Pluris, OPLE y acordeones: la cirugía electoral que corta hasta el hueso

En la larga mesa de Palacio Nacional, el bisturí ya está listo. La presidenta Claudia Sheinbaum y Pablo Gómez, el veterano que hace 46 años debutó como el primer diputado plurinominal de México, se disponen a abrir la piel del sistema electoral.

Sobre la mesa hay piezas clave: los plurinominales, los OPLE, el gasto millonario de los partidos políticos. Y, como cicatriz fresca, el caos de la elección judicial de 2025, con boletas imposibles y “acordeones” que guiaron el voto como si fuera examen escolar.

Pero esta vez, la cirugía no solo busca sanar heridas: tiene un plazo crítico. Si el rediseño no está listo para la gran coincidencia electoral de 2027, donde se votará todo el poder político en un solo día, la operación podría posponerse hasta 2030… con un paciente —la democracia— que ya muestra signos de desgaste.

TODO SOBRE LA MESA

El 11 de agosto, Claudia Sheinbaum instaló formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. A su lado, Pablo Gómez desplegó un temario que no cabe en una sola hoja: eliminar o reducir plurinominales, desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), recortar financiamiento a partidos y campañas, simplificar boletas, prohibir prácticas como los acordeones en elecciones judiciales, y centralizar funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Será un debate de meses: foros en todo el país, audiencias públicas, una plataforma digital y una encuesta nacional en octubre. Para enero de 2026, Gómez entregará un informe con las conclusiones. La decisión más delicada: si la reforma electoral entra en vigor para las elecciones de 2027 —cuando coincidirán comicios federales, locales y judiciales— o se aplaza a 2030.

Morena y sus aliados venden el proceso como “apertura sin albazo”. El PRI y el PAN lo descalifican como “simulación” y “farsa”. En medio, expertos y consejeros electorales advierten que hay un riesgo mayor: que en 2027 se repita, multiplicada, la pesadilla logística y política de 2025.

En aquella elección judicial, cada ciudadano tuvo que elegir entre decenas de aspirantes por cargo, en boletas saturadas y con la ayuda ilegal de acordeones repartidos a la entrada de las casillas. La participación apenas llegó al 13% y el conteo tardó días. No fue un error menor: fue la advertencia de que el bisturí electoral ya no puede esperar.

EL ORIGEN DE LA CIRUGÍA

Desde 1977, cada gran reforma electoral en México nació de una inconformidad: la oposición reclamando piso parejo, el árbitro electoral buscando autonomía, los partidos políticos negociando la supervivencia de sus privilegios.

Así se construyó, capa sobre capa, un sistema electoral que pasó del control absoluto del PRI a la competencia multipartidista, de elecciones cuestionadas a órganos autónomos como el IFE y, más tarde, el INE.

Pero esta vez es distinto. No es la oposición quien exige nuevas reglas electorales, sino el propio Gobierno Federal. Claudia Sheinbaum decidió abrir la caja negra de la democracia mexicana y poner todo en revisión.

El encargo recayó en Pablo Gómez, un personaje que encarna la paradoja de la historia: en 1979 se convirtió en el primer diputado plurinominal del país, gracias a un sistema creado para incluir voces minoritarias; hoy, sentado frente a la prensa en Palacio Nacional, denuncia que esa misma figura se volvió un “monopolio de las cúpulas partidistas”.

En sus manos está un bisturí electoral que no se limita a cortar grasa. Gómez habla de “rejuvenecer” un sistema político que, según él, “envejeció mal”. La agenda de reforma electoral que impulsa no es menor:

• Quitarle poder a los partidos políticos, que —asegura— se reparten las curules plurinominales entre dirigentes y allegados.
• Desaparecer los OPLE, acusados de operar a favor de gobernadores y duplicar funciones ya centralizadas en el INE.
• Revisar el gasto electoral, que, pese a la austeridad, sigue drenando miles de millones de pesos cada año.

El cambio de paradigma es evidente: por primera vez en cuatro décadas, el bisturí electoral no busca blindar a la oposición del poder, sino al poder mismo de lo que considera lastres y excesos del sistema. Para algunos, es cirugía reconstructiva. Para otros, es un trasplante político que podría alterar la fisonomía misma de la democracia mexicana.

