A Hernán Bermúdez Requena le decían “El Abuelo”. Durante casi tres décadas fue considerado uno de los operadores más eficaces de los gobiernos en Tabasco, primero como policía de confianza del PRI y luego como funcionario de gabinete con Morena.
Cuando Adán Augusto López lo nombró secretario de Seguridad Pública en 2019, pocos en la cúpula se atrevieron a cuestionar su nombramiento. Hoy, su nombre aparece en una ficha roja de Interpol, con cargos por delincuencia organizada, secuestro y extorsión, y es buscado en más de 190 países.
Pero la caída del “Abuelo” no se detuvo ahí.
Este viernes 25 de julio, las secretarías de Hacienda y Gobernación confirmaron que las cuentas bancarias de Bermúdez Requena, de sus familiares y de las empresas vinculadas a su clan fueron congeladas, como parte de una investigación financiera por presunto lavado de dinero.
La red de apuestas Crown City, notariada por el hoy senador Adán Augusto López, fue arrastrada al ojo del huracán.
Horas antes, en Paraguay, un juez ratificaba el arresto domiciliario de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del prófugo, por operar casinos ilegales bajo el mismo sello: Crown City. Su padre, Humberto Bermúdez —hermano de Hernán—, es dueño de esa marca que desde 2011 se expandió por ocho países, incluyendo México.
Del acta notarial al casino digital: así nació Crown City
En marzo de 2017, en la notaría pública número 27 de Villahermosa, Tabasco, quedó registrada la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., con el folio mercantil 124049 y con la autorización del entonces notario Adán Augusto López Hernández. Lo que parecía una sociedad mercantil ordinaria se convirtió con los años en el corazón de una red de casinos virtuales e inversiones opacas.
Los socios fundadores eran Humberto Bermúdez —hermano del entonces funcionario de seguridad estatal, Hernán Bermúdez— y Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino y futuro administrador de las casas de apuestas Crown City. La escritura original definía un objeto social amplio: “promoción de inversiones y proyectos de entretenimiento”.
Pero años después, se documentaron marcas y dominios como CrownCityBets.mx, CityBets, y el paraguayo crowncityplay.com.py, todos bajo la misma red familiar.
La firma notarial —legal pero hoy políticamente explosiva— se convirtió en el hilo que une la estructura patrimonial, la red de apuestas, y el poder político local, justo cuando Tabasco vivía una transformación institucional bajo Morena.
Expertos consultados señalan que la participación de un notario en el nacimiento de una empresa no implica complicidad legal en sus actos futuros. Pero el hecho de que el fedatario fuera gobernador y secretario de Gobernación después, y que haya sostenido a Hernán Bermúdez como su jefe policiaco, da al caso una dimensión pública inevitable.
La empresa central de esta operación fue creada en la notaría 27 de Villahermosa, donde firmaba López Hernández antes de convertirse en gobernador y luego en titular de Gobernación.
Una ficha roja desató la cacería. Y la cacería derivó en una investigación que, por primera vez, no sólo apunta a los cuerpos armados, sino a las estructuras económicas y políticas que blindaron, nutrieron y formalizaron un imperio.
El clan Bermúdez ha comenzado a colapsar, pero la historia de su ascenso está escrita con firmas notariales, contratos públicos, relaciones familiares, cuentas en el extranjero y silencios institucionales que ya no se pueden sostener.
CROWN CITY, LA CASA DEL AZAR POLÍTICO
La historia oficial dirá que Crown City era una marca de apuestas. Pero la historia verdadera está escrita en actas notariales, registros de dominios web, denuncias fiscales y una genealogía empresarial que une a policías, empresarios, políticos y presuntos delincuentes.
La matriz de todo es Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., constituida en 2017 en la notaría 27 de Villahermosa. El notario: Adán Augusto López Hernández, entonces político en ascenso, futuro gobernador y hoy senador.
La empresa tiene como socios a Humberto Bermúdez (hermano de Hernán) y su hijo Gerardo Bermúdez Arreola, arrestado este año en Paraguay por operar casinos sin licencia.
La familia controlaba, además, las marcas Royalty Casino, CityBets y Crown City Premium Corporativo, todas conectadas por la misma red de servidores, permisos y testaferros.
