A medida que pasan los días, la pregunta ha resonado con mayor fuerza en mi mente: ¿Para qué sirve un alcalde? Las respuestas se dividen en dos vertientes: una es lógica, basada en las responsabilidades tradicionales; la otra, más crítica, sugiere que los ediles han dejado de servir a la comunidad de manera auténtica.
Un alcalde, en teoría, es el salvador local, el héroe municipal que promete resolver todos los problemas de la comunidad, desde baches eternos hasta la falta de agua potable, con la varita mágica del presupuesto limitado. Se supone que está allí para ser la voz del pueblo, aunque a veces parece más ocupado en ser la voz de su partido o en preparar su próximo salto político.
Hoy, a 31 días de que los 17 nuevos presidentes municipales, en su mayoría de Morena, asuman un periodo de 36 meses, es lamentable que las administraciones se encuentren burocratizadas y carentes de presupuesto para obras o mantenimiento de servicios públicos, convirtiéndose en un lastre para el desarrollo de sus municipios.
En la práctica, un alcalde coordina los servicios públicos y gestiona el presupuesto, o al menos lo que queda de él después de satisfacer a sus aliados. Su tarea incluye asegurar que las luces de las calles estén encendidas y que la basura se recoja a tiempo, aunque algunos dirían que su función real es cortar cintas inaugurales en lugar de resolver problemas.
La reforma constitucional de 1983, al otorgarles autonomía y facultar su autodeterminación y administración de recursos, prometió un México más moderno y justo. Sin embargo, los hechos han revelado un panorama opuesto, donde el fortalecimiento del municipalismo ha quedado en letra muerta. La visión de un país transformado enfrenta la dura realidad de un municipio aún débil y manipulable, evidenciando el contraste entre expectativas y resultados.
La realidad es que aquella reforma del Artículo 115 Constitucional, impulsada por Miguel de la Madrid Hurtado, y que buscaba que el municipio fuera impulsor de «su propio desarrollo», fue pura retórica. Aquí, en Tabasco, ese periodo le correspondió al gobernador Enrique González Pedrero. Los 17 presidentes de ese tiempo actuaron con manga ancha; incluso cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces líder del PRI, preocupado porque cumplieran lo que prometieron en campaña, comenzó a vigilarlos. Ellos optaron por protestar.
En aquellos años, AMLO integró seccionales del PRI en cada localidad municipal. Estos se encargaban de supervisar el trabajo de los alcaldes, en una especie de contralorías sociales que informaban al entonces líder priista. Cuando González Pedrero iba de gira, ya conocía de manera directa la problemática de los municipios, quejas presentadas públicamente por los vecinos frente al alcalde.
El gobernador de la «democracia de carne y hueso» estuvo de acuerdo con todo lo que hacía AMLO, en un principio, pero luego dio marcha atrás y dejó solo a AMLO. «Tabasco no es Cuba», le dijo a Andrés, y hasta ahí llegó la contraloría social.
Hoy, 41 años después, vemos administraciones, a menudo corruptas, que han dejado de realizar obras municipales, convirtiendo a los ayuntamientos en una especie de «giros negros» para negocios sucios y enriquecimiento personal. Esto nos lleva a pensar que un alcalde parece indispensable solo para recordarnos que, aunque los problemas municipales sean eternos, siempre hay alguien dispuesto a ponerle su nombre a una placa.
UN ADAGIO: «No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino» [GOETHE]
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La falta de preparación de líderes municipales, elegidos más por compromisos políticos que por méritos, ha hecho que los ayuntamientos tabasqueños sean frágiles, incapaces de enfrentar desafíos. La injerencia de camarillas políticas y la penetración del crimen organizado han debilitado aún más su capacidad para gobernar, atrapándolos en un ciclo de improvisación y proyectos inviables.
Es evidente la urgente necesidad de redefinir el rol de los presidentes municipales. Modelos internacionales, como el francés o el americano, que promueven una administración pública profesionalizada, podrían ofrecer una solución. Sin embargo, la corrupción, que corroe la estructura gubernamental e impide avances significativos, requiere un Servicio Civil de Carrera robusto y ciudadanos comprometidos con la integridad y el bien común.
El gobernador electo, Javier May Rodríguez, anunció que los alcaldes de Morena serán evaluados por la administración estatal para guiarlos hacia el cumplimiento de sus programas y proyectos. Si May Rodríguez logra sincronizar los planes municipales con el Plan Estatal de Desarrollo, se podrían esperar mejores resultados. Los nuevos alcaldes deberían imitar acciones gubernamentales, recortar salarios y reducir estructuras de empleados, para mejorar la capacidad de los ayuntamientos en el desarrollo municipal.
Los nuevos ediles no solo enfrentarán el desafío de administrar, sino de reconstruir un tejido social desgarrado y una confianza en el gobierno casi extinta. Como lo demostrarán los hechos venideros, el verdadero reto no reside únicamente en la gestión de los recursos, sino en la capacidad de liderar con visión y coraje, en un contexto donde cada decisión estará bajo el escrutinio de tabasqueños cansados de promesas incumplidas. La historia juzgará si estuvieron a la altura de las circunstancias.
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Las próximas autoridades municipales de Tabasco enfrentan una encrucijada crucial. Con un trienio anterior marcado por el deterioro en seguridad y estabilidad financiera, los desafíos se presentan en múltiples frentes. Las administraciones salientes han dejado, en algunos casos, un panorama desolador, con finanzas debilitadas y corporaciones policiacas en crisis, lo que plantea un escenario complejo. La situación financiera exige una administración austera y creativa, mientras que la inseguridad requiere una reforma integral.
El desarrollo económico en una región dependiente de sectores volátiles, como el petróleo y la agricultura, no es sencillo. Los alcaldes Euclídes Alejandro, Ovidio Salvador Peralta, Saúl Armando Rodríguez y María de la Cruz López deberán incentivar la diversificación económica y enfrentar el cambio climático y la vulnerabilidad geográfica.
En el caso de Yolanda del Carmen Osuna, quien repetirá en la alcaldía de Centro, tiene como antecedente positivo el rescate financiero del ayuntamiento, logrado mediante una estrategia que propició una recaudación histórica de 1,055 millones de pesos, mejorando la calificación crediticia del ayuntamiento. No obstante, Osuna tiene enormes retos en zonas rurales y urbanas que requieren servicios y pavimentación, además de la modernización de Villahermosa.
Por su parte, los alcaldes Mariluz Velázquez, José Manuel Hernández, José del Carmen Olán, María Soledad Villamayor, Gaspar Trinidad Díaz, Roberto Ocaña, Beatriz Castañón Félix y José Armin Marín enfrentarán el desafío de reconstruir un tejido social desgarrado y recuperar la confianza en el gobierno. Los ediles Alfonso Jesús Baca, Ricki Antonio Arcos, Miguel Ángel Contreras y Sandra Beatriz Hernández no solo deberán gestionar recursos, sino liderar con visión y coraje en un contexto de promesas incumplidas.
El éxito dependerá de sus capacidades para enfrentar estos desafíos con determinación y creatividad. La historia juzgará si estuvieron a la altura de las circunstancias.
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