CDMX.— En un país donde la confianza en los partidos políticos se ubica entre las más bajas del continente, el financiamiento público sigue siendo un tema tabú. Cada año, los seis partidos con registro nacional —Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC—, junto con 64 fuerzas locales, reciben más de 14 mil millones de pesos en prerrogativas. Una cifra que, por sí sola, rebasa el presupuesto conjunto de las secretarías de Gobernación y Economía.
Y, sin embargo, nadie revisa en serio cómo se gasta ese dinero.
La lógica del modelo mexicano fue en su origen impecable: evitar la injerencia del dinero privado y garantizar que los partidos no dependieran de intereses empresariales o del crimen organizado. Pero con el tiempo, esa garantía se convirtió en una forma de manutención permanente, ajena a la rendición de cuentas y a la competencia real.
De los 14 mil 6.1 millones de pesos que los partidos recibirán este 2025, más de 7 mil 354 millones irán a los de registro nacional; el resto se reparte entre 64 partidos locales que, en muchos casos, ni siquiera cuentan con representación legislativa ni vocación electoral.
Mientras tanto, los reportes de transparencia son un espejismo: la mitad no informa sus gastos y el resto apenas reporta una fracción de sus compras. Los documentos revisados por el INE y los Oples están llenos de adquisiciones de gorras, mochilas, banderas y campañas en redes sociales, pero escasos en contenido político o de formación cívica.
EL NEGOCIO DE LAS MOCHILAS
El caso más notorio es el del Partido Verde, que desde hace más de una década ha hecho de los artículos promocionales una industria paralela. En 2021 destinó casi la mitad de su presupuesto anual a la compra de mochilas y utilitarios. Su gasto no viola la ley, pero sí ilustra la perversión de un modelo que confunde propaganda con democracia.
De fondo, el financiamiento público perdió su sentido original. Lo que nació para equilibrar el juego electoral se transformó en un sistema de subsidios políticos, que sobrevive sin importar los resultados, el número de votos o la legitimidad social.
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Mientras la presidencia de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma electoral para revisar las estructuras del sistema —voto electrónico, legislaturas plurinominales, integración del INE y Oples—, el tema del dinero sigue siendo un elefante en la sala. En los primeros foros públicos apenas unos cuantos ponentes mencionaron la urgencia de regular o disminuir las prerrogativas.
En cambio, los partidos guardan silencio. Nadie quiere ceder privilegios.
De cara a 2026, el INE ya tiene previsto asignar 7 mil 737 millones de pesos a las fuerzas nacionales, monto que no puede modificarse por estar definido en la ley. El modelo persiste, blindado por la Constitución, incluso cuando la legitimidad del sistema político se erosiona elección tras elección.
EL COSTO DE UNA DEMOCRACIA OPACA
El artículo 41 constitucional establece que los partidos deben promover la participación ciudadana, la paridad de género y el acceso al poder público. En la práctica, muchos se han convertido en oficinas de nómina y reparto de recursos.
El contraste con la realidad duele: en 2025, mientras en Colima —el estado más pequeño del país— los partidos locales recibirán más de 45 millones de pesos, en Puebla, Jalisco o la Ciudad de México el gasto se eleva a cientos de millones sin que exista proporcionalidad con los resultados electorales o la confianza ciudadana.
El modelo mexicano ya no sostiene su narrativa de equidad, sino de burocracia partidista financiada por los contribuyentes.
Si la próxima reforma electoral quiere tener sentido histórico, no bastará con rediseñar órganos electorales o digitalizar el voto. Habrá que replantear el modelo de financiamiento, abrirlo a la auditoría ciudadana y condicionar el dinero público a resultados reales en participación, transparencia y democracia interna.
Hasta que eso ocurra, la democracia mexicana seguirá siendo un costoso ritual administrativo, más preocupado por mantener los partidos que por fortalecer al ciudadano.
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