La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un cambio profundo tras el anuncio de renuncia de siete ministros, entre ellos su presidenta, Norma Piña. Según el ministro Juan Luis González Alcántara, los magistrados han concluido su ciclo, iniciado con la reforma judicial de 1994, y consideran que es momento de dar paso a una nueva generación.
La renuncia, efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, busca ratificar su decisión de no participar en el proceso electoral del próximo año, en el cual se seleccionarán nuevos ministros mediante voto popular, un cambio controvertido en la reforma judicial.
La decisión, además de reflejar una autocrítica sobre el desgaste institucional, también permite a los ministros acceder a sus haberes de retiro de acuerdo con el tiempo de servicio, una prestación que les será conferida si dimiten antes del 31 de octubre.
Entre los renunciantes están Javier Laynez, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, y el propio González Alcántara, quienes coinciden en que este retiro colectivo es una respuesta ante los cambios radicales que implica la reforma.
LA REFORMA JUDICIAL Y LA POLÉMICA DEL VOTO POPULAR
El anuncio de renuncia de los ministros también va acompañado de una solicitud para invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial, especialmente la disposición de que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular.
La propuesta, impulsada por González Alcántara, considera que permitir esta elección para los ministros puede funcionar como una medida de autocontención, pero elige mantener la selección de jueces y magistrados bajo criterios de independencia y sin intervención directa de la ciudadanía. Esta reforma al método de elección, una de las más complejas en la historia de la SCJN, pretende abrir el sistema judicial a la participación democrática, pero ha generado profundas divisiones y retrocesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente la decisión de los ministros de invalidar parcialmente la reforma, argumentando que el propósito de la renuncia es en realidad garantizar su acceso a los haberes de retiro. “Si presentan ahora su renuncia, se van con todos los haberes de retiro, que es un monto considerable.
De no hacerlo ahora, perderían esa prestación”, dijo Sheinbaum. La presidenta también cuestionó la legalidad de la propuesta de González Alcántara para invalidar la reforma, recordando que el papel de la Corte no es legislar, sino interpretar la Constitución.
UNA TRANSICIÓN CONTROVERSIAL Y LA REACCIÓN DEL GOBIERNO
El anuncio de renuncia colectiva también ha desatado reacciones en el Congreso y en el gobierno federal. Integrantes de la bancada de Morena en el Congreso advirtieron que no acatarán una sentencia de la Corte que invalide la reforma judicial, argumentando que dicha reforma busca democratizar el sistema judicial y adaptarlo a las demandas de transparencia y acceso ciudadano que exigen los tiempos actuales.
A pesar de la resistencia en el Congreso, el proyecto de González Alcántara podría ser discutido en el Pleno de la Corte a partir del próximo jueves, aunque se requerirá una mayoría de ocho votos para invalidar la reforma.
La renuncia de los ministros también plantea un dilema sobre el impacto que la elección popular puede tener en la independencia del Poder Judicial. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en su carta de renuncia, expresó que no se considera un candidato apto para un cargo que dependa del apoyo popular.
“Mi función como juez constitucional es proteger los derechos de quienes más lo necesitan, no validar la voluntad de las mayorías”, escribió Gutiérrez, defendiendo su papel como un juez imparcial al servicio de la justicia y no de las corrientes políticas.
¿UN ADIÓS O UNA CRÍTICA SILENCIOSA?
Los ministros salientes dejan en el aire una crítica silenciosa: su renuncia no es una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma, sino un acto de autocrítica y una advertencia sobre los posibles peligros que acarrea politizar el sistema judicial.
“Renunciamos porque entendemos que los cargos públicos son temporales, conferidos para servir, y no para aferrarse al poder”, expresó González Alcántara, sugiriendo que el retiro puede ser una declaración de principios en defensa de la independencia judicial.
La transición en la SCJN representa una etapa crucial en el futuro de la justicia en México, donde la presión por democratizar la Corte se enfrenta al reto de mantener su independencia. Los ministros renunciantes, en una última muestra de autonomía, buscan invalidar aquellos aspectos de la reforma que consideran en riesgo la imparcialidad del sistema judicial, dejando un vacío de poder que reconfigurará el máximo tribunal del país.
DATOS CLAVES SOBRE LA TRANSICIÓN EN LA CORTE
- Renuncia en bloque : Siete ministros, incluida la presidenta Norma Piña, han anunciado su retiro a partir de agosto de 2025.
- Motivo de la renuncia : Los ministros consideran que su ciclo ha concluido y renuncian para asegurar sus haberes de retiro.
- Propuesta de invalidación parcial : El ministro González Alcántara promueve anular la elección popular de jueces y magistrados, manteniendo este proceso solo para ministros.
- Controversia en el Congreso : Morena ha adelantado que no acatará una sentencia que invalide la reforma, lo que podría escalar la tensión entre el Legislativo y la Corte.