La retención del presidente municipal de Aldama, Chiapas, Alonso Pérez Sántiz, por habitantes de la comunidad de Chayomté, no es solo un acto de protesta; es la consecuencia directa de un liderazgo percibido como incapaz de cumplir con sus promesas.
En un entorno donde el gobierno local debe responder a las necesidades más urgentes de la población, la comunidad ha decidido tomar cartas en el asunto, exigiendo 1.5 millones de pesos a cambio de su liberación. El descontento se centra en la falta de pagos para obras públicas, un problema recurrente en muchas regiones marginadas de Chiapas.
En un video difundido en redes sociales, se ve a Pérez Sántiz atado en una cancha de basquetbol, vestido con ropa tradicional femenina. Este gesto, que puede parecer una humillación pública, es en realidad un reflejo de la aplicación de usos y costumbres como medida de presión. El pueblo de Chayomté lo ha castigado simbólicamente por lo que consideran un incumplimiento de sus deberes como alcalde.
CASTIGO POLÍTICO ANTE FALTA DE RESULTADOS
Este evento subraya el hartazgo de la población frente a un sistema político que, en muchos casos, deja a las comunidades en el abandono. En Aldama, la falta de infraestructuras básicas como caminos y servicios públicos ha sido una constante fuente de frustración. Pérez Sántiz, quien asumió el cargo tras su esposa, Angelina Díaz Méndez, no ha podido responder a las demandas del pueblo, lo que ha derivado en una acción radical: la retención del alcalde hasta que se cumplan las exigencias económicas.
Cabe destacar que tanto Pérez Sántiz como su esposa han sido acusados de desvío de recursos públicos, específicamente 13 millones de pesos destinados a la construcción de caminos. Esta situación ha puesto a prueba la capacidad del alcalde para mantener el control y la confianza de su comunidad.
EL DESAFÍO DE USOS Y COSTUMBRES
El hecho de que Pérez Sántiz haya sido retenido no solo refleja una crisis local, sino también el desafío de gobernar bajo sistemas de usos y costumbres en comunidades indígenas de Chiapas. Estos sistemas, reconocidos legalmente, pueden convertirse en una forma de justicia local cuando los mecanismos institucionales no funcionan de manera efectiva. En este caso, el pueblo de Chayomté ha optado por presionar directamente a su alcalde, obligándolo a enfrentar las consecuencias de su gestión fallida.
Hasta ahora, las autoridades estatales no han intervenido para liberar al alcalde, mientras el conflicto sigue escalando. Lo que está en juego no es solo la liberación de Pérez Sántiz, sino la confianza de las comunidades en sus autoridades locales y en la capacidad del Estado para atender sus demandas.