CDMX.— La pieza que parecía caída volvió al tablero. Tras el rechazo legislativo a la reforma electoral original, Morena, PT y PVEM decidieron cerrar filas con el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, un movimiento que no sólo intenta rescatar una agenda, sino recomponer el equilibrio político dentro de la coalición gobernante.
La escena ocurrió en Palacio de Cobián, sede de la Secretaría de Gobernación. Allí, dirigentes nacionales y coordinadores parlamentarios de los tres partidos acordaron respaldar la nueva iniciativa presidencial. El mensaje buscó disipar la imagen de fractura que dejó la derrota aritmética en San Lázaro.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lo describió con tono de cierre de filas:
“Haber alcanzado un acuerdo en torno al plan B de la reforma electoral es un acierto político que demuestra que el diálogo sí da resultados y que la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum encontró eco y voluntad en nuestra coalición”.
En política, el momento importa tanto como la propuesta. El anuncio llega días después del tropiezo legislativo que impidió aprobar la reforma electoral original. El nuevo plan intenta cambiar el terreno de juego: ya no se centra en el rediseño del sistema electoral federal, sino en el costo político y financiero de los gobiernos locales.
PLAN B
Coalición oficialista recompone alianza legislativa tras derrota electoral inicial en San Lázaro.
Nota a pie
La reforma requerirá mayoría calificada, el mismo obstáculo que frenó la primera propuesta.
Fuente
Elaboración propia con información legislativa.
El nuevo frente: congresos locales y ayuntamientos
La iniciativa, aún en fase final de redacción, apunta a una cirugía en la estructura política subnacional. Entre los cambios planteados destacan:
- reducción del gasto en congresos estatales
- límites al número de regidores en los ayuntamientos
- modificaciones al esquema de consulta popular
- ajustes a la revocación de mandato, que podría realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno
La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, planteó el argumento central de la narrativa oficialista:
“Durante demasiado tiempo el sistema político y electoral fue creado para proteger privilegios y sostener estructuras costosas alejadas de la ciudadanía”.
En esa lectura, la reforma se presenta como un intento de adelgazar la burocracia política local, una zona donde, según el diagnóstico del oficialismo, se concentran inercias administrativas, redes clientelares y gasto público poco visible.
Reformas electorales clave en México
Una línea de tiempo para entender cómo cambió el sistema electoral mexicano entre 1990 y 2014.
Creación del Instituto Federal Electoral (IFE)
Autonomía electoral plena
Regulación de propaganda electoral
Nace el Instituto Nacional Electoral (INE)
La memoria del sistema electoral
El intento de modificar el sistema electoral mexicano siempre toca fibras históricas. Las reglas vigentes nacieron de una larga cadena de reformas impulsadas tras la crisis de legitimidad de 1988.
La creación del IFE en 1990, la reforma de 1996 que consolidó su autonomía, la legislación de 2007 sobre propaganda electoral y la reforma de 2014 que dio origen al INE, construyeron un entramado institucional que permitió alternancias políticas y mayor competencia electoral.
Por eso el dirigente del PT, Alberto Anaya, fue enfático al fijar un límite político a la nueva reforma.
“Hemos cuidado que las propuestas no afecten los avances de las reformas de 1977 y de 1996 que dieron pluralidad y equidad”, dijo.
Esa precisión no es menor. Dentro de la coalición gobernante existe conciencia de que tocar el sistema electoral sin cuidado puede abrir sospechas sobre el equilibrio democrático.
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La jugada política
El Plan B cumple varias funciones al mismo tiempo.
Primero, recompone la unidad interna después de una derrota parlamentaria. Segundo, traslada el debate desde el sistema electoral federal hacia los excesos en congresos locales y cabildos, un terreno donde el discurso de austeridad tiene mayor aceptación pública.
Y tercero, abre una bandera política rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
El propio Manuel Velasco, senador del PVEM, adelantó que comparten la idea de modificar consultas populares, revocación de mandato y la integración de cabildos. Es decir: la coalición apuesta a un rediseño institucional que golpea estructuras políticas locales, donde conviven intereses de todos los partidos.
La pregunta de fondo no está en la propuesta, sino en su viabilidad.
Para aprobar una reforma constitucional se requieren dos terceras partes del Congreso. Sin votos adicionales fuera de la coalición oficialista, la iniciativa enfrenta el mismo obstáculo que derribó la primera versión.
En ese escenario, el Plan B puede terminar siendo dos cosas al mismo tiempo: una reforma posible… o una bandera política.
Como ocurre con los ríos del sureste cuando suben sin aviso, el agua ya se movió. Lo que falta saber es si traerá una nueva corriente institucional o sólo el eco de la disputa electoral que viene.
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