Gobernadores May y Nahle acuerdan blindar límites con vigilancia estratégica y prevención social.

Frontera cerrada: el nuevo blindaje Tabasco–Veracruz

VERACRUZ.— El Faro Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz, fue el escenario elegido para un acto que trasciende la foto oficial. A sus pies, donde confluyen historia marítima y memoria de soberanía, los gobernadores Javier May Rodríguez y Rocío Nahle García sellaron un convenio que busca cerrar una herida de años: la frontera porosa entre Tabasco y Veracruz.

Son 84 kilómetros de línea natural, trazados en gran parte por el río Tonalá, que durante décadas se convirtieron en corredor del crimen. Allí donde los límites administrativos se volvían invisibles, florecieron tomas clandestinas, caravanas de migrantes, extorsión, robo de vehículos y tráfico de drogas.

La firma del convenio de coordinación y colaboración para la construcción de la paz pretende, en palabras de May, que “nuestros límites no sean obstáculos, sino oportunidades de cooperación”.

UNA FRONTERA HISTÓRICA Y VULNERABLE

Los municipios de Huimanguillo y Cárdenas, del lado tabasqueño, colindan directamente con Las Choapas y Agua Dulce, del lado veracruzano. Ese cinturón limítrofe es mucho más que un mapa: concentra pasos carreteros estratégicos, como el puente Tonalá de la carretera federal 180, y bocanas que comunican con el Golfo.

En esa franja se han documentado decomisos históricos. Tan solo este año, en Cárdenas y Cunduacán, las autoridades aseguraron millones de litros de combustible ilegal.

Del lado veracruzano, en Coatzacoalcos, se desmanteló una refinería clandestina. Cada hallazgo revela la misma ecuación: los ductos atraviesan estados, pero también lo hacen las bandas que ordeñan la riqueza nacional.

La vulnerabilidad no se limita al huachicol. Las rutas migratorias han hecho del puente Tonalá un filtro obligado: ahí, en diversos operativos, se han rescatado personas traficadas como si fueran mercancía. Los datos no admiten matices: la frontera se volvió laboratorio de delitos transnacionales.

EL NUEVO CORDÓN SANITARIO DEL SURESTE

El acuerdo Tabasco–Veracruz es la segunda pieza de una estrategia mayor. El pasado 11 de agosto, May pactó con Chiapas un frente común. Hoy, con la adhesión veracruzana, se construye un cordón sanitario en el sureste.

Para Nahle, la firma representa continuidad: su gobierno ya había establecido convenios con Oaxaca, Puebla, Chiapas e Hidalgo. Para May, es la confirmación de que el sureste puede dejar de ser disperso y empezar a actuar como bloque.

En lugar de fragmentarse por fronteras políticas, los estados deciden unir fuerzas frente a organizaciones criminales que no reconocen límites.

Lo relevante es que la estrategia no se improvisa. Se inscribe en el Plan Nacional de Construcción de Paz, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuenta con la participación activa de Sedena, Marina, Guardia Nacional, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. No es solo un acuerdo entre mandatarios: es un entramado federal y regional.

SEGURIDAD CON ROSTRO SOCIAL

May introdujo un matiz clave: la seguridad no se trata únicamente de blindajes y patrullajes. “Para lograr una paz duradera hay que atender las causas”, advirtió. Y enumeró programas sociales, obras públicas que generan empleo, inversión en infraestructura y políticas que reactivan la economía local.

La narrativa del tabasqueño coincide con su balance reciente: la Mesa Nacional de Seguridad reconoció a Tabasco por la reducción en homicidios dolosos y robo de vehículos. En el informe presidencial, Sheinbaum destacó el avance de Villahermosa, que dejó el primer lugar nacional en percepción de inseguridad para descender al sitio 13.

Con estos datos de respaldo, el convenio adquiere un piso político sólido: no parte de un fracaso, sino de un inicio de recuperación. El mensaje implícito es que la cooperación regional puede acelerar lo que ya empezó a reflejarse en cifras.


PUNTO POR PUNTO | LO QUE SE ESPERA DEL ACUERDO

  • Patrullajes espejo en la franja Tonalá.
  • Vigilancia de ductos e instalaciones críticas.
  • Intercambio constante de información de inteligencia.
  • Operativos coordinados en carreteras y bocanas.
  • Búsqueda conjunta de desaparecidos.
  • Acciones de prevención social con comunidades ribereñas.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

El pacto firmado en el Faro Carranza contempla capacitación y profesionalización policial, operativos conjuntos, intercambio de inteligencia, búsqueda coordinada de personas y prevención social del delito. Implica vigilar ductos, carreteras, instalaciones y zonas estratégicas, y cerrar el paso a las organizaciones delictivas que encuentran en los límites estatales un espacio de impunidad.

Pero lo que está en juego es más profundo: demostrar que el Estado puede ser más ágil que el crimen, que las fiscalías pueden sostener expedientes y que los juicios no se caigan en tribunales. El reto es llevar el acuerdo al terreno: convoyes coordinados a ambos lados del Tonalá, patrullajes espejo, drones sobre ductos, detenciones que se traduzcan en sentencias.

Firmar es sencillo. Lo difícil es que, en noventa días, los números de tomas clandestinas y delitos fronterizos empiecen a caer.

EL FACTOR POLÍTICO

Más allá de la seguridad, hay una lectura política inevitable. El convenio proyecta a Javier May como un gobernador que teje alianzas regionales, con respaldo federal y resultados locales. A Nahle le permite mostrar liderazgo y reforzar el mensaje de que Veracruz no está solo.

El Faro Venustiano Carranza, que alguna vez marcó el pulso de la soberanía nacional, se convierte ahora en símbolo de un nuevo blindaje interestatal. Lo que antes fue frontera líquida, hoy busca convertirse en frontera política de cooperación.

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