Héctor I. Tapia
La noche del jueves, tras 33 horas de viaje desde Asunción, Paraguay, el convoy de la Fiscalía General de la República descendió en el Aeropuerto Internacional de Toluca. La pista estaba vacía. El Bombardier Challenger 605, con matrícula oficial, apagó motores bajo un silencio metálico. La puerta se abrió y apareció, esposado, el hombre que alguna vez se presentó como el guardián de Tabasco.
Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, ya no vestía los trajes de secretario ni las chamarras tácticas con insignias. Esa noche lucía como cualquier otro detenido: prisionero de su propia historia.
De inmediato fue conducido al Penal del Altiplano, el mismo que alojó a Joaquín El Chapo Guzmán y a otros capos del crimen organizado. Ninguna escolta policial de Tabasco lo acompañó. Ningún aliado político lo esperó. El hombre que controló la Policía Estatal, que puso a jueces en jaque y que bautizó con amenazas una organización llamada “La Barredora”, entraba por primera vez a una celda como el criminal que siempre fue señalado de ser.
En el corredor iluminado por luces frías, mientras avanzaba hacia el área de ingreso, Bermúdez escuchó el cerrojo de su destino. El eco metálico lo delató: de ser el jefe policiaco intocable de Tabasco, ahora era apenas un número de expediente en el sistema penal federal.
Era el final de un ciclo y, al mismo tiempo, el arranque de otro: el juicio de un hombre que, al frente de la seguridad pública, habría construido desde el Estado un cártel con rostro institucional.
El huachicol, la primera veta
La llegada de Adán Augusto López Hernández al gobierno de Tabasco, en enero de 2019, no solo inauguró un sexenio: desató una explosión en el robo de combustibles.
Los números son demoledores: en un solo año, las tomas clandestinas a Pemex aumentaron 167%. De 201 piquetes registrados en 2018, bajo el último año de Arturo Núñez, la cifra saltó a 536 perforaciones en ductos durante 2019. Tabasco, la tierra del petróleo, se convirtió en un foco rojo para la empresa productiva del Estado.
Pero el fenómeno no fue un accidente estadístico. Según informes militares, 2019 fue el año en que “La Barredora” terminó de tejer su alianza con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operadores locales que antes sobrevivían en la sombra. Hernán Bermúdez, ya instalado como secretario de Seguridad Pública, era señalado como el articulador invisible: el policía que debía combatir el huachicol terminó convertido en el protector del negocio.
Los mandos tenían rostro y apodo. Daniel Hernández Montejo, alias “El Prada”; Ulises Pinto, “El Mamado”; Carlos Tomás Díaz, “El Tomasín”; y Roger Pérez Salazar, “El Profe”, repartían el mapa del huachicol como si fueran parcelas electorales. A cada uno se le asignaron policías estatales como escoltas, patrullas y armas de cargo.
En paralelo, aparecieron grupos independientes, más pequeños pero igual de temibles: Uriel García “El Pescuezo”, Lucero Naranjo “La Patrona”, Tania Libertad “La Jefa” y Gerardo Ovando “El Tigre”, nombres que corrían en voz baja entre gasolineros y transportistas.
El efecto fue inmediato: Tabasco dejó de ser un estado con piquetes ocasionales y se transformó en una mina abierta de combustible robado. El negocio se diversificó: desde la venta clandestina en carreteras hasta la imposición de huachicol en estaciones de servicio.
Era apenas el inicio. El huachicol no solo trajo dinero. También trajo violencia. Las llamas en ductos y los cadáveres en caminos de terracería eran la marca de un mercado negro que florecía al amparo del poder.
El Creset como fortaleza criminal
El Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), concebido para reeducar a los delincuentes, terminó convertido en una sucursal del miedo. Las paredes húmedas, los candados oxidados y los pasillos oscuros no eran custodiados por el Estado, sino por la mano invisible de La Barredora.
