La muerte de Rodrigo obliga a revisar cómo operan los retenes

El asesinato de Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante de la UJAT de apenas veinte años, volvió a colocar a Villahermosa frente al espejo de una realidad incómoda: el modelo de seguridad que nació para contener al crimen organizado terminó generando zonas grises donde un ciudadano puede ser confundido con un delincuente con solo acelerar ante un retén. La noche del 14 de noviembre, Rodrigo pasó por un filtro policial en la colonia José María Pino Suárez. A partir de ese instante, la secuencia se convirtió en tragedia.

Los policías lo persiguieron durante varias calles, dispararon antes de que el vehículo se detuviera y, según su padre, lo remataron dentro de la camioneta.

La imagen de la silla vacía colocada sobre “El Licenciado”, su caballo, durante las marchas, quedó como el símbolo más puro del desgarro. El muchacho estudiaba Veterinaria y Zootecnia y trabajaba en el rancho familiar. Tenía, como dicen quienes lo conocieron, “la vida por delante y el campo en la sangre”.

La agresión destapó una conversación que Tabasco ha preferido evitar: los retenes que en teoría fueron instalados para frenar el abigeato, los asaltos y las células delictivas, operan sin protocolos unificados, con policías poco capacitados y ciudadanos que, por temor a no reconocer a los agentes, reaccionan instintivamente. Desde hace meses se multiplican las historias de autos que huyen por miedo, no por culpa.

Nadie imaginó que aquella mezcla terminaría costándole la vida a un muchacho que solo quería regresar a casa. Para su familia, el crimen no fue un error: fue una ejecución. “Me lo acribillaron por la espalda”, dijo su padre. Y esa frase, repetida una y otra vez en la protesta del sábado, resume la profundidad de la herida.

EL ESTADO BAJO SOSPECHA

El homicidio de Rodrigo provocó una marcha que comenzó frente a la Fiscalía y terminó en Palacio de Gobierno, con decenas de cabalgantes acompañando a la familia. Los amigos del joven recordaron que era trabajador, disciplinado, un muchacho centrado.

Pero la multitud que avanzaba no hablaba solo del caso: hablaba del miedo instalado entre quienes deben pasar cada noche por un retén sin saber qué ocurrirá si un policía interpreta un movimiento como una evasión.

El padre de Rodrigo lanzó un reclamo directo que resonó en la explanada de la Plaza de Armas: “No quiero chivos expiatorios”. Señaló que los policías acusados seguían activos y que la ciudadanía debía perder el miedo y aportar testimonios para que el crimen no quedara impune.

“Me quitaron a mi brazo derecho —dijo— y ahora yo tengo que cuidarme de ellos.” Las palabras, cargadas de dolor, retrataron el nivel de desconfianza que enfrenta hoy la autoridad.

El rector de la UJAT, Guillermo Narváez, afirmó que la institución dará acompañamiento a la familia y que, si los padres deciden iniciar acciones legales, la universidad los respaldará.

También subrayó que la tragedia debe servir para “tomar conciencia entre todos”, pues la seguridad, dijo, no es un asunto exclusivo de estudiantes, sino del conjunto de la sociedad que camina en un territorio tenso.

Organizaciones sociales recordaron que en años pasados, casos similares terminaban archivados o envueltos en una narrativa oficial que protegía a la corporación. Esta vez, las voces insistieron en que la única forma de evitar que el caso se diluya es mantener la presión pública y exigir que la Fiscalía avance sin concesiones ni simulaciones. La marcha dejó claro que la ciudadanía ya no está dispuesta a callar.

QUIEBRE INSTITUCIONAL

La Fiscalía General del Estado anunció la detención de cuatro policías estatales acusados de homicidio doloso. El fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros informó que fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión y que este lunes se llevaría a cabo la primera audiencia.

Precisó que la investigación seguirá abierta hasta el total esclarecimiento del caso: una frase que en otros tiempos habría sido formalidad, pero que ahora tiene el peso de una demanda ciudadana.

El secretario de Seguridad, Serafín Tadeo Lascano, aseguró que no habrá impunidad y confirmó que Asuntos Internos abrió un expediente contra los agentes. En un estado donde durante décadas la consigna fue proteger primero a los uniformados y después investigar, su declaración representó un giro importante. “Es parte de la limpia que estamos haciendo”, dijo, consciente de que la confianza pública no se gana con discursos, sino con acciones.

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca colaboró en las detenciones, un hecho inusual si se mira la historia reciente de Tabasco. La coordinación entre fuerzas estatales y judiciales permitió detener a los implicados menos de diez días después del crimen, un ritmo poco común en homicidios donde están involucrados agentes del Estado.

Sin embargo, el caso no puede cerrarse en estas detenciones. La ausencia de protocolos sobre qué hacer cuando un conductor acelera frente a un retén sigue sin resolverse. El homicidio expuso no solo la responsabilidad individual de cuatro policías, sino un vacío estructural que ha permitido que los retenes operen como zonas de interpretación discrecional y riesgo extremo.

Este lunes, la Fiscalía informó un avance clave: un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a los cuatro policías detenidos. En la audiencia inicial, fueron imputados por homicidio calificado en pandilla, y los agentes, asesorados por sus defensores, se reservaron el derecho a declarar y solicitaron la duplicidad del término constitucional.

La continuación de la audiencia fue programada para el viernes 28, fecha en que se definirá su situación jurídica. Con esta medida, el proceso se mueve bajo un mensaje claro: el caso no será archivado ni diluido mientras avanza la investigación.

LO QUE FALTA

El asesinato de Rodrigo obliga a Tabasco a una reflexión mayor. La muerte del joven es también el síntoma de un modelo de seguridad que funciona por inercias y no por reglas. La falta de capacitación en el uso progresivo de la fuerza, la ausencia de identificación clara en retenes nocturnos y la falta de educación ciudadana sobre cómo actuar frente a un punto de revisión crearon un cóctel que tarde o temprano iba a detonar.

La familia insiste en que Rodrigo no habría huido si hubiese sentido certeza de que el retén estaba regulado. Expertos en seguridad consultados han señalado que los retenes sin protocolos unificados son prácticas de alto riesgo porque colocan a policías y ciudadanos en un terreno donde reina la interpretación, no la ley. En ese terreno, un movimiento abrupto puede traducirse en una ráfaga de disparos.

La UJAT, que ha enfrentado la pérdida con seriedad, sabe que su comunidad estudiantil no volverá a ver de la misma manera los operativos policiales. El reclamo por justicia se ha convertido también en un reclamo por garantías mínimas. Las universidades son, en Tabasco, uno de los pocos espacios donde aún es posible construir cultura cívica, y la postura del rector muestra que la institución entiende ese papel.

Si este crimen va a significar algo más que una tragedia, deberá convertirse en el inicio de un rediseño profundo. Protocolos obligatorios, supervisión inmediata, capacitación real, cámaras funcionales, acompañamiento ciudadano y una legislación clara sobre actuación en retenes. Porque de nada sirve un operativo que frena delincuentes si al mismo tiempo puede matar a un muchacho que vuelve del rancho familiar.