Documentos oficiales apilados muestran el anteproyecto de 321 millones del IEPCT frente al presupuesto aprobado de 185 millones, con un recorte de 42 por ciento destacado y el logotipo del órgano electoral de Tabasco.

Árbitro austero: el IPECT entra a elecciones con la mitad del dinero

Héctor I. Tapia

El árbitro electoral de Tabasco comenzará el año con menos dinero que nunca justo cuando debería gastar más. No es una metáfora política ni un ajuste administrativo menor: es una resta simple.

El Congreso local autorizó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) un presupuesto electoral de 185 millones de pesos para 2026. De esa bolsa, 77 millones están etiquetados por ley para prerrogativas de partidos políticos.

Lo que queda —apenas 108 millones de pesos operativos— deberá alcanzar para sostener oficinas, pagar personal, mantener sistemas informáticos, capacitar funcionarios, preparar distritos, organizar consultas y montar la logística de un proceso electoral que, por definición, exige precisión milimétrica.

Con esa cifra, el árbitro deberá hacer lo que antes hacía con casi el doble. La democracia local en Tabasco entra, por primera vez en años, en modo supervivencia.

AJUSTE REAL

Las cifras oficiales cuentan una historia más severa de la que se ha dicho públicamente. El anteproyecto de presupuesto que el propio Instituto entregó al Congreso no ascendía a 236 millones —como se ha repetido en declaraciones— sino a 321 millones de pesos consolidados, de acuerdo con el Periódico Oficial del Estado.

La autorización final fue de 185 millones. La diferencia es de 136 millones menos. Traducido a porcentaje, el ajuste ronda el recorte presupuestal de 42%.

No es una poda administrativa: es casi la mitad del dinero solicitado. Con esa reducción, el IEPCT no sólo recorta gastos; redefine su capacidad de operación.

HASTA EL LÍMITE

Cuando el ajuste baja al detalle, la austeridad deja de ser discurso y se vuelve cotidiana. El capítulo de materiales y suministros apenas rebasa los 150 mil pesos para todo el año; la inversión en bienes muebles, inmuebles o tecnología quedó en cero; varios proyectos institucionales fueron cancelados o diferidos.

Primero la nómina, después lo indispensable; lo demás, esperar. Eso significa menos equipo nuevo, menos mantenimiento, menos renovación tecnológica y más dependencia de remiendos administrativos.

Cada peso se estira hasta el límite. Operar sin margen no es una consigna política: es un órgano electoral trabajando con mínimos históricos.

CUENTAS DISTINTAS

La diferencia más llamativa no está sólo en el monto, sino en la narrativa pública. Los consejeros han explicado que el presupuesto solicitado fue de 236 millones y que el Congreso recortó 51.

Técnicamente no es falso: esa cifra corresponde al gasto ordinario. Pero los documentos oficiales muestran que el anteproyecto completo —el que incluía actividades electorales— sumaba 321 millones de pesos.

Es decir, el ajuste no se hizo sobre 236, sino sobre 321. La comparación cambia la percepción: el recorte deja de parecer moderado y se vuelve estructural. Los números no mienten, pero sí pueden contarse de distintas maneras.

En política presupuestal, la forma de presentar la cifra puede ser tan decisiva como la cifra misma.

REFORMA EN PUERTA

El contexto nacional ayuda a explicar, aunque no a suavizar, la decisión. En el país se discute una reforma electoral federal que busca redimensionar el costo del sistema y revisar el papel de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

No existe aún un texto definitivo, pero el debate incluye racionalizar estructuras, concentrar funciones y eliminar duplicidades administrativas. Ante esa incertidumbre, varios estados han optado por presupuestos más contenidos mientras se define el nuevo modelo institucional.

En Tabasco, la reducción puede leerse también como prudencia fiscal: gastar sólo lo indispensable mientras se aclara qué papel jugarán los órganos locales en el futuro inmediato.

No se trata de un castigo político ni de una confrontación con el gobierno estatal, sino de un entorno donde la planeación camina con cautela.

ELECCIÓN BARATA

Aun con ese contexto, el dato persiste como un recordatorio incómodo. Con 108 millones operativos, el IEPCT deberá organizar tareas que, por naturaleza, crecen en complejidad: más distritos, más capacitación, más supervisión tecnológica y más exigencias de transparencia.

Cada elección demanda mayor certeza y menos margen de error, pero el árbitro dispone de menos recursos. Es la paradoja de las elecciones en Tabasco: nunca había costado tan poco organizarlas y nunca había sido tan caro equivocarse.

El silbato seguirá sonando, pero ahora con menos aire.

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