CDMX.— Las cifras son claras y su interpretación, ineludible: las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos han caído 88.27% entre febrero y mayo de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.
El endurecimiento de la política migratoria bajo el nuevo mandato de Donald Trump no sólo ha reconfigurado la dinámica en los cruces fronterizos, sino que también está alterando los flujos, las rutas y las capacidades de respuesta en los países de origen y tránsito, como México.
Lo notorio no es únicamente el descenso cuantitativo, sino la velocidad con la que se ha logrado. En apenas cuatro meses, se pasó de 991 mil 429 detenciones en 2024 a 116 mil 358 este año.
La política de Trump, lejos de basarse únicamente en discurso, se apoya en una maquinaria legal y operativa que ahora, además, cuenta con acuerdos bilaterales de contención, como el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur, promovido por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
CAMBIO ESTRUCTURAL
Trump ha regresado a la Casa Blanca con un mandato claro: frenar la migración irregular. Las acciones no se han limitado a reforzar el muro o aumentar redadas, sino que incluyen operativos internos, vigilancia tecnológica y presión diplomática a países vecinos. El resultado es una contención casi total del flujo irregular.
Pero no sólo se trata de frenar el paso. La Casa Blanca ha optado por desincentivar desde la raíz: elevar el costo del intento. Así, más migrantes quedan varados en territorio mexicano o renuncian antes de salir. Esta política de “disuasión activa” reduce los cruces, pero incrementa la presión en zonas de tránsito y acogida.
La presidenta mexicana ha adoptado una postura pragmática. Sin confrontar a su contraparte estadounidense, ha reforzado los controles internos y activado los canales de protección consular. En ese equilibrio, se juega una parte importante de la estabilidad en la frontera sur.
IMPACTO REGIONAL
Aunque el foco está en la línea divisoria norte, el reflujo llega hasta el sur. Los estados del sureste mexicano, como Tabasco, que históricamente han funcionado como corredores migratorios, ahora enfrentan una permanencia más prolongada de migrantes en tránsito o deportados. No hay colapso, pero sí mayor exigencia.
Los albergues comunitarios, sostenidos con voluntariado y sin respaldo presupuestal suficiente, están comenzando a operar a su máxima capacidad. La presencia extendida de migrantes en municipios como Tenosique o Balancán modifica la dinámica social y obliga a las autoridades a responder de forma más coordinada.
En paralelo, el flujo de mexicanos deportados también ha crecido. De los 116 mil migrantes detenidos de febrero a mayo, al menos 38 mil 850 eran mexicanos. Muchos regresan sin redes familiares, sin alternativas laborales y sin haber pasado años en territorio nacional.
RESPUESTA CONSULAR Y MENSAJE POLÍTICO
Ante las redadas internas en Estados Unidos, el gobierno mexicano ha reforzado su estrategia de defensa consular. Campañas como la protagonizada por el actor Demián Bichir, en coordinación con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), ofrecen información clave para la comunidad migrante: derecho a permanecer en silencio, solicitar abogado, contactar al consulado y no firmar documentos sin comprender su contenido.
La estrategia, aunque limitada en recursos, es clara en su mensaje: los migrantes tienen derechos, independientemente de su estatus. En un contexto donde la deportación se ejecuta con velocidad, esta orientación puede ser la diferencia entre la expulsión inmediata y una defensa legal adecuada.
¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO?
La caída en las detenciones no es una victoria humanitaria, sino una muestra del endurecimiento del aparato migratorio. México, particularmente en su franja sur, tendrá que decidir si se limita a contener o si da un paso hacia políticas de acogida, integración y protección más estructuradas.
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El fenómeno migratorio no desaparecerá. Lo que cambia es su forma, su ruta y su impacto. Frente a ello, México necesita transitar de una lógica reactiva a una lógica preventiva y de derechos.
La colaboración con Estados Unidos puede seguir, pero también debe ampliarse el enfoque. Más que una estrategia de contención, el país requiere una política migratoria propia, pensada desde la región, no desde la frontera.
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