En política pública, los gestos cuentan poco si no se traducen en mecanismos operativos. Bajo esa lógica —más administrativa que discursiva— la alcaldesa Yolanda Osuna Huerta firmó este lunes los convenios de colaboración Derecho a la justicia en Centro con la Barra y Colegio de Abogados de Tabasco y el Consejo de la Abogacía del Estado.
El acuerdo busca cerrar la brecha entre la denuncia y el acompañamiento legal efectivo para mujeres en situación de vulnerabilidad, uno de los tramos más frágiles del acceso real a la justicia.
La escena, en el Salón Villahermosa del Palacio Municipal, reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, colegios profesionales y organismos de derechos humanos. Sin embargo, el dato relevante no estuvo en la amplitud de la convocatoria, sino en el alcance práctico del convenio.
El eje central es la posibilidad de canalizar casos penales de alta complejidad hacia una representación legal especializada, confidencial y con acompañamiento institucional, particularmente para mujeres atendidas por la Dirección de Atención a las Mujeres (DAM) del Ayuntamiento de Centro.
En Centro, la justicia y la equidad son pilares de un municipio más seguro, igualitario y próspero. Hoy firmamos convenios de coordinación con el Consejo de la Abogacía del Estado de Tabasco y con la Barra y Colegio de Abogados de Tabasco, un marco estratégico que permitirá… pic.twitter.com/rBQtsgyRRX
— Yolanda Osuna Huerta (@YolandaOsunaH) January 19, 2026
JUSTICIA APLICADA
Osuna Huerta planteó el acuerdo como una extensión de una idea central de su administración: que la justicia no se agota en la norma, sino en su capacidad de operar en la vida cotidiana. “Cuando una mujer enfrenta violencia, el respaldo institucional no puede ser abstracto”, sostuvo.
Explicó que el convenio crea un puente formal entre el gobierno municipal y los gremios de abogados para evitar que los expedientes se diluyan en trámites, se estanquen o queden sin una defensa técnica adecuada.
El mensaje fue acompañado por Jorge Bracamonte Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y por Claudia Magaña Lugo, quienes coincidieron en que el reto no es únicamente normativo, sino de ejecución.
En ese sentido, el convenio contempla también programas de capacitación y actualización para personal municipal, una señal de que la estrategia busca fortalecer toda la cadena de respuesta institucional y no limitarse a la atención de casos extremos.
UN COMPROMISO MORAL
Desde la óptica de los colegios profesionales, Víctor Hugo Reyes Vidal calificó el acuerdo como un compromiso moral y social más que un trámite administrativo, mientras que Jorge Guadalupe Jiménez López destacó la apertura del Ayuntamiento para construir alianzas con impacto medible.
El énfasis político del acto fue claro: en un contexto donde la violencia de género suele quedar atrapada entre la denuncia y la impunidad, el Ayuntamiento apuesta por institucionalizar la defensa y reducir la discrecionalidad.
Sin estridencias, el convenio coloca a Centro en una ruta donde la igualdad y la protección jurídica dejan de ser discurso y comienzan a operar como ejes formales del gobierno municipal.
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