CDMX.— El domingo 3 de mayo de 2026, más de mil 830 congresistas de Morena eligieron por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta nacional del partido, en el Octavo Congreso Nacional Extraordinario celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México. También designaron a Óscar del Cueto García, exdirector de la Unidad Interinstitucional de la Secretaría del Bienestar, como Secretario de Finanzas.
Montiel relevó a Luisa María Alcalde, quien dejó la dirigencia para asumir la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a partir del 1 de mayo. El congreso se instaló con quorum de gobernadores, senadores, diputados federales y legisladores locales.
Con orgullo asumo la presidencia de @PartidoMorenaMx nacimos en la resistencia y con principios claros: no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo.
— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 3, 2026
Respaldamos el trabajo y la honestidad de nuestra presidenta @Claudiashein, porque representa la defensa de la soberanía… pic.twitter.com/v6qgY6cjAd
Faltó una sola silla: la de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su ausencia fue el contexto no escrito de cada discurso del día.
El relevo llega con el partido en un momento de desgaste interno. La dirigencia de Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán —designado secretario de Organización en septiembre de 2024— creó 71 mil comités seccionales y elevó el padrón a 12.5 millones de militantes, pero perdió casi un millón de votos en Veracruz y Durango en junio de 2025, donde liderazgos locales terminaron compitiendo bajo las siglas del PT y el PVEM. Ambos dirigentes realizaban giras por separado. Al interior del partido, la percepción es unánime: no lograron embonar.

La advertencia que nadie esperaba tan directa
En su primer discurso como presidenta nacional de Morena, Montiel fijó las condiciones para las candidaturas de 2027 sin rodeos.
“Es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en esas prácticas”, dijo ante gobernadores, senadores y diputados reunidos en el recinto. Minutos después precisó el alcance de la advertencia: “Si tienen la certeza de que alguien cometió un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato. La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”.
Con esa declaración, el mecanismo de encuesta —que Morena ha defendido como su principal instrumento de selección democrática— quedó subordinado a un filtro previo de trayectoria. No es un cambio menor. Al interior del partido, la fisura ya es visible: la diputada y exministra Olga Sánchez Cordero respaldó el endurecimiento y pidió ser “muy escrupulosos” para evitar que las postulaciones se definan por compadrazgos.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara fue al extremo opuesto: “El filtro más importante es el pueblo”, sostuvo, y rechazó que Morena necesite nuevos mecanismos. Esa disputa —quién tiene la última palabra sobre una candidatura— es la pelea interna que Montiel tendrá que arbitrar antes de que arranque el proceso en junio.
El caso Sinaloa: entre la justicia y la hipocresía
La pregunta que flotaba en el recinto era inevitable: ¿qué pasa con Rocha Moya? Montiel la respondió con una fórmula de equilibrio calculado.
“Morena siempre está del lado de la justicia y la honestidad”, dijo. Pero añadió de inmediato: “Rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos, para abrir la puerta a la injerencia extranjera”. La posición le permite no defender al gobernador sinaloense y al mismo tiempo no validar lo que el partido lee como presión intervencionista de Washington.
🔴 #EnVivo | VIII Congreso Nacional Extraordinario
— Morena (@PartidoMorenaMx) May 3, 2026
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Transmisión de la sesión del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena
El problema de Rocha, sin embargo, tiene expediente previo. En 2021, cuando ganó la gubernatura, el candidato derrotado Mario Zamora impugnó el proceso ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, documentando presencia de personas armadas, robo y quema de urnas, y apoyo del crimen organizado a la alianza ganadora.
El tribunal resolvió que los incidentes no eran suficientes para anular la elección. Cinco años después, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien formaliza lo que entonces se dejó pasar, en plena renegociación del T-MEC. Para Morena, el timing no puede ser peor.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, trazó la línea del partido ante el escenario externo: “Empiezan a sentirse los embates de tiempos geopolíticos altamente complejos”. Y fue más directo: “La voluntad de ningún morenista está a la venta de ningún señalamiento”.
Con todo, el caso Sinaloa ya tiene efectos electorales concretos: Morena mantenía cerca del 40 por ciento de preferencias para la gubernatura sinaloense de 2027. Esa ventaja está en riesgo si el proceso judicial avanza.
