CULIACÁN.— Hay gobernantes que caen por el peso de sus errores y otros que se derrumban por el peso de sus propias palabras. Rubén Rocha Moya perteneció, entre el viernes y el sábado pasados, a esta segunda estirpe: regresó al Palacio de Gobierno de Culiacán con el gesto de quien no debe nada a nadie, y 34 horas después, el mismo hombre que había proclamado su inocencia pedía, por segunda vez en menos de cuatro meses, que el Congreso de Sinaloa lo dejara ir.
El 22 de agosto, el gobernador sinaloense presentó ante la Diputación Permanente del Congreso local una solicitud de licencia temporal “con carácter indefinido”, apenas un día después de haber anunciado en redes sociales que retomaba el cargo tras 112 días de ausencia. La velocidad del giro —de la reivindicación pública a la retirada silenciosa— no fue un capricho. Fue, más bien, la señal de que el terreno bajo sus pies se había vuelto intransitable.
Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo. pic.twitter.com/4QafpoSDPt
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 23, 2026
Una vuelta calculada, una salida obligada
Rocha había regresado el 21 de agosto con un mensaje grabado desde el despacho del Palacio de Gobierno, en el que buscó blindarse políticamente antes de que nadie pudiera cuestionarlo: “Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra”, dijo, y anunció que pensaba concluir su mandato hasta el 31 de octubre de 2027.
Antes de que el sol se pusiera, la maquinaria de Morena y del propio Gobierno federal ya le había retirado el respaldo. La Secretaría de Gobernación calificó el regreso de decisión estrictamente personal; la dirigencia nacional del partido se deslindó; y ni uno solo de los 23 gobernadores de la 4T salió públicamente a defenderlo.
La verdadera sentencia llegó por escrito y sin nombre propio. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en el que advirtió que ningún interés personal puede colocarse por encima del pueblo y la Nación, y denunció la ambición desnuda del poder por el poder. No mencionó a Rocha. No tenía que hacerlo.
El fuero como último refugio
Detrás del boletín institucional hay una explicación más cruda: sin el cargo, Rocha Moya queda expuesto a un proceso que ya no depende de la voluntad de nadie en México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa, junto con otras nueve personas, de conspirar para importar narcóticos desde al menos 2012 y de posesión de armamento vinculado al narcotráfico, cargos que en conjunto contemplan penas de entre 40 años y cadena perpetua. La acusación, identificada como S9 23 Cr. 180, fue certificada el 23 de abril y detonó la primera licencia del gobernador, solicitada el 1 de mayo.
Volver al cargo, sin embargo, no era gratuito: reactivaba el fuero constitucional que lo protege de una detención inmediata. Fue una apuesta de alto riesgo, y duró menos de dos días.
La sombra de Héctor Melecio Cuén
El otro expediente que persigue a Rocha Moya tiene nombre propio: Héctor Melecio Cuén Ojeda, el político sinaloense asesinado el 25 de julio de 2024 en circunstancias que la Fiscalía estatal intentó, en su momento, disfrazar de asalto. Tres días antes del regreso fallido del gobernador, las autoridades detuvieron a Fausto Corrales, colaborador cercano de Cuén y testigo directo de los hechos, en una audiencia de imputación que se realizó en privado el 19 de agosto.
La coincidencia de fechas no es menor. Si Corrales aporta información que involucre a Rocha en la muerte de Cuén, el gobernador enfrentaría un frente judicial abierto en México, independiente de la exigencia de extradición de Washington. Esa posibilidad, más que la lealtad partidista, explica la prisa con la que intentó recuperar el fuero, y la misma prisa con la que decidió abandonarlo apenas comprendió que nadie iba a sostenerlo.
