Sarah Khalifa, la presentadora estrella de Egipto condenada a muerte por narcotráfico

EL CAIRO.— Un tribunal penal de El Cairo condenó el sábado a la horca a la presentadora de televisión Sarah Khalifa, de 39 años, y a su hermano Mohamed, junto con otros diez acusados, por fundar y dirigir una organización dedicada a la fabricación y el tráfico de drogas sintéticas.

El fallo, dictado tras consultar al Gran Muftí de Egipto (trámite obligatorio en los casos de pena capital), también impuso cadena perpetua a nueve coacusados y absolvió a otros siete, en una causa que involucró a 28 personas. La fiscalía documentó la incautación de más de 750 kilogramos de narcóticos sintéticos en un inmueble residencial convertido en laboratorio clandestino.

Khalifa, conductora del programa Mission Impossible en Al-Mehwar TV y dueña de una clínica de estética con más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, negó los cargos y anunció que apelará ante la Corte de Casación. Ya había sido sentenciada antes a cinco años de prisión por secuestro y agresión. La combinación de fama mediática y pena capital multiplicó el alcance del caso más allá de Egipto: no es solo una condena judicial, sino una exhibición de poder estatal ante una sociedad y una comunidad internacional que observan de cerca los límites del sistema de justicia egipcio.

El expediente llega cuando el gobierno de Abdelfatah al Sisi necesita proyectar control interno mientras enfrenta presiones económicas persistentes, entre ellas los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y una inflación que erosiona el respaldo social. Un caso con una figura pública de por medio permite mostrar que ninguna posición social exime de la persecución penal, mensaje que opera hacia adentro y hacia afuera, ante socios preocupados por el narcotráfico en el norte de África.

La pena de muerte, aquí, funciona como lenguaje político: el Estado combina la autoridad religiosa —la consulta al Gran Muftí— con la exposición mediática para construir un relato de mano firme, patrón que revela, más que la eficacia contra las redes de narcotráfico, la centralidad del espectáculo judicial en la gestión del orden público.

El expediente que conecta a El Cairo con la geopolítica de las drogas sintéticas

El caso no puede leerse aislado del fenómeno regional. Según Amnistía Internacional, Egipto dictó 492 sentencias de muerte en 2025, un 35% más que el año anterior, y ejecutó a al menos 23 personas, cifras que ubican a Medio Oriente y el norte de África como el epicentro global de la pena capital. Los delitos de drogas explican buena parte de esas condenas, en una región donde el tráfico de sintéticos —captagón, metanfetaminas y sus precursores— se ha vuelto un problema transnacional con rutas del Golfo Pérsico al Mediterráneo, y Egipto como punto de tránsito y, cada vez más, de producción.

Esa centralidad geográfica coloca a El Cairo en una posición ambigua: reclama reconocimiento como socio de contención frente al narcotráfico, la migración irregular y el terrorismo —condición que utiliza frente a la Unión Europea y Washington—, pero sostiene una de las tasas de pena de muerte más altas del planeta, lo que genera fricciones con organismos de derechos humanos y parlamentos europeos que condicionan parte de la cooperación al debido proceso.

El video en el que Khalifa pide clemencia y niega haber tocado drogas alguna vez alimenta un debate interno sobre la solidez probatoria de estos procesos masivos, donde decenas de acusados enfrentan cargos colectivos con base en testimonios de verificación casi imposible para observadores externos, en un país que además atraviesa un ajuste supervisado por el FMI que ha encarecido la vida cotidiana.

Entre la validación religiosa y la presión de derechos humanos

La consulta previa al Gran Muftí, aunque no vinculante, blinda religiosamente la decisión judicial y la aleja de cualquier lectura de arbitrariedad estatal pura, mecanismo compartido con otros países de mayoría musulmana que aplican la pena capital y que muestra cómo la arquitectura religiosa y la judicial se entrelazan para sostener decisiones de máxima severidad.

Puertas afuera, la sentencia llega mientras la Unión Europea revisa sus acuerdos de cooperación migratoria y de seguridad con El Cairo, negociaciones donde la pena de muerte es un punto de fricción recurrente, aunque rara vez con capacidad de bloquear los acuerdos, dado el peso de Egipto en el control de flujos migratorios hacia Europa y en la frontera con Gaza. Esa asimetría retrata la relación entre Bruselas y El Cairo: una dependencia mutua que prevalece sobre el reclamo de derechos humanos.

La sentencia es apelable ante la Corte de Casación, proceso que en Egipto suele extenderse meses o años y que en casos de alto perfil ha derivado en conmutación de penas. La atención internacional por la notoriedad de Khalifa podría incidir en el escrutinio del proceso, algo que no ocurre con la mayoría de los condenados anónimos que integran las estadísticas de Amnistía Internacional.

El riesgo de fondo trasciende el destino de los doce condenados: si la tendencia al alza en sentencias de muerte se mantiene, Egipto profundizará el contraste entre su narrativa de socio confiable en seguridad regional y su posición como uno de los países con mayor aplicación de la pena capital del mundo, contraste que deberá administrar frente a interlocutores que hoy privilegian la cooperación por encima del reclamo de derechos humanos.