Héctor I. Tapia

El Congreso aprobó. El gobierno explicó. Lo que faltaba —la pregunta que había quedado sin respuesta pública— llegó el 20 de mayo desde el salón José Gorostiza de Palacio de Gobierno, en voz de la secretaria de Administración y Finanzas, Talina Ferrer Cadenas, durante la conferencia encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez.

El mensaje fue directo: la venta del Centro de Convenciones y del predio del Gimnasio La Choca no es una operación patrimonial ordinaria. Es, dijo Ferrer, una decisión estructural de política pública. Y tiene reglas, etapas y un destino para el dinero.

“Hoy Tabasco está enviando un mensaje claro: hay legalidad, hay planeación, hay certeza jurídica y hay una visión de futuro orientada a transformar el patrimonio público en desarrollo, inversión y oportunidades para nuestra gente”, afirmó la funcionaria.

El proceso en tres pasos

La secretaria documentó una ruta de tres etapas que ya comenzó y que define con precisión cómo llegará cada uno de los dos predios a manos de un comprador privado.

La primera etapa —la desincorporación— ya ocurrió. Los predios cambiaron de régimen jurídico el 18 de abril de 2026, cuando el gobierno publicó en el Periódico Oficial el acuerdo administrativo que los sacó del dominio público y los convirtió en patrimonio susceptible de enajenación. Sin ese paso, ninguna venta es legal. Con él, el camino quedó abierto.

La segunda etapa fue la valuación oficial. Ferrer precisó que los dictámenes fueron realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales —INDAABIN— la instancia federal especializada en tasación de patrimonio público. No un perito privado actuando solo: una institución federal con mandato específico para este tipo de operaciones. El resultado: 216 millones 679 mil pesos por el Centro de Convenciones y 198 millones 310 mil pesos por el predio de La Choca. 414 millones 989 mil pesos en total.

La tercera etapa, la licitación pública, es el siguiente paso. Abierta, competida, con bases públicas. “Igualdad de condiciones, máxima transparencia y competencia abierta para los interesados”, describió Ferrer. El gobierno no elige al comprador. El proceso lo define.

El INDAABIN: la institución que puso el precio

Uno de los datos que el comunicado aclara por primera vez es quién tasó los predios. Las iniciativas enviadas al Congreso en abril mencionaban al licenciado Sergio Solís Jiménez como perito valuador. Ferrer precisa ahora que los dictámenes fueron realizados por el INDAABIN, la instancia federal cuya función específica es determinar el valor real del patrimonio público antes de cualquier operación de enajenación.

No es un detalle menor. El INDAABIN no trabaja para el comprador ni para el vendedor — trabaja para garantizar que el estado no venda por debajo del valor de mercado y que el proceso tenga respaldo técnico federal. Su participación es, en términos jurídicos, la primera línea de protección del patrimonio público en una operación de esta escala.

El resultado de su trabajo: $14,302 pesos por metro cuadrado de suelo en el Centro de Convenciones y $11,692 pesos en La Choca. Dos predios en la misma colonia, tasados con criterios técnicos que la institución federal respalda con su firma.

La respuesta al debate legislativo

El comunicado del 20 de mayo llega tres semanas después de que el diputado del PRD Javier Cabrera Sandoval cuestionara en el Pleno que la licitación pudiera ser una simulación. La respuesta del gobierno no es política. Es técnica y jurídica.

Ferrer enumera las garantías del proceso: marco de la Ley de Bienes del Estado de Tabasco, decreto aprobado por el Congreso, dictámenes del INDAABIN, proceso competitivo con igualdad de condiciones. Cada elemento de la cadena tiene respaldo institucional.

El diputado de Morena Salomé Izquierdo Mena lo dijo en el Pleno: “Lo que otros digan es mera especulación y politiquería.” Ferrer lo dijo en conferencia: “Hay legalidad, hay planeación, hay certeza jurídica.” El proceso, si se cumple como está planteado, responderá la pregunta sobre el comprador por sí solo: gana quien presente la mejor propuesta dentro de las reglas de la licitación.

No cualquier postor: el gobierno define qué tipo de inversión busca

La licitación no es una subasta al mejor postor en términos puramente económicos. Ferrer fue explícita en ese punto: quienes participen deberán presentar propuestas alineadas a la visión integral de Villahermosa 2030. El gobierno busca inversión privada capaz de detonar proyectos de desarrollo comercial, turístico, corporativo y de servicios. No cualquier uso. No cualquier proyecto.

“No estamos construyendo proyectos aislados, estamos construyendo el nuevo rostro de nuestra capital”, dijo la secretaria.