Según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las compañías de la familia movieron recursos de forma irregular a través de cuentas nacionales e internacionales, en un esquema que hoy se investiga como simulación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En México, el sistema toleró durante años el funcionamiento de estas casas de apuestas, gracias a un permiso otorgado por la SEGOB en 2018, justo cuando el clan estaba más protegido: uno de sus integrantes al frente de la seguridad estatal y otro firmando actas de constitución. El blindaje era perfecto.
Crown City no fue sólo un negocio. Fue la fachada de una estructura financiera y familiar construida bajo la sombra del poder.
Pero Crown City no era el único sello bajo la sombra del poder. En octubre de 2022, ya con Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación, la empresa PUR UMAZAL TOV —relacionada con Humberto Bermúdez, hermano de Hernán— recibió la renovación oficial de permisos para operar casas de apuestas.
La resolución extendía la vigencia de sus operaciones hasta 2039, justo cuando la red comenzaba a expandirse internacionalmente. La firma ya había sido constituida desde 2017, durante el paso de López Hernández por la notaría 27 de Villahermosa.
EL BLINDAJE SE ROMPE
Durante años, el clan Bermúdez operó bajo un manto de protección institucional, con un pie en las corporaciones de seguridad y otro en los negocios de apuestas. Pero el sistema que los sostuvo también los traicionó.
La ruptura comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando se libró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, entonces ya fuera del país. Lo siguieron sus cómplices criminales, según confirmó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30a Zona Militar.
En cuestión de días, el Ejército reveló lo que muchos sabían pero nadie decía: el jefe de la policía en Tabasco había sido también el “Comandante H”, líder de La Barredora.
A partir de entonces, todo fue en picada.
En julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Hernán, su hermano Humberto y su sobrino Gerardo, así como de las empresas vinculadas a Crown City.
La SEGOB suspendió los permisos de operación de las casas de apuestas asociadas al clan. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores activó un cerco sobre sus movimientos financieros. El blindaje político había cedido ante una ofensiva institucional sin precedente.
De la escritura notarial firmada por Adán Augusto López a los reportes de operaciones inusuales en la CNBV, todo fue documentado. Y todo apuntaba a lo mismo: una estructura de poder que mezcló política, apuestas, lavado y crimen. Para entonces, ya no importaban las defensas. La red comenzaba a caer por su propio peso.
El sistema que los sostuvo también los protegió. Mientras Hernán Bermúdez seguía al frente de la SSP, y su hermano Humberto expandía marcas como CityBets, la SEGOB —entonces bajo el mando de López Hernández— renovó en octubre de 2022 los permisos de otra firma familiar: PUR UMAZAL TOV.
La conexión familiar, notarial y política quedó trazada con tinta oficial. Pero ni el permiso con vigencia hasta 2039 impidió lo que vendría.
LA RUTA FAMILIAR DEL DINERO
Primero fue una nota menor en un diario paraguayo. Luego, una decisión judicial: Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exjefe policiaco tabasqueño, fue sometido a arresto domiciliario en junio de 2025, acusado de explotar apuestas ilegales a través de seis locales físicos y plataformas en línea. Un asunto, se dijo, meramente administrativo.
Pero la historia no paró ahí.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) conectó los puntos con precisión quirúrgica: la empresa Montego Trading S.A., que administraba el sitio paraguayo crowncityplay.com.py, estaba ligada no solo a Gerardo, sino a su padre Humberto Bermúdez, y a su tío prófugo, Hernán Bermúdez Requena.
Lo que parecía un arresto por violación a la ley de juegos de azar se convirtió en una pista internacional sobre la red patrimonial de un clan policiaco-empresarial con raíces en Tabasco. La empresa matriz, Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, había sido fundada en 2017 con instrumentación notarial del entonces fedatario público y hoy senador morenista Adán Augusto López Hernández.
Así se reveló el esqueleto corporativo de la red de apuestas Crown City:
- En México, operaban las casas virtuales CrownCityBets.mx y CityBets bajo la razón social Controladora del Sureste.
- En Paraguay, replicaron el modelo con Montego Trading, sin autorización oficial.
- Y en Tabasco, el modelo fue cubierto por años con un blindaje político y policial, hasta que la fuga del “Comandante H” reventó la fachada.
El gobierno paraguayo intentó deslindarse: “la detención del sobrino no guarda relación con la ficha roja de Interpol”, dijeron. Pero el contexto los contradice. El arresto se ordenó en abril; la captura fue en junio; y el congelamiento de cuentas en México llegó en julio, con la UIF, la CNBV y la Secretaría de Gobernación en acción coordinada.