Un testigo colaborador identificado como CTDR relató ante la Fiscalía General de la República cómo, bajo órdenes de Daniel Hernández Montejo, alias “El Prada”, y con la venia de Hernán Bermúdez Requena, fue colocado en la jefatura de vigilancia un operador conocido como Carmen “La Sombra”. Su función no era custodiar: era abrir puertas a cualquier hora, garantizar el flujo de droga y permitir que el poder de la calle se extendiera hasta los dormitorios del penal.
En ese ecosistema sin ley, Ulises Pinto “El Mamado” y el propio Prada operaban como amos de los módulos. Decidían quién vivía, quién moría y cómo se movía cada gramo de estupefaciente. Los internos incómodos eran ejecutados con precisión quirúrgica. El 6 de febrero de 2021, Alfonso “El Gato Zamudio”, ligado al Pelón de Playas, fue asesinado con armas punzocortantes tras una pelea simulada. La versión oficial habló de un altercado entre reclusos; la verdad era que había sido una orden de limpieza interna.
El Comandante Diablo, operador del CJNG, corrió igual suerte: primero fue perseguido, luego ejecutado. Sus muertes no solo borraron rivales, consolidaron al Creset como un laboratorio del terror en el que Bermúdez y sus hombres convirtieron el encierro en un mercado, un centro de operaciones, un teatro de ejecuciones.
El penal dejó de ser cárcel: fue el núcleo logístico de La Barredora, un símbolo de cómo el poder policiaco podía transformarse en un poder criminal que controlaba lo que ocurría adentro y afuera, como si no hubiera muros.
El CRESET bajo fuego
Durante 2024 y parte de 2025, el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET) se convirtió en un epicentro de violencia que desbordó a las autoridades penitenciarias. Aunque varios de los episodios no fueron atribuidos de manera oficial a La Barredora, su sombra siempre estuvo presente en los pasillos del penal.
En febrero de 2024, una riña en el módulo B dejó tres internos muertos y siete heridos. La versión extraoficial fue que la confrontación había estallado entre reclusos vinculados a facciones rivales del narcomenudeo, pero custodios señalaron que los verdaderos responsables respondían a mandos de la organización de Hernán
Bermúdez. Meses después, en junio, un intento de motín en los talleres derivó en un incendio y en la intervención de la Guardia Nacional: dos custodios terminaron hospitalizados.
La violencia se intensificó en octubre del mismo año, cuando dos internos fueron ejecutados en un área de alta seguridad.
Aunque el parte oficial descartó vínculos con el crimen organizado, informes de inteligencia consultados por la Fiscalía apuntaron a ajustes de cuentas ordenados desde el exterior. Ya en enero de 2025, un operativo descubrió un túnel en construcción que pretendía facilitar una fuga masiva; cuatro reos fueron trasladados
al Altiplano. En abril, un nuevo golpe: un preso ligado al robo de hidrocarburos apareció asesinado en su celda con armas punzocortantes, hecho que, según fuentes internas, estuvo directamente relacionado con la pugna de La Barredora.
En total, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, el penal registró ocho internos muertos, quince heridos y un motín sofocado con intervención federal. El saldo confirma que el CRESET no solo fue un espacio bajo presión criminal, sino también la muestra más visible de la herencia de impunidad que marcó el paso de Bermúdez por la seguridad estatal.
La gasolinera tomada
El caso de Ramón Martínez Armengol, empresario gasolinero, expone con crudeza la forma en que La Barredora convirtió el negocio del combustible en un botín. En agosto de 2018 inauguró una estación de servicio en la carretera a Samarkanda, convencido de que el auge energético de Tabasco le daría estabilidad. Tres meses después, el infierno tocó a su puerta.
Una camioneta GMC Sierra se detuvo en la estación. De ella bajaron Savier Eduardo Vázquez Orellana, “El Blin Blin”, operador de Bermúdez; el abogado Manuel de Atocha Romero, pieza clave en los negocios turbios del clan, y un hombre armado. “A partir de hoy —le dijeron— recibes pipas de 30 mil litros de huachicol. Si no aceptas, sabemos dónde vives”.
