Héctor I. Tapia
No fue la oposición quien encendió las alertas en torno a la reforma electoral. Tampoco el árbitro electoral ni los especialistas que, desde hace semanas, advertían sobre los riesgos de tocar el sistema de representación.
La grieta se abrió en otro lugar: dentro de la propia coalición gobernante. Cuando el proyecto comenzó a rozar dinero, curules y jerarquías, la reforma dejó de ser un debate técnico y se convirtió en una prueba de fuerza.
Morena descubrió entonces que gobernar no equivale a controlar, y que incluso con mayoría, el poder tiene límites.
La reforma electoral, presentada como una promesa de democratización y participación ciudadana, terminó exhibiendo algo más incómodo: las tensiones internas de un bloque que aprendió a ganar junto, pero no necesariamente a ceder.
El conflicto no estalló en tribuna ni en la calle, sino en las mesas cerradas donde se negocia lo que nunca aparece en los discursos: quién decide, quién pierde y quién sobrevive políticamente.
LA FRACTURA
El quiebre no llegó con un discurso en tribuna ni con una conferencia estridente. Llegó con una frase seca, pronunciada lejos de los reflectores, pero cargada de significado político: “Por ningún motivo puede ser Adán Augusto”. Con esa sentencia, el Partido Verde Ecologista de México rompió algo más que una negociación: rompió la lógica de mando dentro de la coalición gobernante.
Hasta ese momento, la reforma electoral se movía bajo una premisa implícita: Morena conduciría el proceso y los aliados acompañarían, quizá con matices, quizá con reservas, pero dentro del mismo carril.
El Verde decidió bajarse de esa ruta. No cuestionó a la Presidenta ni anunció una ruptura con la 4T; cuestionó algo más incómodo: la intermediación política.
Para el PVEM, aceptar que el coordinador de Morena en el Senado fungiera como interlocutor equivalía a aceptar una relación desigual. No se trataba de contenidos —plurinominales, financiamiento o costos electorales— sino de jerarquía.
¿Cómo negociar de “aliados” si uno habla por el otro? ¿Cómo sentarse a la mesa si la invitación no llega directa desde el Ejecutivo o, al menos, desde una negociación entre pares?
Ese reclamo, aparentemente procedural, dejó al descubierto una grieta más profunda. La reforma electoral empezó a tocar fibras sensibles: el tamaño real de las bancadas, la sobrevivencia política de los partidos satélite y la redistribución del poder legislativo. Cuando esos temas entraron en juego, el consenso dejó de ser automático.
La reacción del Partido del Trabajo fue opuesta. Tras advertir que sin sus votos no habría reforma, el PT optó por la contención: se reunió con la Secretaría de Gobernación, habló de “construir juntos” y reafirmó su lealtad a la coalición. Dos aliados, dos lecturas del mismo escenario. Uno negocia desde dentro; el otro presiona desde fuera.
Ahí la reforma cambió de naturaleza. Dejó de ser un proyecto ordenado desde Palacio Nacional y se convirtió en un pulso interno, donde cada actor mide no solo qué concede, sino qué pierde si concede. Morena, por primera vez desde que asumió el poder con mayoría amplia, se encontró frente a una verdad incómoda: gobernar no es lo mismo que mandar sin resistencia.
El PT baja tensión, negocia con Gobernación y respalda continuidad de alianza
Tras advertir que sin sus votos no habría reforma electoral, el Partido del Trabajo optó por desactivar el choque público y sentarse a negociar con el Ejecutivo. Su dirigente nacional, Alberto Anaya, sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la que acordaron “construir juntos” la iniciativa presidencial.
El PT reiteró sus reservas sobre una eventual reducción de plurinominales y del financiamiento público a partidos, pero dejó claro que no romperá la coalición. El mensaje fue político: negociación sí, ruptura no. A diferencia del PVEM, el PT eligió procesar sus inconformidades desde dentro del bloque gobernante.
DINERO Y CURULES
La reforma empezó a crujir cuando dejó de hablar en abstracto y comenzó a escribir números. No fue la palabra “democracia participativa” la que incomodó a los aliados, sino la aritmética. El recorte de plurinominales y la reducción del financiamiento público activaron una alarma inmediata: la reforma ya no discutía reglas; discutía supervivencia.
En el corazón del desacuerdo hay dos decisiones que concentran todo el conflicto. La primera: reducir el número de legisladores de representación proporcional. La segunda: achicar la bolsa de recursos públicos para los partidos entre 20 y 30 por ciento.
Para Morena, ambas medidas pueden venderse como correcciones al sistema y como respuesta a un reclamo ciudadano de austeridad. Para el PT y, sobre todo, para el PVEM, significan algo más concreto: menos espacios seguros y menos margen de maniobra política.
La representación proporcional ha sido, durante décadas, el seguro de vida de los partidos minoritarios. Quitarle curules no solo altera la integración del Congreso; altera el equilibrio interno de la coalición gobernante. Y el dinero público —aunque impopular— es el combustible que permite a los partidos operar sin depender del poder económico. Tocarlo equivale a redefinir quién puede competir y cómo.