EL BISTURÍ Y LA MESA QUIRÚRGICA

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral no es un foro simbólico. Tiene un temario quirúrgico y un calendario apretado. Cada inciso es un corte que, de aplicarse, alterará el cuerpo político del país:

• Plurinominales: revisar si se reducen o se eliminan. La pregunta de Pablo Gómez golpea directo: “¿A quién representan los que son nombrados por las cúpulas de los partidos?”.
• OPLE: evaluar su desaparición, con el argumento de que las elecciones ya se organizan con casilla única y fiscalización centralizada.
• Financiamiento electoral: recortar las prerrogativas y el gasto de campañas para destinar menos recursos públicos al sistema electoral.
• Elección judicial: evitar que el caos de 2025 se repita, reduciendo candidatos por boleta, escalonando comicios y prohibiendo los “acordeones” que orientaron el voto en masa.
• Sistema de votación: abrir la puerta al voto electrónico y simplificar los cómputos dentro y fuera del país.
• Propaganda y fiscalización digital: flexibilizar la publicidad en redes pero con control estricto de origen y gasto.

El método es una mezcla de laboratorio y plaza pública:

• Foros presenciales en todo el país, desde octubre, con sedes como la Secretaría de Gobernación en CDMX.
• Plataforma digital para recibir propuestas ciudadanas y publicar ponencias.
• Audiencias públicas con académicos, especialistas, partidos políticos y organizaciones.
• Encuesta nacional cuyos resultados se conocerán en octubre, diseñada para medir respaldo o rechazo a los cambios más polémicos.

El plan es entregar conclusiones en enero de 2026. Pero la cirugía electoral tiene una variable crítica: si los nuevos órganos, reglas y procedimientos estarán listos para la gran coincidencia electoral de 2027 —federales, locales y judiciales el mismo día— o si se pospondrá la intervención hasta 2030.

Mientras en Morena hablan de “abrir el debate y quitar prejuicios”, el PRI denuncia una “operación para ahorcar a la oposición” y el PAN anticipa que es “el paso final hacia la centralización del poder electoral”. En medio, voces técnicas como la de Jaime Rivera advierten que el bisturí electoral debe cortar con precisión: “Si no resolvemos ahora los problemas de 2025, 2027 será inviable”.

EL FANTASMA DEL 2027

El recuerdo de la elección judicial de 2025 todavía huele a papel recién impreso y tinta corrida. Fue el ensayo general de un desastre electoral anunciado: boletas gigantes con hasta 504 aspirantes para un mismo cargo local; votantes confundidos frente a listas interminables; funcionarios de casilla contando papeletas durante horas y remitiendo paquetes que tardaron días en computarse.

La participación electoral se desplomó a 13 por ciento, el registro más bajo en la historia democrática reciente. Y, entre el cúmulo de irregularidades, emergió un símbolo que encapsuló la fragilidad del sistema: los acordeones electorales.

Pequeñas hojas impresas, repartidas en las filas de votación, que indicaban a qué candidatos apoyar. Un manual de instrucciones para la democracia, elaborado por operadores políticos que, en muchos casos, respondían a gobiernos morenistas o estructuras afines.

En 2027, si nada cambia, ese caos se multiplicará. Coincidirán elecciones federales, locales y judiciales. En un mismo día se votará por Presidente, 500 diputados federales, 128 senadores, 17 gobernadores, miles de alcaldes, congresos estatales y, otra vez, centenares de jueces y magistrados.

Para especialistas como Jaime Rivera, consejero del INE, el escenario es “inviable” sin cirugía profunda: “Si no resolvemos ahora los problemas de 2025, el colapso logístico y político de 2027 será inevitable”.

Las propuestas técnicas son claras: reducir el número de candidatos por boleta, escalonar la elección judicial en varios años, prohibir y sancionar de forma ejemplar el uso de acordeones, flexibilizar la propaganda digital pero con fiscalización robusta y asegurar financiamiento mínimo para que los candidatos puedan ser conocidos por la ciudadanía.

Sin esas correcciones, advierte Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, la democracia mexicana se expondrá a una elección masiva en la que el votante termine desconectado de su propia decisión. Un mapa electoral saturado donde el voto se vuelva un trámite, no un acto de voluntad.

LAS PIEZAS MÁS SENSIBLES DEL BISTURÍ

Si la reforma electoral fuera una cirugía mayor, hay tres órganos en los que el bisturí electoral no puede temblar: los plurinominales, los OPLE y la elección judicial. Cada uno late con su propio ritmo, pero todos están conectados al mismo sistema: el reparto del poder político.

• Plurinominales: de puerta de entrada a fortaleza de cúpulas. Nacieron en 1977 como un mecanismo para que las minorías tuvieran voz en el Congreso. Hoy, Pablo Gómez —quien debutó como el primer plurinominal en 1979— los describe como un monopolio de las dirigencias partidistas. Los 200 escaños en Diputados y 32 en el Senado se reparten en listas cerradas, lejos del escrutinio ciudadano. El recorte o eliminación de esta figura no solo alteraría la aritmética legislativa, también pondría en riesgo la representación proporcional que ha equilibrado la balanza en los últimos 40 años.