Mientras en Paraguay la justicia detenía a Gerardo por operar Crown City sin permisos, en México la SEGOB ampliaba formalmente los permisos de otra empresa del clan: PUR UMAZAL TOV, vinculada a su padre, Humberto Bermúdez.
La firma había sido constituida desde el entorno familiar y notarial en Tabasco, y refrendada por la Secretaría de Gobernación en 2022, ya bajo control del propio Adán Augusto.
Nadie quiere decirlo, pero todo apunta a lo mismo: el clan Bermúdez usó su estructura policial para blindarse, su poder notarial para legalizarse, y su red familiar para internacionalizar sus negocios.
El castillo de apuestas empezaba a caer.
El blindaje notarial y la política del olvido
Todo está escrito. En papel membretado, con sello y firma. La empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V. —matriz de la red de apuestas digitales— fue constituida en 2017, en una notaría pública de Villahermosa. El fedatario responsable: Adán Augusto López Hernández.
Entonces era un político en ascenso, más recordado por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador que por su trabajo en la función notarial. Pero su firma aparece con claridad en el acta constitutiva de la sociedad que, años después, terminaría relacionada con un exsecretario de Seguridad prófugo, un sobrino arrestado y una red de apuestas con sedes en dos países.
¿QUÉ SABÍA ADÁN? ¿QUÉ NO QUISO SABER?
Hasta ahora, el senador ha guardado silencio sobre los negocios del clan Bermúdez. Solo ha dicho —sin pruebas— que jamás tuvo sospechas sobre Hernán. Pero hay documentos, fechas y coincidencias demasiado precisas como para dejarlas pasar como una simple coincidencia.
Porque la notaría es apenas una pieza del blindaje. La otra fue el poder político.
Durante su mandato, Adán Augusto nombró a Hernán Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad Pública, pese a los antecedentes, a los señalamientos periodísticos, y a las advertencias contenidas incluso en los informes de inteligencia filtrados por Guacamaya Leaks. Luego, su sustituto, Carlos Merino, lo sostuvo en el cargo.
El círculo se cerró con un silencio institucional que duró cinco años.
Cuando en octubre de 2022, la prensa preguntó al presidente López Obrador sobre los vínculos criminales del entonces secretario de Seguridad, respondió con una defensa cerrada: “Adán es un hombre honesto”. No mencionó a Bermúdez. No negó el vínculo.
Hoy, ese pacto de silencio se deshace entre papeles notariales, órdenes de aprehensión, fichas rojas y cuentas congeladas.
El senador de Morena sigue sin hablar.
Pero las firmas, los permisos y los negocios que autorizó como notario —y los nombramientos que realizó como gobernador— sí hablan por él.
LA CAÍDA DEL HEREDERO
Hasta hace poco, Gerardo Bermúdez Arreola —sobrino de Hernán y administrador de Crown City— recorría libremente Asunción, operando apuestas ilegales en seis locales físicos y una plataforma digital con dominio .com.py.
Su caída fue tan aparatosa como simbólica: el hijo del socio, el sobrino del jefe, el operador del nuevo negocio familiar terminó con arresto domiciliario, bajo cargos de violación a la ley de juegos de azar en Paraguay.
La detención no fue casual. Tampoco aislada.
A diferencia de la narrativa oficial que intentó desligar su caso del de su tío prófugo, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) echó abajo el muro de negación.
Gerardo Bermúdez no era un joven empresario extraviado: era el administrador de un negocio multinacional de apuestas presuntamente ilícitas que, en su estructura original, incluía a su padre Humberto Bermúdez y estaba formalmente constituido por Adán Augusto López como notario en 2017.
El expediente paraguayo contra Gerardo Bermúdez —liderado por el fiscal Marcelo Saldívar— señala que el ahora imputado formó parte de Montego Trading S.A., empresa que explotaba apuestas deportivas en línea sin autorización legal.
Uno de los dominios registrados: crowncityplay.com.py.
A mediados de junio de 2025, un juez paraguayo confirmó el arresto domiciliario de Bermúdez Arreola. La medida no sólo congeló su libertad de movimiento: puso bajo escrutinio internacional a toda la estructura empresarial de la familia Bermúdez.
