A días del segundo informe trimestral de gobierno que el gobernador Javier May Rodríguez presentará este lunes 7 de abril —y en el que se ha comprometido a comparecer ante los tabasqueños más allá del cumplimiento constitucional—, la seguridad se perfila como uno de los temas obligados.
En marzo de 2025, Tabasco cerró con 70 homicidios dolosos, una cifra por debajo de los 92 de enero y los 98 de febrero. En cualquier otra entidad, esta caída del 28% en apenas un mes sería celebrada como un logro incuestionable.
Pero en Tabasco, donde el crimen organizado ha mutado en silencio, donde las alianzas cambian con la velocidad de un disparo, y donde la policía ha sido parte del problema, el descenso plantea una pregunta incómoda:
¿Estamos ante un avance real, o solo ante un reacomodo criminal que disfraza la violencia bajo nuevas reglas?
El estado ha entrado en una etapa de aparente contención. Los titulares recientes lo reflejan: detenciones espectaculares, bloqueos fugaces, convoyes militares, nuevas fuerzas de élite.
Pero también hay una constante silenciosa: las estructuras delictivas siguen vivas. Y mientras no se toque el fondo del problema —la colusión institucional y el control territorial narco—, todo descenso puede ser una tregua… no la paz.
HOMICIDIOS A LA BAJA: ¿CORTE DE CABEZA O PACTO NO ESCRITO?
La explicación más inmediata apunta a las capturas de líderes regionales. Entre febrero y abril cayeron “El Cabra”, “El Guasón”, “Zavala” y “El Geysha”: operadores del Cártel de Sinaloa y de La Barredora, un grupo integrado, en parte, por ex policías estatales que se disputaban con el CJNG el control de rutas, cobros de piso y estacas territoriales.
Cada captura fue seguida por un patrón: reacción violenta (bloqueos, incendios), presencia inmediata del Ejército o la Guardia Nacional, y una baja temporal en los enfrentamientos. La autoridad responde rápido, pero el crimen también. Lo preocupante no es solo la violencia, sino su lenguaje: cada ataque es un mensaje de poder.
La caída de homicidios puede deberse, en parte, al vacío de liderazgo tras las capturas. Pero también puede significar que los grupos han acordado una tregua informal, un cese momentáneo en la disputa, para reagruparse o negociar. En el México criminal, las armas también callan cuando hay algo más grande en juego.
Si las muertes bajan porque nadie quiere llamar la atención, no estamos avanzando. Estamos posponiendo el siguiente estallido.
POLICÍA INFILTRADA: EL ESTADO QUE JUGÓ PARA EL NARCO
Pocos temas ilustran mejor la fragilidad institucional de Tabasco como la infiltración policial. “La Barredora” no habría existido sin protección oficial. Su segundo al mando, Francisco Javier Custodio Luna “El Guasón”, fue agente estatal.
Coordinaba ataques, protegía cargamentos y negociaba favores. Su historia no es la excepción: es la regla no escrita de un pasado reciente donde los uniformes y las armas del Estado servían a otros fines.
Las investigaciones en curso apuntan más arriba. Mandos de sexenios pasados fueron omisos, cómplices o directamente socios. La red de vigilancia instalada por el narco —29 cámaras, antenas, módems, estaciones ocultas— no surgió en la oscuridad. Requirió permisos, protección y ceguera institucional.
La administración actual ha desmontado parte de ese aparato. Pero no basta con detener a los visibles. La verdadera limpieza sigue pendiente. Mientras los cuadros medios y altos de seguridad sigan intactos, cualquier avance será provisional.
Lo más urgente no es capturar criminales: es cerrar la puerta por la que entraron al Estado.
FUERZA OLMECA Y GUARDIA NACIONAL: MÚSCULO SIN COLUMNA VERTEBRAL
Frente a la amenaza, el gobierno ha optado por lo que Héctor de Mauleón llamaría “la doctrina del choque”: despliegues inmediatos, fuerzas de reacción, y control del espacio público con presencia visible.
El 11 de marzo, el gobernador Javier May Rodríguez presentó la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica “Olmeca”, una unidad de élite con Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal. El 1 de abril, la Guardia Nacional pasó a control pleno de la Sedena, con una reestructuración por regiones: Tabasco quedó en la Región Golfo junto a Veracruz y Tamaulipas.
Ambas decisiones responden a una lógica válida: contener, disuadir, intervenir. Pero si no van acompañadas de presencia sostenida, inteligencia territorial y articulación institucional, terminan siendo parches en una estructura podrida.
La salida del general Ignacio Murillo de la coordinación estatal de la GN, y del fiscal José Barajas Mejía, son síntomas de un modelo en transición. El problema no es el cambio. Es que la seguridad en Tabasco depende demasiado de nombres, y no de instituciones sólidas.
EL RIESGO DE REPETIR LA HISTORIA
En Tabasco, el crimen ha aprendido a esperar. Cuando las fuerzas llegan, se repliega. Cuando se van, regresa. Y si la policía local sigue siendo poco confiable, el ciclo se repite sin final.
La buena noticia es que hay indicios de ruptura en la tendencia. La mala: que la estrategia sigue centrada en lo reactivo, no en lo preventivo.
El verdadero desafío está en construir una policía confiable, bien pagada y profesional. En establecer presencia permanente en zonas rurales clave como Huimanguillo, Macuspana o Cárdenas. Y en articular una política social real, no solo discursos de bienestar, en zonas donde la violencia es el lenguaje cotidiano.
Porque si el Estado no se planta de forma estructural, el crimen volverá con otra cara, otro nombre… y la misma fuerza.
LA PAZ NO SE DECRETA, SE CONSTRUYE
El descenso de homicidios en Tabasco no es irrelevante, pero tampoco debe celebrarse con ligereza. Es un síntoma ambiguo, un posible indicador de reacomodo criminal o una pausa estratégica. No es el fin del conflicto. Es solo otra de sus fases.
Lo que viene será más difícil: sostener los avances sin simulación, reconstruir la confianza ciudadana y demostrar que la ley, alguna vez, puede más que el miedo.
En Tabasco, la paz no llegará por decreto. Llegará cuando el crimen deje de dictar el pulso de la vida pública. Y para eso, no hay atajos.
La contención de la violencia es una victoria parcial. Pero el problema de fondo no es la estadística. Es la percepción. En las colonias donde hubo balaceras, nadie se siente más seguro. En los municipios donde operaba La Barredora, la población sigue sin salir de noche. En Villahermosa, cada convoy militar recuerda que la normalidad aún no ha llegado.
Por eso el próximo paso no es solo operativo, sino emocional, social, psicológico. Se trata de recuperar la confianza. Que la gente sepa que puede denunciar sin ser delatada. Que los policías patrullen sin sembrar miedo. Que las escuelas, las tiendas, los taxis, los mercados funcionen sin extorsión.
La seguridad no es solo la ausencia de violencia. Es la presencia del Estado en la vida cotidiana. Y esa presencia aún está incompleta.
Tabasco está en un momento bisagra. El descenso de homicidios no es una casualidad. Es fruto de decisiones tácticas, capturas precisas, coordinación mejorada. Pero también es una ventana que puede cerrarse si no se da el paso siguiente: convertir la contención en confianza, la reacción en prevención, el músculo en política pública.
La paz no se mide por cuántos dejan de morir, sino por cómo empiezan a vivir los demás
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