El martes 17 de junio, Tabasco dejó de ser laboratorio para convertirse en referencia nacional. Con la entrega de 11,859 tarjetas del programa de pensión para personas con discapacidad permanente, el gobernador Javier May Rodríguez y la secretaria Ariadna Montiel Reyes cerraron una ecuación financiera largamente pospuesta: 3,200 pesos bimestrales, retroactivo a enero, financiados mitad por el erario estatal y mitad por la Federación.
Montiel, arquitecta federal de la política social, no se limitó a rubricar el acto: “Hasta que llegó Javier May se hizo posible la universalidad; es el mejor gobernador que ha tenido Tabasco”, sentenció ante un Parque Tabasco abarrotado.
La declaración sobresale en un ecosistema político acostumbrado a los elogios protocolarios porque se ancla en un dato contundente: ningún estado había comprometido antes recursos propios para cubrir al 100 % de su población con discapacidad menor de 65 años.
DE LA PROMESA A LA CONTABILIDAD
La apuesta, diseñada cuando May encabezaba la Secretaría de Bienestar (2019-2023), estuvo tres años varada en el laberinto presupuestal. Su llegada al Palacio de Gobierno liberó la última tuerca: el modelo 50-50.
Según la Secretaría de Finanzas local, el costo anual rondará los 456 millones de pesos, cubiertos con excedentes petroleros, recorte de gasto corriente y sin contratación de deuda. Montiel ponderó la fórmula como “sostenible y replicable”, un mensaje directo a los 18 gobernadores que aún no firman el convenio de universalización.
LO QUE REALMENTE CAMBIA
- Derecho garantizado. Ya no es un subsidio focalizado, sino un derecho constitucional con reglas claras y padrón público.
- Ingreso inmediato. El retroactivo inyecta 114 MDP a la economía local, justo antes de la temporada alta de consumo.
- Cobertura medible. El padrón potencial es de 43 000 personas; con la primera entrega se cubre 27 %. El plan oficial prevé llegar a 100 % en el primer semestre de 2026.
- Blindaje anticoyuntural. El financiamiento bipartito dificulta que futuras administraciones recorten recursos sin avisar al otro socio.
ENTRE LA MIRADA FEDERAL Y LA LOCAL
El espaldarazo de Montiel al gobernador tiene doble filo. Por un lado, avala la capacidad de gestión de May ante la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, quien apoyó la estrategia.
Por otro, obliga a Tabasco a demostrar que los recursos se dispersan sin intermediarios ni duplicidades. Para ello, el gobierno publicará el padrón en datos abiertos y auditará trimestralmente la validación médica de cada beneficiario.
La crítica opositora, que acusa de “electoralismo” el desembolso social, encuentra menos terreno fértil cuando las reglas son universales: no distinguen partido, ingreso o región. Aun así, la tentación clientelar existe.
El reto será sostener pagos puntuales y acreditar cada registro, en un estado donde 29 % vive en pobreza moderada y 7 % en pobreza extrema (Coneval 2024).
BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL
La evidencia internacional indica que las pensiones universales no desincentivan el empleo; al contrario, mejoran la asistencia escolar y reducen gastos médicos de emergencia. En Tabasco, siete de cada diez familias con discapacidad vieron caer su ingreso en la última década.
El cheque bimestral permite cubrir terapias, transporte adaptado y medicinas; libera a cuidadores para reincorporarse al mercado laboral y dinamiza el comercio local, especialmente en las tiendas comunitarias que el programa Enchula tu Tienda empezó a modernizar ese mismo día bajo la tutela de María Luisa Albores.
PROYECCIÓN Y RIESGOS
El cronograma oficial marca cortes trimestrales de avance: 8 000 nuevas incorporaciones cada periodo. Pero el talón de Aquiles no está en la inscripción, sino en la logística bancaria.
El Banco del Bienestar opera a máxima capacidad; un fallo en la dispersión podría erosionar la credibilidad cosechada. May ordenó pruebas de estrés al sistema estatal y pidió apoyo del Banco de México para asegurar liquidez.
Otro frente es la certificación de discapacidades. La Secretaría de Salud estatal desplegará brigadas médicas para evitar que certificados apócrifos inflen el padrón. Transparency International México vigilará el proceso.
LECTURA POLÍTICA
Para un mandatario con apenas un año de gobierno, la universalidad de la pensión es carta de presentación. Pone a Tabasco en el mapa por razones distintas a la inseguridad o las inundaciones. Pero también sube la vara: la ciudadanía esperará la misma eficacia en temas menos fotogénicos como transporte, obra pública o seguridad.
Montiel dejó claro que la puerta queda abierta para otros programas compartidos; el laboratorio tabasqueño podría escalar a pensiones de orfandad o apoyos a madres solteras. La bola está en la cancha de los congresos estatales, que deberán aprobar recursos propios si quieren igualar el estándar.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Haz clic aquí