En México, el cerco también se cierra.
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el bloqueo de cuentas bancarias de Gerardo, Humberto y Hernán Bermúdez, así como de las empresas relacionadas con el conglomerado Crown City. También se suspendieron los permisos de operación de apuestas otorgados por la Segob en 2018, bajo el argumento de movimientos financieros inusuales y esquemas de simulación fiscal.
Ya no se trata solo de un prófugo. Ni de una red criminal. Se trata de una red de negocios que cruzó fronteras y de un apellido que hoy es investigado por dos fiscalías, dos gobiernos y más de 190 países.
EL SILENCIO DE ADÁN Y LA PRUEBA NOTARIAL
En el fondo de este caso hay un documento que arde: la escritura de una empresa de apuestas firmada por un notario de Tabasco que luego fue gobernador, secretario de Gobernación y hoy senador: Adán Augusto López Hernández.
Se trata de la escritura pública de la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, S.A. de C.V., fechada en 2017, protocolizada por el notario Adán Augusto, y cuyos socios principales son Hernán, Humberto y Gerardo Bermúdez. Esa razón social está vinculada con Crown City, Royalty Casino y CityBets, marcas que hoy son investigadas por lavado de dinero, apuestas ilegales y presunto financiamiento delictivo.
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¿Qué significa una firma notarial en este contexto? Formalmente, nada. Legalmente, es sólo una validación documental. Pero políticamente es una bomba.
En medio del escándalo, Adán guarda silencio.
Ni en sus redes ni en tribuna ha respondido a las preguntas que surgen del vínculo notarial. Tampoco ha condenado el modelo de impunidad que permitió que un policía —identificado por el Ejército como líder criminal— escalara al gabinete estatal y terminara dirigiendo una red de apuestas con su familia.
Porque Adán no solo firmó el acta de constitución de Controladora del Sureste. Ya como secretario de Gobernación, su dependencia otorgó la renovación de permisos a otra empresa de la familia Bermúdez: PUR UMAZAL TOV, ligada directamente a Humberto.
La misma mano que dio fe como notario, extendió licencias oficiales desde el gabinete federal.
El blindaje, entonces, no fue solo simbólico. Fue legal, notarial, administrativo. Y por eso, hoy, el silencio pesa más.
En la Comisión Permanente del Congreso, su bancada impidió que se discutiera el tema. En la opinión pública, se le ve paseando por el pleno del Senado mientras la UIF congela las cuentas de su exsecretario y de la empresa que él, como notario, ayudó a constituir.
¿Hasta dónde puede llegar la omisión sin ser complicidad?
Esa es la pregunta que se instala en el centro del reportaje.
Una pregunta que incomoda a Morena, inquieta a Palacio Nacional y coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a una decisión institucional y moral: defender el Estado de derecho o proteger a la vieja guardia.
Porque esta vez, como pocas, la corrupción no se disfraza de expediente viejo.
Tiene una escritura notarial. Un casino. Y un apellido.
La expansión silenciosa de Crown City en América Latina
La red de casinos vinculada al clan Bermúdez no fue un fenómeno local, ni una operación improvisada. De acuerdo con información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y reportes de inteligencia financiera, la marca Crown City expandió sus operaciones entre 2017 y 2024 a por lo menos ocho países: México, Paraguay, Colombia, Panamá, Perú, Guatemala, Bolivia y El Salvador.
En la mayoría de los casos, la operación se daba a través de dominios digitales, marcas espejo como CityBets o Royalty Casino, y franquicias camufladas como “centros de entretenimiento”. El esquema incluía locales físicos en zonas periféricas, y plataformas web registradas fuera del país de operación, muchas veces en paraísos fiscales.
Una empresa central fue Montego Trading S.A., registrada en Paraguay y señalada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por explotar apuestas sin autorización. Su administrador: Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario de Seguridad tabasqueño.
La expansión coincidió con el periodo en que Hernán Bermúdez ocupó cargos estratégicos en la SSP de Tabasco y su hermano Humberto diversificaba operaciones bajo distintos nombres comerciales. Adán Augusto López, como notario, firmó el acta constitutiva de la matriz en 2017.
Hoy, al menos tres fiscalías (México, Paraguay y Colombia) investigan las posibles conexiones entre estas operaciones y una red de lavado de dinero regional.
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