Lo que esto significa en la práctica: un desarrollador con propuesta hotelera, corporativa o de servicios de alto impacto tiene más pertinencia que uno con un proyecto incompatible con la vocación del corredor Paseo La Choca. El decreto ordena además que el comprador cumpla la Opinión Técnica No. 07 de SOTOP, que establece condiciones normativas, ambientales y de impacto urbano que cualquier desarrollo deberá observar antes de iniciar obras.

La pregunta que el proceso deberá responder cuando se publiquen las bases: ¿cómo se pondera la calidad del proyecto frente al precio? ¿Existe un criterio técnico que evalúe la alineación con Villahermosa 2030 además del monto de la oferta? Eso lo definirá la convocatoria de licitación que la Secretaría de Administración y Finanzas publicará como siguiente paso del proceso.

El comprador

En el Centro de Convenciones, la pregunta sobre Liverpool sigue vigente. La secretaria Ferrer no confirmó ni descartó ningún interesado. Se limitó a describir el proceso: licitación pública, igualdad de condiciones, competencia abierta.

Si la Ley de Bienes del Estado contempla algún mecanismo de preferencia para colindantes dentro de ese proceso, Liverpool —propietaria de la tienda contigua en Galerías Tabasco 2000— podría participar con ventaja sin que eso rompa las reglas. Las bases de licitación, cuando se publiquen, definirán los términos exactos del proceso.

Lo que sí es claro: quien gane la licitación del Centro de Convenciones adquirirá 6,376 metros cuadrados de suelo con 14,129 metros cuadrados de construcción en el corazón de Tabasco 2000 — un edificio que todavía funciona, que todavía tiene eventos agendados, y que quedará libre cuando el nuevo Centro de Convenciones abra sus puertas en diciembre de 2027.

Por primera vez, el gobierno dice para qué es el dinero

Durante semanas, el destino de los 414 millones fue la pregunta sin respuesta pública. El comunicado del 20 de mayo la responde.

Ferrer fue directa: los recursos serán destinados a infraestructura pública productiva y proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento económico, al ordenamiento urbano y a la generación de bienestar para los tabasqueños. No es un cheque en blanco. Es, según el gobierno, la misma lógica de Villahermosa 2030: reinvertir patrimonio público en infraestructura que detonará más inversión privada.

El ciclo que describe el gobierno es este: se vende patrimonio subutilizado, el dinero financia infraestructura productiva, esa infraestructura atrae inversión privada, la inversión privada genera empleo y servicios. Es una apuesta de política urbana, no solo una operación de caja.

Ferrer añadió un dato que ancla la solidez financiera del proceso: el nuevo Centro de Convenciones se financia con un crédito de 2,010 millones de pesos obtenido a una sobretasa de 18 puntos base, “la tasa más competitiva que ha obtenido el Estado en un financiamiento de largo plazo”, dijo. La banca respalda con esa tasa la confianza en la solidez financiera del estado. La venta de los predios y el crédito del nuevo Centro de Convenciones son operaciones separadas, pero forman parte del mismo proyecto de reordenamiento financiero y urbano que el gobierno de Javier May llama Villahermosa 2030.

El reloj de 2027

Con la aprobación legislativa en mano y el proceso documentado, el siguiente movimiento concreto es la publicación de bases y convocatoria de licitación por parte de la SAF. Ese documento —cuando aparezca en el Periódico Oficial— será la prueba de fuego del proceso: definirá los criterios técnicos, el peso del precio frente a la calidad del proyecto y los plazos de ejecución que se exigirán al comprador.

El nuevo Centro de Convenciones tiene fecha: diciembre de 2027. Para que el predio de La Choca sea parte del ecosistema de servicios que ese recinto va a necesitar, el comprador tendría que iniciar obra antes de que termine 2026. Un hotel no se construye en seis meses. Un desarrollo corporativo tampoco.

El tiempo es el verdadero factor de presión, no la política. Y el reloj ya empezó a correr.

Tres ejes, una ciudad

Ferrer cerró su conferencia con una síntesis de los tres ejes del proyecto que conectan la venta de los predios con una visión más amplia de transformación urbana.

El primero es el C5 Escudo Olmeca, el nuevo centro de comando tecnológico que representa, dijo, “confianza para las familias, confianza para las empresas y confianza para quienes desean invertir en Tabasco.” El segundo es el nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones, diseñado para responder a las dinámicas económicas y turísticas que requieren infraestructura moderna, conectividad y servicios integrados. El tercero es la modernización de la infraestructura y movilidad urbana, para que la ciudad recupere, en palabras de la funcionaria, “tiempo, tranquilidad y calidad de vida para la gente.”

La venta del Gimnasio La Choca y del Centro de Convenciones no aparece en ese discurso como el fin de algo. Aparece como el inicio: el primer movimiento de una ciudad que apuesta por reinventarse con las reglas claras sobre la mesa.

Lo que reste por ver es si las bases de licitación, cuando lleguen, confirman esa apuesta, o si el río crece y se lleva los plazos.

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