El empresario no tuvo opción. De acuerdo con su testimonio ante la SSP, cada semana debía comercializar tres pipas de combustible ilegal, equivalentes a 90 mil litros, con un valor de 1.8 millones de pesos en el mercado legal. La mitad de esas ganancias debía entregarlas a Bermúdez. El negocio era redondo: La Barredora vendía el litro entre 15 y 16 pesos, cuando en el mercado formal rondaba los 20.
Cuando Martínez intentó zafarse del trato en 2019, fue interceptado, baleado y secuestrado durante dos días. Terminó entregando no solo sus ventas, sino también el poder notarial de su gasolinera. El desenlace fue aún más insólito: el propio despacho jurídico Palavicini-Bermúdez Requena, ligado al entonces secretario de Seguridad, apareció defendiendo los intereses de sus secuestradores. Bermúdez era, al mismo tiempo, juez y parte.
El 28 de febrero de 2025, la FGR y el Ejército aseguraron la estación. Para entonces, el gasolinero ya había denunciado que el 50% de su empresa había sido literalmente despojado en favor de la organización. La investigación terminó por convertirse en una de las pruebas más sólidas para girar la orden de aprehensión contra Bermúdez.
El episodio de la gasolinera sintetiza un patrón: bajo el mando de “El Abuelo”, el Estado fue convertido en un consorcio criminal donde las leyes, los notarios y los patrulleros trabajaban al servicio del huachicol.
El despojo y la red de corrupción
El caso del empresario Ramón Martínez Armengol ilustra con crudeza la lógica de La Barredora: primero la imposición del huachicol, después el despojo de su estación de servicio, y finalmente el uso del propio aparato de gobierno para legalizar el robo.
En agosto de 2018, Martínez abrió una gasolinera en la carretera a Samarkanda, Villahermosa. Tres meses después, la organización criminal lo obligó a recibir pipas con combustible robado. Cuando decidió terminar con el trato, vinieron las amenazas, un secuestro y el despojo violento de su negocio.
La paradoja es brutal: el mismo Hernán Bermúdez, como Secretario de Seguridad Pública, debía garantizarle apoyo, pero al mismo tiempo su despacho jurídico “Palavicini y Bermúdez Requena” litigaba en favor de los secuestradores del empresario. Era juez y parte.
En 2022, Bermúdez lo citó en su oficina. Con frialdad, le pidió negociar con Carlos Tomás Díaz, “El Licenciado Tomasín”, su brazo derecho. La condición era entregarle el 50 por ciento de la gasolinera a cambio de que la SSP ejecutara el desalojo contra los invasores.
El círculo se cerró cuando, según el testimonio judicial, Enrique Priego, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, recibió dinero para frenar una orden de lanzamiento que favorecía a la víctima. La corrupción, como una tela de araña, tejía sus hilos entre jueces, policías y capos.
La estación de Martínez fue asegurada en 2023 por la FGR y el Ejército, pero el daño ya estaba hecho: durante años, el empresario fue perseguido, golpeado y despojado de su patrimonio, en un esquema en el que la línea entre criminales y autoridades se borró por completo.
La caída y el regreso a México
El vuelo que trajo de vuelta a Hernán Bermúdez Requena despegó sin estridencias de Asunción. Paraguay decidió no prestarse a un juicio largo de extradición y optó por el expediente más seco: lo expulsó. Afuera quedaba la mansión con alberca, los muros altos y los lujos que había logrado levantar en apenas unos meses de fuga. Adentro, lo esperaba un trayecto de 33 horas que culminó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde agentes de la Fiscalía General de la República lo recibieron con un documento que llevaba meses aguardando ser ejecutado: la orden de aprehensión dictada en Tabasco.
