La decisión del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, de proponer la eliminación de los órganos autónomos estatales, como el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), no es solo un movimiento político; es una declaración de prioridades.
Al desmontar estructuras que han sido percibidas como simulación burocrática , puede buscar liberar recursos que, según su visión, deben beneficiar directamente a la sociedad.
IDEALES ATRAPADOS EN LA BUROCRACIA
El ITAIP y la SESEA nacieron bajo promesas de garantizar la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Sin embargo, sus resultados han sido cuestionables. En la práctica, el ITAIP, con un presupuesto de 34 millones de pesos anuales, se ha limitado a administrar procedimientos administrativos sin generar un impacto real en la cultura de transparencia en Tabasco.
Por su parte, la SESEA, con un costo anual de 24 millones de pesos, ha sido criticada por operar más como un órgano testimonial que como un actor efectivo en la lucha contra la corrupción.
El argumento del gobernador es claro: la transparencia y la anticorrupción no se garantizan con instituciones costosas que simulan operar en beneficio del pueblo, sino con una gestión gubernamental directa y visible.
En un estado donde el 90% del presupuesto se destina a gasto corriente, la existencia de estos organismos parece más un lujo político que una necesidad funcional.
FIN DE BUROCRACIA DORADA COMO FIN EN SÍ MISMO
Más allá de la eliminación de estos órganos, la decisión de May es un golpe a la cultura de la simulación burocrática dorada que ha caracterizado a la administración pública en muchos estados del país. Tabasco no es una excepción: un gobierno obeso, lleno de rentas multimillonarias de edificios y cargos redundantes, deja poco margen para gobernar en el sentido estricto del término.
Estamos decididos a hacer de nuestra tierra un lugar próspero, con mejores oportunidades y atractivo en inversiones. Hoy en nuestra conferencia informamos que nuestro Gobierno destinará 3 mil mdp en infraestructura en 2025 para empezar a sacar del abandono a las localidades, y… pic.twitter.com/x8hUO7ZVxO
— JAVIER MAY (@TabascoJavier) December 4, 2024
La eliminación de estos órganos no implica que las funciones de transparencia y anticorrupción desaparezcan, sino que sean absorbidas por otras estructuras gubernamentales, reduciendo la duplicidad administrativa. El mensaje es contundente: el aparato estatal debe ser funcional, no ornamental.
DE LA SIMULACIÓN A LA ACCIÓN
El plan de mayo no es un ajuste técnico, es una redefinición de prioridades. Con los recursos liberados, el gobierno busca financiar tres áreas clave:
- Programas sociales para combatir la pobreza: Apoyos al campo ya los sectores más vulnerables.
- Infraestructura escolar: Mejoras urgentes en un sistema educativo estatal que enfrenta rezagos históricos.
- Obras estratégicas como las escolleras del puerto de Frontera: Proyectos que no solo generan empleos, sino que reactivan sectores económicos como el comercio marítimo.
UN CAMBIO DE PARADIGMA O UNA APUESTA ARRIESGADA
La apuesta de May Rodríguez tiene un trasfondo político. Al desmantelar estructuras autónomas y reasignar recursos, el gobernador no solo consolida el control sobre las funciones clave del estado, sino que también redefine cómo deben medirse los resultados gubernamentales: no por la cantidad de instituciones, sino por el impacto tangible en la vida de los ciudadanos.
Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de que los recursos realmente lleguen a quienes más los necesitan. Si la eliminación de los órganos autónomos no se traduce en beneficios visibles, la medida será percibida como un golpe a la democracia y un retroceso en el ejercicio ciudadano de la transparencia.
LA NUEVA DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS
- ORGANISMOS ELIMINADOS:
- ITAIP: Costo anual de 34 millones de pesos, destinado a garantizar el acceso a la información.
- SESEA: Costo anual de 24 millones de pesos, enfocado en coordinar esfuerzos anticorrupción.
- RECURSOS LIBERADOS:
- Más de 58 millones de pesos anuales.
- Destinos prioritarios:
- Programas sociales: Apoyo al campo y combate a la pobreza.
- Infraestructura educativa: Modernización de escuelas.
- Obras estratégicas: Escolleras del puerto de Frontera.
LA REFLEXIÓN FINAL: RECONSTRUIR DESDE LA BASE
El anuncio de May Rodríguez no es solo una reingeniería administrativa; es un intento por devolver el protagonismo al ejercicio gubernamental como un acto práctico, no simbólico. En un estado con recursos limitados, el discurso de eficiencia y priorización debe convertirse en acción concreta.
El reto es enorme: demostrar que el desmantelamiento de la burocracia puede traducirse en un gobierno más ágil, más cercano y más útil para los tabasqueños.
En un panorama donde las instituciones muchas veces se convierten en un fin en sí mismas, el movimiento de Tabasco podría marcar un precedente. Pero como en toda transformación, la clave estará en los resultados.
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