CDMX.— La elección judicial del próximo 1º de junio —la primera en la historia de México en la que la ciudadanía elegirá directamente a jueces y magistrados— está transitando por un terreno más empedrado de lo esperado.
En lugar de ser un parteaguas para la democratización del Poder Judicial, se ha convertido en un proceso bajo observación crítica por una serie de irregularidades que comienzan a empañar su legitimidad.
En el centro del escándalo está lo que ya se conoce como la “Operación Acordeón”: la distribución masiva de listas predefinidas con los números de candidatos recomendados, presuntamente elaboradas y promovidas desde oficinas gubernamentales y redes afines a partidos políticos.
Esas guías han sido compartidas tanto en redes sociales como por vía física, con el propósito —según diversas denuncias— de instruir al electorado sobre a quién marcar en las boletas.
Aunque en un primer vistazo pueda parecer inofensivo que los votantes lleven sus propias referencias para marcar boletas —especialmente cuando éstas solo incluyen números y no nombres—, la situación cambia radicalmente cuando tales referencias no son personales, sino promovidas por actores del poder público.
La línea entre guía e inducción ilegal se vuelve sumamente delgada, sobre todo si se utiliza la estructura del Estado para movilizar votos.
ACCIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado cartas en el asunto. A través de su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) abrió una investigación preliminar luego de recibir dos denuncias el pasado 23 de mayo.
En paralelo, se dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL), dependiente de la Fiscalía General de la República, por la probable comisión de delitos en materia electoral, particularmente coacción e inducción del voto.
Según confirmó la consejera Claudia Zavala, ya se activaron mecanismos preventivos como el análisis de si deben ordenarse medidas cautelares —por ejemplo, el retiro de publicaciones en redes sociales o la emisión de tutelas preventivas—.
Además, el INE ha remitido el caso a su Unidad Técnica de Fiscalización para que determine si hubo uso de recursos públicos en la elaboración o distribución de estos materiales proselitistas.
Las denuncias apuntan directamente a funcionarios del gobierno de Nuevo León y a servidores públicos de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Estos actores, según la evidencia, participaron activamente en la elaboración o promoción de los acordeones. La gravedad de estos actos radica no solo en la inducción del voto, sino en el probable uso indebido de recursos públicos para fines electorales.
DEMOCRACIA EN JAQUE
La elección judicial, planteada como una oportunidad inédita de participación, corre ahora el riesgo de verse contaminada por prácticas que justamente se intentaban erradicar: la manipulación electoral desde el poder. Que desde estructuras oficiales se impulse el voto hacia ciertos candidatos judiciales constituye un retroceso en las reglas de imparcialidad democrática.
La consejera Norma de la Cruz, quien forma parte de la comisión temporal que organiza esta elección extraordinaria, subrayó que aunque los ciudadanos tienen derecho a llevar sus apuntes, no es aceptable que estos “apuntes” sean diseñados por terceros con intereses específicos. La distinción entre autonomía ciudadana y manipulación inducida es, en este contexto, crucial.
Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino el principio fundamental del voto libre, secreto e informado, piedra angular de cualquier sistema democrático. Que un funcionario público indique cómo debe votar la ciudadanía —así sea indirectamente mediante listas numeradas— rompe con ese principio, al igual que lo haría el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas.
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
La ruta legal ya está trazada. Una vez concluida la investigación preliminar, el INE enviará el expediente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este órgano jurisdiccional podrá emitir una resolución de fondo, que incluya desde medidas correctivas hasta sanciones administrativas o, en su caso, penales.
Mientras tanto, las áreas del INE trabajan a contrarreloj para identificar si hubo financiamiento irregular, violaciones al principio de equidad o propaganda encubierta disfrazada de “orientación electoral”. El mensaje institucional ha sido firme: ningún actor público debe intervenir en la definición del voto ciudadano, ni directa ni indirectamente.
La complejidad del caso reside en que, en esta elección inédita, no existen antecedentes ni jurisprudencia que guíe todos los criterios. El sistema electoral enfrenta el reto de regular un nuevo formato de elección, en el que los candidatos son jueces, magistrados o ministros que, además, aún están en funciones, lo que complica la fiscalización.
MINISTRAS Y MAGISTRADOS EN CAMPAÑA
En paralelo, el INE ha desechado buena parte de las 1,452 quejas presentadas entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, muchas de las cuales señalaban a candidatas como Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, ministras que buscan mantenerse en la Suprema Corte. La mayoría de esas quejas fueron por promoción indebida de imagen, contratación de medios sin autorización o participación en foros públicos sin cumplir criterios de equidad.
Candidatos a magistraturas electorales como Marcela Fernández, Luis Espíndola, Lorenzo Wong y Sergio Guerrero también figuraron entre los más denunciados. Muchos usaron las páginas institucionales donde trabajan —y hasta redes oficiales— para promocionar su imagen o difundir sus aspiraciones. No obstante, en la mayoría de los casos la UTCE concluyó que no hubo llamado explícito al voto ni uso indebido de recursos públicos.
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El TEPJF, por su parte, ha respaldado las resoluciones del INE: de 22 impugnaciones sobre estas quejas, 19 fueron confirmadas por la Sala Superior. La señal institucional es clara: hay reglas, aunque la interpretación de las mismas aún esté en construcción.
PARTICIPACIÓN VS. DESINFORMACIÓN
En medio de esta tensión, el INE ha centrado sus esfuerzos en reforzar la convocatoria a la participación ciudadana. Tanto Norma de la Cruz como la consejera presidenta Guadalupe Taddei han insistido en que una baja participación no será responsabilidad del INE, sino de la ciudadanía y los actores que promueven campañas de abstención.
De la Cruz también lamentó que incluso exconsejeros electorales estén alimentando discursos de desconfianza sobre el proceso. “Si acusan fraude, que lo documenten y presenten denuncias. Es muy fácil hablar desde la especulación”, dijo en entrevista reciente.
Por si fuera poco, actores como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han advertido protestas que podrían obstaculizar la jornada electoral. Sin embargo, el INE ha respondido con firmeza: “Obstruir nuestras instalaciones no solucionará sus demandas”. Y recuerda que ninguna elección en México ha estado exenta de presiones sociales; lo importante es que se garantice el derecho al voto.
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