El Comandante H ya no viajaba rodeado de comandantes, ni escoltas, ni abogados. Esta vez, lo acompañaba la rutina fría de la justicia: esposas en las muñecas, un asiento solitario en un Bombardier Challenger 605 y una escolta de agentes de la AIC que no lo perdieron de vista ni en los pasillos ni en la pista.
Al llegar a México, fue trasladado al Penal del Altiplano, símbolo del encierro para capos que alguna vez presumieron ser intocables. Allí, un juez de control de Tabasco le notificó los cargos: asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. La Fiscalía advirtió que, de ser hallado culpable, las penas acumuladas podrían superar los 150 años de prisión.
La escena —Bermúdez, el jefe policiaco que se convirtió en capo, caminando cabizbajo hacia un penal federal— simbolizaba un derrumbe mayor. Porque detrás de él no solo caía un hombre: tambaleaba el sistema de protección política que lo sostuvo durante años. En Tabasco, los cafés políticos comenzaron a hacer la pregunta que nadie quería responder en voz alta:
¿hasta dónde alcanzará la sombra de La Barredora?
El eco del clan
En Villahermosa, la noticia cayó como un trueno: el hombre que operaba con uniforme y placa ya duerme tras los muros del Altiplano. Pero nadie ignora que con él no se encierra la red completa. Los nombres de sus operadores —Prada, Tomasín, Pinto, El Mamado— siguen flotando en expedientes abiertos.
En el Senado, un Adán Augusto López camina con paso lento, recién operado de los meniscos. Los pasillos parecen interminables. De pronto, un empleado le lanza desde lejos: “¡Saludos a La Barredora!”. El silencio del político retumba más que cualquier respuesta.
El clan, alguna vez presentado como el Tabasco Power, aparece hoy marcado por fracturas visibles: una hermana muerta, un cuñado con poder, otro con cargos en Pemex, y un aliado que se transformó en pesadilla judicial. La mesa familiar que parecía invencible ahora tiene una silla vacía.
La pregunta, en los cafés políticos y en los pasillos del poder, es la misma:
¿será Bermúdez el último en caer o apenas el primero?
La herencia y el aislamiento
En la cúspide de su poder, Hernán Bermúdez no solo operaba como jefe policiaco, sino como el engranaje de un sistema criminal que había sido tolerado y alimentado por la política tabasqueña. Su caída, sin embargo, no solo arrastra a su clan inmediato: proyecta sombras sobre quienes lo protegieron en los pasillos del poder.
Mientras el expediente judicial se acumula en miles de fojas, un hombre queda inevitablemente señalado: Adán Augusto López. La figura que lo sostuvo en el cargo, que lo defendió en la tribuna y que ahora, en el Senado, parece caminar en pasillos cada vez más solitarios.
No es casual que, en paralelo al derrumbe de La Barredora, la herencia política de Adán se encuentre bajo revisión. En las reuniones privadas de Morena, los operadores que antes lo rodeaban comienzan a tomar distancia. Las fotografías recientes muestran lo que los testimonios confirman: el aislamiento político se convirtió en la nueva marca de un hombre que alguna vez aspiró a suceder al fundador de la 4T.
La imagen de Hernán esposado, rodeado de fuerzas extranjeras, es también el espejo de Adán: un poder que se desmorona frente a las cámaras y que ya no encuentra resguardo ni en el partido ni en la plaza pública. El Tabasco Power, aquel bloque de influencia que se creía indestructible, ahora se percibe como un cascarón fracturado.
La caída de Bermúdez es apenas la primera ficha. Lo que viene ya no será la historia de un capo disfrazado de policía, sino la de un sistema entero puesto contra las cuerdas. “Cuando la primera ficha cae, el tablero ya nunca vuelve a ser el mismo.”
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PRÓXIMA ENTREGA: LA PRISIÓN, LOS NEGOCIOS
Y LOS CÓMPLICES QUE AÚN CAMINAN LIBRES
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