, elimina el PREP y abre un ajuste estructural que el árbitro electoral califica como regresión.

La consecuencia es inmediata: consejeros del Instituto Nacional Electoral advierten riesgo operativo; PAN y Movimiento Ciudadano anuncian rechazo; y en el Partido Verde asoma una fractura capaz de bloquear la mayoría calificada. El movimiento ya alteró el equilibrio.

El INE: regresión o rediseño

Los consejeros Jaime Rivera y Arturo Castillo fueron directos. Convertir las juntas distritales en órganos temporales “sería una regresión de 45 años”, advirtió Rivera. Castillo fue más técnico: sin estructura permanente se afecta la fiscalización, la geografía electoral y la certeza sobre dónde y por quién vota cada ciudadano.

Hoy el INE opera con 15,926 empleados, de los cuales más de 12 mil trabajan en juntas distritales y locales. La reforma plantea que esas estructuras dejen de ser permanentes, lo que implicaría un recorte cercano al 80% del personal territorial.

La Presidenta sostiene que el ahorro no compromete la autonomía ni la legalidad del proceso. El INE responde que la profesionalización no es un lujo administrativo, sino la base de la confiabilidad. Ahí está el primer choque: ahorro versus capacidad operativa.

Adiós al PREP

El segundo golpe operativo es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En 2024 costó 237 millones de pesos. La reforma propone que los cómputos distritales inicien la misma noche del domingo electoral, sin esperar al miércoles siguiente.

“Si empiezas el domingo en la noche con el conteo distrital, tendrás resultados al siguiente día”, justificó la Presidenta.

El PREP no define la elección; es informativo. Pero funciona como termómetro público. Sin él, la secuencia cambia: el conteo preliminar y el oficial se fusionan.

El Gobierno argumenta eficiencia y ahorro. El cuestionamiento no es el costo, sino la eliminación de una capa intermedia de transparencia que durante décadas ayudó a contener tensiones postelectorales.

Oposición: el eje se mueve al crimen organizado

La reacción opositora no se centró en el ahorro ni en los plurinominales. El PAN movió el debate a otro terreno: el financiamiento del crimen organizado.

“No acompañaremos una reforma que ignore sanciones a partidos que usen dinero que proviene del crimen organizado”, advirtió su dirigente Jorge Romero. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, fue más directa: la prioridad no es la fórmula plurinominal, sino impedir que el narco pague campañas y capture autoridades.

El coordinador panista Elías Lixa calificó la presentación como “power point” sin detalles suficientes y exigió cinco condiciones mínimas: rastreo obligatorio de dinero ilícito, nulidad de elecciones si interviene el crimen, pérdida de registro para partidos involucrados y sanciones penales a dirigentes.

Movimiento Ciudadano apuntó a otro flanco: la sobrerrepresentación. Jorge Álvarez Máynez advirtió que el poder no es eterno y recordó que quienes hoy se benefician podrían ser afectados mañana.

El PRI, en voz de Rubén Moreira, fue más estridente: habló de “manzana envenenada” y acusó intento de debilitar a la oposición. La oposición no discute el costo del sistema. Discute el equilibrio y el control.

Verde en tensión, Morena en filas

El punto más delicado no surgió del PAN ni del PRI, sino del aliado. En el Senado, Luis Armando Melgar adelantó que al menos la mitad de los 14 legisladores del PVEM votarían en contra, “los suficientes”, dijo, para impedir la aprobación.

Esa frase encendió la aritmética legislativa. Sin embargo, el coordinador Manuel Velasco pidió esperar la redacción final y evitó un rompimiento anticipado. En la Cámara de Diputados, el líder verde Carlos Puente sostuvo que están de acuerdo con la reducción del financiamiento público, pero que evaluarán el impacto real antes de fijar postura.

Morena, por su parte, cerró filas. Ricardo Monreal confirmó que los 253 diputados oficialistas respaldarán la iniciativa por unanimidad y defendió la nueva fórmula plurinominal como innovadora, con “candados” para evitar sobrerrepresentación.

Admitió que, si no hay acompañamiento aliado, sería un “desarreglo temporal institucional”. No habló de ruptura, pero dejó claro que la mayoría calificada no está garantizada.

Principios y costo público

La Presidenta Claudia Sheinbaum optó por asumir el costo político antes que suavizar la propuesta. “Es un compromiso con el pueblo”, afirmó, y dejó claro que quien vote en contra deberá explicar por qué respalda listas de cúpulas partidistas. Trasladó así la presión al Congreso y convirtió el voto en definición pública.

No se trata solo de rediseñar reglas; se trata de colocar a aliados y opositores frente al electorado. La estrategia es política antes que técnica: si la reforma avanza, será presentada como respaldo popular; si se frena, la narrativa oficial apuntará a quienes defendieron privilegios. El movimiento no es administrativo, es de posicionamiento.

La aritmética del lunes

El lunes la iniciativa llegará formalmente al Congreso y comenzará el conteo real: el de los votos. Morena irá en bloque; la oposición ya fijó reservas; el Partido Verde aparece dividido. El INE advierte regresión operativa; el PAN exige candado anticrimen; el Ejecutivo sostiene que se trata de racionalidad presupuestal y elección directa.

La reforma no solo modifica estructuras, prueba la cohesión del bloque gobernante y la relación del Ejecutivo con el árbitro electoral. Si se aprueba, las elecciones de 2027 se organizarán con un INE más compacto y sin PREP; si se frena, quedará expuesto que la mayoría oficialista tiene límites cuando toca el diseño institucional.

El debate ya salió de la conferencia y se trasladó al tablero legislativo. Allí cada voto será leído como alineación o distancia frente al rediseño democrático.