El ministro Alberto Pérez Dayán, cuyo voto rompió el bloque de ocho ministros que buscaban invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial, negó contundentemente haber accionado bajo presiones políticas o influencias externas.
Con su postura, que dio un giro inesperado a la discusión, el ministro subrayó que su voto se alineó únicamente a sus convicciones ya su criterio jurídico. “Me dolería resolver de manera diferente a lo que pienso”, aseguró en entrevista.
Sin embargo, la negación de presiones políticas en un momento de tanta tensión y bajo la mirada pública genera una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto pueden los ministros de la Suprema Corte abstraerse del entorno político que rodea sus decisiones?
UN VOTO DECISIVO Y SU ALCANCE JURÍDICO
La votación del ministro Pérez Dayán vendió un capítulo que pone a la Suprema Corte en el ojo del huracán. La decisión de no invalidar la reforma judicial impulsada por la 4T, que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados, marca un punto de inflexión en el rol de la Corte en México.
El ministro, quien ha defendido consistentemente la “autocontención” de la Corte en temas constitucionales, reiteró su posición histórica de que el máximo tribunal no tiene la facultad de decidir sobre el contenido de la Constitución.
“No imagino una Corte que tenga la atribución de decidir qué lleva la Constitución y qué no lleva”, declaró en la sesión, cerrando así el camino para una revisión que muchos en la oposición política consideraban esencial.
La decisión de Pérez Dayán no fue aislada. De hecho, al alinearse con las tres ministras cercanas al gobierno, evitó que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara lograra los ocho votos necesarios para anular varios puntos críticos de la reforma, incluido el aspecto de la elección por popular.
Al defender su voto, Pérez Dayán se apegó a su criterio de que la Corte no debe usurpar funciones del Congreso ni erigirse como legisladora de último recurso, un argumento que enarboló también en casos anteriores.
LA NEGACIÓN DE PRESIONES Y EL CONTEXTO POLÍTICO
Sin embargo, la postura de Dayán no está exenta de sospechas. En las últimas semanas, la discusión en torno a la reforma judicial y el papel de la Corte se ha vuelto cada vez más cargada políticamente, con el gobierno y la oposición cuestionando la independencia de los ministros.
En este contexto, la aclaración de Pérez Dayán —de que no hay carpeta de investigación en su contra ni ha recibido presiones— resulta significativa, aunque inevitablemente polémica.
La percepción de que el Poder Judicial está bajo escrutinio y presión política es cada vez más evidente, y esto plantea una cuestión esencial: ¿pueden los ministros tomar decisiones sin que la sombra de la influencia política empañe sus votos?
El ministro es consciente de que su voto tendrá implicaciones históricas.
Al respaldar la vigencia de la reforma, y al no aceptar la posibilidad de invalidar cambios constitucionales acciones mediante de inconstitucionalidad, Pérez Dayán mantiene una postura jurídica que preserva la “autonomía del legislador”.
Este enfoque, aunque coherente con sus posturas pasadas, podría fortalecer la narrativa oficial de que el Poder Judicial debe alinearse con una reforma que democrática su estructura y, al mismo tiempo, alimentar las preocupaciones sobre la pérdida de autonomía del máximo tribunal en el contexto de una reforma tan profunda.
UNA CORTE DIVIDIDA ANTE UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL
El debate en torno a la cantidad de votos necesarios para invalidar leyes también se convirtió en un tema central en la discusión. Aunque la Constitución establece que en algunos casos seis votos son suficientes, otros ministros argumentaron que, dado el contexto actual y la integración de la Corte con una vez ministros, el umbral debería permanecer en ocho votos.
Al final, el resultado fue un estrecho seis a cinco a favor de esta última interpretación, reflejando una Corte dividida tanto en sus principios jurídicos como en sus posturas políticas.
La posición de Dayán se convierte en un símbolo de resistencia para aquellos que defienden la autonomía del Poder Judicial y la autocontención de la Corte frente a las reformas constitucionales.
Sin embargo, también plantea un reto al equilibrio de poderes y la percepción de una judicatura independiente en tiempos de cambios estructurales profundos.