CDMX.— Una gasolina comprada en cualquier estación puede esconder algo más que su precio. Detrás de su distribución operó un negocio capaz de dejar al gobierno sin 61 mil millones de pesos en impuestos. El combustible circuló; buena parte del dinero que debía llegar a Hacienda, no.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este miércoles 21 de octubre la magnitud del huachicol fiscal. Durante 2025, las autoridades detectaron irregularidades relacionadas con 8 mil 824 millones de litros de combustible. La dimensión del problema revela que el contrabando no terminaba en las aduanas: atravesaba prácticamente toda la cadena comercial.
Sin embargo, el gobierno también reportó una recuperación en sus registros tributarios. Hasta septiembre de 2026, el IEPS contabilizó 48 mil millones de pesos adicionales respecto de 2025. La cifra muestra avances administrativos, aunque no acredita por sí sola que todo ese dinero corresponda a impuestos evadidos y efectivamente recuperados.
El negocio estaba en los intermediarios
El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, presentó las cifras más reveladoras. Los comercializadores registraron diferencias entre compras y ventas por 6 mil 352 millones de litros. Ese desbalance equivale a 44 mil 468 millones de pesos en irregularidades fiscales estimadas.
En las estaciones de servicio aparecieron otros 1,199 millones de litros sin correspondencia contable. Su impacto ascendió a 8 mil 395 millones de pesos. Las importaciones sumaron 645 millones de litros y 4 mil 517 millones adicionales.
Estas diferencias dibujan un problema estructural. El combustible podía ingresar, cambiar de propietario, almacenarse y venderse mientras sus registros fiscales dejaban inconsistencias. Por ello, el control aduanero resultaba insuficiente sin vigilancia sobre intermediarios y expendios.
EL BOQUETE FISCAL
Los comercializadores concentran las mayores diferencias detectadas entre compras y ventas de combustibles.
Irregularidades asociadas a 8,824 millones de litros de combustible.
Miles de empresas bajo sospecha
El endurecimiento de la vigilancia produjo una depuración considerable. Las autoridades cancelaron operaciones de 2 mil 224 empresas que comercializaban combustible sin autorización. Además, impusieron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras.
También eliminaron del padrón a 180 importadoras y detectaron 175 empresas señaladas como factureras. No obstante, una sanción administrativa no representa automáticamente una sentencia penal. Determinar quién organizó las operaciones y quién permitió su funcionamiento sigue siendo decisivo.
Sheinbaum planteó incluso modificar la regulación para disminuir la participación de intermediarios. Su argumento apunta al segmento donde las autoridades encontraron mayores irregularidades: comercializadores cuya intervención agrega operaciones difíciles de rastrear.
“El objetivo, incluso, es cambiar la ley para disminuir la participación de los comercializadores, que, en realidad, no le vemos mucho sentido a que participen”.
La presidenta sostuvo que las operaciones podrían vincular directamente a importadores, transportistas y compradores autorizados. El propósito sería reducir oportunidades de simulación comercial, aunque también exigiría controles más rigurosos sobre los participantes restantes.
CERCO EMPRESARIAL
El gobierno retiró permisos, sancionó gasolineras y detectó compañías presuntamente vinculadas al fraude.
Multas aplicadas a estaciones de servicio.
Gasolineras que recibieron sanciones.
Empresas retiradas del padrón de importadores.
Empresas identificadas como presuntas factureras.
La investigación alcanza a la Marina
El expediente más delicado surgió del buque asegurado en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025. La investigación acumula 15 detenidos, incluidos 11 integrantes de la Marina y cuatro civiles. Hay 17 órdenes de aprehensión pendientes y tres solicitudes de extradición presentadas a Estados Unidos.
Sheinbaum confirmó el alcance internacional del caso: “Hay 17 órdenes de aprehensión pendientes de este mismo caso (…) de las cuales tres corresponden a peticiones de extradición formales que ya hizo México a los Estados Unidos”.
Las pesquisas abarcan embarcaciones, ferrotanques, instalaciones de almacenamiento y pipas. Esa amplitud exhibe la complejidad del circuito investigado. También plantea una pregunta incómoda: cómo pudieron operar estas maniobras sin que los controles institucionales detectaran oportunamente sus inconsistencias.
Recuperar impuestos no significa desmantelar redes
La administración federal reportó 152 casos promovidos por el SAT y 127 por presunta defraudación fiscal ante las autoridades correspondientes. La Comisión Nacional de Energía presentó 150 expedientes por inconsistencias volumétricas. Pemex, por su parte, registró 10 mil 674 casos relacionados con robo de combustible.
Esas cifras corresponden a procedimientos de distinta naturaleza. No representan personas condenadas ni deben sumarse como si fueran una sola investigación.
RUTA JUDICIAL
El caso Altamira vincula contrabando marítimo, personal naval y cooperación judicial internacional.
Órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Solicitudes de extradición presentadas a Estados Unidos.
El gobierno también informó que las ventas de Pemex crecieron 160 mil 589 millones de pesos entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo anterior. El dato coincide con mayores registros fiscales, pero no demuestra por sí mismo una relación causal exclusiva con los operativos.
El desafío será acreditar cuánto se dejó de evadir, cuánto ingresó efectivamente a Hacienda y quiénes fueron responsables. Porque recuperar impuestos corrige una parte del daño; impedir que la misma estructura vuelva a operar exige algo más que multas.
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