Aquí la reforma dejó de ser técnica y se volvió existencial. Los aliados no discuten si el sistema puede mejorarse; discuten si podrán sobrevivir a la mejora. Por eso el rechazo no fue gradual ni discreto. Fue frontal. Porque cuando el ajuste toca el músculo que sostiene a un partido, la negociación deja de ser ideológica y se vuelve de vida o muerte política.
CONTROL DEL RELATO
Cuando el ruido creció y la palabra “ruptura” empezó a circular, la Presidenta decidió entrar de lleno al debate. No para presentar el texto —aún inexistente—, sino para reencuadrar la conversación. Desde la mañanera fijó tres garantías que funcionaron como líneas de contención: representación de minorías, autonomía del árbitro electoral y reducción de costos sin desmantelar instituciones.
PAN, PRI y PRD aguardan iniciativa final antes de fijar postura común.
Mientras la coalición oficialista procesa sus tensiones internas, la oposición ha optado por una estrategia de espera. PAN, PRI y PRD han evitado confrontar la reforma electoral antes de conocer su redacción definitiva y se preparan para debatirla en el terreno constitucional.
Desde el PAN, voces como la de Kenia López Rabadán han advertido que el Congreso debe reflejar la pluralidad del
país y no el avasallamiento de mayorías. En paralelo, legisladores opositores han buscado información directa del Instituto Nacional Electoral para contrastar el diagnóstico técnico con la propuesta presidencial.
Por ahora, la oposición observa un dato clave: antes de enfrentarla afuera, la reforma enfrenta resistencias adentro.
El mensaje no fue casual ni improvisado. La reforma ya estaba siendo etiquetada antes de nacer. Que si era autoritaria. Que si concentraría el poder. Que si buscaba arrasar con los partidos pequeños. La respuesta presidencial fue directa: no se eliminarán las minorías, no se tocará la autonomía del órgano electoral y los plurinominales seguirán existiendo, aunque su método de selección pueda cambiar.
Ese último punto fue clave. Al desplazar la discusión del “cuántos” al “cómo”, el Ejecutivo abrió una salida política: mantener la representación proporcional, pero romper el control de las cúpulas partidistas sobre las listas.
La propuesta conecta con el diagnóstico técnico del árbitro electoral y con un reclamo ciudadano antiguo. Pero también introduce una pregunta incómoda: ¿puede democratizarse la selección sin recentralizar el poder?
La intervención presidencial logró algo inmediato: bajar el volumen del conflicto. Pero no resolvió el problema de fondo. El relato quedó ordenado; la aritmética no. Controlar la narrativa no garantiza los votos. Y en el Congreso, la reforma sigue dependiendo de consensos que no están cerrados.
EL LÍMITE
En los pasillos del Senado y en las declaraciones más cuidadosas comenzó a aparecer una frase que no figuraba al inicio del proceso: “si no hay consensos, no habrá reforma”. No la dijo la oposición. La dijeron voces del propio oficialismo. Fue el reconocimiento tácito de un límite que no se puede cruzar sin costo institucional.
La reforma electoral dejó así al descubierto una verdad elemental del sistema político mexicano: la mayoría no sustituye al consenso cuando se trata de la Constitución. El proyecto puede tener conducción presidencial, respaldo técnico y narrativa popular, pero si toca intereses vitales sin construir acuerdos, se detiene o se mutila.
La paradoja es evidente. Una reforma que busca ampliar la participación ciudadana se topa con los límites de la representación política. Un gobierno con control del Ejecutivo y del Legislativo descubre que aun así debe negociar. Y una coalición que ganó unida empieza a mostrar que gobernar juntos no implica decidir juntos.
EL PT SE ALINEA
Mientras el Partido Verde endurecía su postura y desconocía intermediarios, el Partido del Trabajo eligió otro camino. Tras advertir que sin sus votos la reforma electoral no podría prosperar, su dirigencia se reunió con la Secretaría de Gobernación y acordó “construir juntos” la iniciativa presidencial. El mensaje fue doble: reservas en el contenido, disciplina en la coalición.
La oposición, por su parte, ha optado por una estrategia de espera calculada. PAN, PRI y PRD aguardan el texto final antes de lanzar una ofensiva común. No buscan frenar antes de conocer; prefieren disputar cuando el proyecto llegue a sede legislativa. Antes, dejan que el oficialismo resuelva sus propias fracturas.
La reforma electoral sigue en marcha, pero ya no avanza con la velocidad ni la certidumbre de sus primeros días. El entusiasmo inicial dio paso a la negociación, y la negociación reveló algo más profundo: el poder también tropieza cuando toca intereses reales.
Lo que comenzó como una promesa de democratización terminó convirtiéndose en una prueba de equilibrio interno. Aliados que exigen trato de pares, otros que prefieren negociar en silencio, voces dentro del propio oficialismo que recuerdan que sin consensos no hay Constitución que se reforme.
En ese trayecto, la reforma dejó de ser inevitable y se volvió un ejercicio de contención política. El desenlace aún no está escrito. Puede haber ajustes, recortes, concesiones o pausas estratégicas.
Pero la lección ya quedó clara: gobernar con mayoría no significa gobernar sin límites. Y en ese descubrimiento —incómodo, pero necesario— la reforma electoral encontró su verdadera dimensión. Más que cambiar reglas, puso a prueba el tamaño real del poder.
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