El perfil de quien hereda la maquinaria
Montiel no llega sin equipaje. Como secretaria del Bienestar coordinó una estructura de 60 mil personas en campo que hicieron llegar programas sociales a casi 40 millones de beneficiarios en todo el país, con un presupuesto anual cercano a un billón de pesos. Ese es su argumento de autoridad cuando le preguntan si usará las redes del Bienestar para construir poder partidista. “Mi labor será organizar al partido”, respondió, sin desmentir que sabe exactamente cómo hacerlo.
Al interior de Morena, una decena de legisladores y líderes locales consultados esta semana por medios nacionales describen el movimiento de Sheinbaum como la búsqueda del “engranaje” perfecto: fusionar la estructura gubernamental y la partidista para llegar a 2027 con una sola maquinaria operando.
Los aliados del partido lo leen distinto. Senadores del PT, el PVEM y el PRI exhortaron públicamente a Montiel a no utilizar los padrones de programas sociales para favorecer aspirantes en el proceso interno. Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, fue más directa: advirtió sobre el riesgo de institucionalizar el uso de programas sociales con fines partidistas y exigió “piso parejo” en la contienda interna.
La llegada de Montiel tampoco fue sin fricción. Tuvo que ser aceptada primero como consejera nacional antes de poder ser postulada a la presidencia del CEN: un detalle que revela las tensiones que antecedieron a un nombramiento que, en la votación final, fue por unanimidad.

La mancuerna que Morena necesita que funcione
Montiel no opera sola. A su lado, Citlalli Hernández asume la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, con la tarea específica de mantener la relación con los aliados —PT y PVEM— y conducir el proceso de selección de candidaturas.
Líderes de ambos partidos describieron esta semana la relación con Alcalde como “no mala, pero sí lejana, sin fluidez en el diálogo”. Confían ahora en que Hernández, descrita al interior como “la voz de Sheinbaum en las negociaciones”, les dé el peso que la saliente no les dio.
La primera prueba de esa mancuerna es inmediata: la elección en Coahuila el 7 de junio, donde Morena disputa 16 distritos y, según reconocen internamente, tiene ventaja real solo en dos. Es el primer examen de la nueva dirigencia, y el marcador de salida no es favorable.
Rumbo al 2027: las reglas del juego, anticipadas
El verdadero objeto de este congreso no era el pasado. Era el futuro: el proceso electoral de 2027, que renovará 17 gubernaturas y la mayoría en la Cámara de Diputados. El próximo mes arrancará la selección de los llamados coordinadores estatales de defensa de la transformación.
Alfonso Durazo lo planteó sin rodeos: “El mapa político electoral que construyamos en 2027 determinará las condiciones bajo las cuales se desenvolverá el segundo piso de la cuarta transformación”. No es solo una elección. Es la arquitectura del siguiente sexenio.
El mapa tiene contornos claros. Morena necesita ratificar 13 de las 17 gubernaturas en juego y aspira a arrebatar a la oposición al menos dos más: ve posibilidades en Nuevo León y Chihuahua, y reconoce un panorama complicado en Aguascalientes y Querétaro. También busca elevar su presencia municipal: hoy gobierna alrededor de 900 municipios sin contar a sus aliados, y esa cifra necesita crecer.
El analista Gustavo López Montiel, del Tec de Monterrey, resume la lógica detrás de todos los movimientos de las últimas semanas: “La presidenta no quiere perder lo que ganó en 2024. Su aceptación es favorable, pero no la del partido en su conjunto. Por ello prefiere hacer estos cambios para tratar de prevalecer con la fuerza legislativa que tiene hoy”.
En ese marco, Montiel lanzó la advertencia que más va a resonar en los pasillos del partido: “Aspirar no es traicionar, competir no es dividir”. Pero quien aspire, que tenga historial impecable. Y que no cuente con que ganar la encuesta sea suficiente. La competencia interna se abre. El filtro moral, también. La pregunta que Coahuila empezará a responder el 7 de junio es si la nueva maquinaria ya está calibrada, o si el engranaje todavía necesita ajuste.
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