• OPLE: el eslabón local en la mira. Los Organismos Públicos Locales Electorales son las manos que organizan comicios en cada estado. La 4T los acusa de duplicar funciones que ya realiza el INE, con gasto excesivo y favoritismo hacia los gobernadores. Desaparecerlos implicaría centralizar la operación electoral en la Ciudad de México, una medida que reduciría costos, pero que, según críticos, también concentraría el control político. El dilema es si la austeridad justifica el riesgo de dejar a las entidades sin árbitros locales con capacidad de respuesta inmediata.

• Elección judicial: el laboratorio del caos. El antecedente de 2025 dejó claro que elegir jueces y magistrados con boletas interminables y sin financiamiento equitativo es una receta para la confusión. El símbolo de ese desorden fueron los acordeones electorales, listas de candidatos entregadas en mano para guiar el voto. Prohibirlos y sancionar su uso es solo una parte del reto: la verdadera cirugía será rediseñar la elección judicial para que el votante conozca a sus candidatos y el conteo pueda hacerse el mismo día, sin convertir el acto democrático en un maratón burocrático.

Cada uno de estos puntos es un campo de batalla electoral. Y en cada uno, la reforma decidirá si corta con bisturí fino para preservar la salud del sistema… o si aplica cortes tan profundos que cambien para siempre el cuerpo de la democracia mexicana.

ESCENARIOS Y PREGUNTAS ABIERTAS

La cirugía electoral no es solo un procedimiento técnico; es una apuesta política de alto riesgo. El resultado final dependerá de qué tan afilado sea el bisturí electoral… y de si los cirujanos logran consenso antes de que el paciente —la democracia mexicana— entre en crisis.

• Escenario 1: Reforma integral antes de 2027. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral logra un paquete de cambios que simplifica boletas electorales, reduce candidatos, prohíbe acordeones, rediseña la representación proporcional y centraliza la operación electoral sin colapsar la estructura del INE. El proceso de 2027 se salva, y la reforma queda como el sello de una administración que supo anticipar la tormenta.

• Escenario 2: Reforma parcial y grietas abiertas. Los acuerdos se atascan en el Congreso. Se aprueban recortes y ajustes superficiales, pero no se corrigen los problemas estructurales. El día de la elección, la boleta judicial sigue siendo una sábana, los funcionarios de casilla se ahogan en papeletas y el conteo vuelve a ser un suplicio.

• Escenario 3: Estancamiento y repetición del caos. La reforma se congela en debates políticos. Llega 2027 y el país enfrenta la elección más grande de su historia con las mismas reglas que provocaron el colapso parcial de 2025. El abstencionismo electoral y la desconfianza ciudadana en el sistema se disparan, y la narrativa del fraude electoral regresa con fuerza.

En cualquiera de estos caminos, la pregunta que flota es la misma: ¿será esta cirugía electoral un acto de prevención que fortalezca al sistema… o la operación que lo deje marcado para siempre? El bisturí ya está en la mesa; lo que está por verse es si los cirujanos se atreverán a cortar donde más duele.

LO QUE REALMENTE ESTÁ EN JUEGO

La reforma electoral que impulsa el gobierno no es un expediente técnico ni un simple ajuste normativo: es una disputa por el tipo de democracia que tendrá México en la próxima década. En este momento, la iniciativa se encuentra en la fase más delicada: la de abrir el debate y simultáneamente construir legitimidad para las conclusiones que se entregarán en enero de 2026.

En la superficie, el calendario parece ordenado: foros presenciales desde octubre, audiencias públicas, encuestas nacionales y una plataforma digital para recibir propuestas. Pero en el fondo, se libra otra batalla:

• Morena y aliados necesitan sumar respaldo ciudadano para compensar que no tienen mayoría calificada en el Congreso.
• La oposición busca desacreditar el proceso antes de que arranque, alegando que se trata de “controlar” al árbitro electoral.
• Voces técnicas advierten que los errores de la elección judicial de 2025 —candidatos masivos, boletas confusas, propaganda encubierta— podrían repetirse en 2027 si la cirugía no es precisa.

El dilema político es si este rediseño llegará a tiempo para la coincidencia electoral de 2027, que reunirá en una sola jornada elecciones federales, locales y judiciales. Si no hay acuerdos, el nuevo modelo tendría que esperar hasta 2030, y para entonces el costo de la desconfianza podría ser mayor que el de cualquier gasto electoral.