CDMX.— La presidenta Claudia Sheinbaum decidió convertir el revés legislativo en argumento político. Su Plan B no repite la reforma rechazada: cambia de terreno. El nuevo frente apunta al gasto de congresos locales y ayuntamientos, dos espacios donde la política mexicana ha acumulado burocracia, dietas infladas y estructuras difíciles de justificar ante el electorado.
La lectura es clara. Si el Congreso federal bloqueó el rediseño electoral, el gobierno buscará reducir privilegios en los niveles subnacionales del poder. No es una batalla menor.
En conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su propuesta establecerá topes al presupuesto de los congresos estatales. El criterio podría fijarse por porcentaje del presupuesto público, por población o por promedios nacionales de gasto legislativo.
El mensaje tiene un fondo político preciso: si no se pudo modificar la estructura electoral nacional, se puede exhibir el gasto de la política local.
“Seguir disminuyendo privilegios”, repitió la presidenta. La frase no es casual. Es la narrativa central del proyecto político que encabeza.
El cálculo también es político. El debate deja de ser técnico —reglas electorales— y se vuelve moral: privilegios contra necesidades públicas.
Plan B
EL TAMAÑO DEL CABILDO
La Presidenta puso el reflector en el número de regidores y en el costo completo del cargo. El argumento: no sólo importa cuánto ganan, sino cuánto cuesta mantener toda la estructura.
Qué está en juego
La política de los regidores
El Plan B incluye otro frente: las regidurías municipales. La presidenta citó ejemplos que buscan ilustrar la magnitud del problema: Monterrey con 28 regidores, Puebla con 23, Acapulco con 20.
La pregunta es directa: ¿son necesarios tantos cargos?
La crítica no se limita al número. El señalamiento apunta a los costos reales del cargo. No sólo el salario formal, sino bonos, apoyos, asesores y estructura administrativa. El resultado, dijo, son ingresos que pueden alcanzar hasta 500 mil pesos mensuales.
Ahí está el corazón político del planteamiento: mostrar que la austeridad federal contrasta con prácticas presupuestales locales.
Reforma electoral
PLAN B CONTRA PRIVILEGIOS
Tras el rechazo de la reforma electoral, el nuevo frente apunta al gasto de congresos estatales y regidurías, con el argumento de redirigir recursos a obra pública.
Tope al gasto local
La propuesta busca fijar un límite máximo al presupuesto de los congresos estatales para recortar gasto político.
Cabildos bajo lupa
La discusión también alcanza a los ayuntamientos: menos regidores y menor costo de estructura.
El lunes arranca
Sheinbaum dijo que enviará el Plan B al Congreso el lunes para abrir una nueva disputa sobre el costo de la política local.
Un revés convertido en bandera
El rechazo legislativo tampoco fue asumido como derrota. Sheinbaum lo presentó como una forma de clarificar posiciones políticas.
Según su interpretación, el debate permitió mostrar quién está dispuesto a reducir privilegios y quién no.
En política, esa claridad puede valer más que una votación ganada.
La presidenta incluso adelantó que enviará el Plan B el lunes al Congreso. Si se aprueba, el gobierno avanzará en su narrativa de austeridad. Si se rechaza, el conflicto político seguirá abierto.
En ambos escenarios, el tema queda instalado: el costo de la política local.
El fondo del conflicto
El episodio revela algo más profundo que una reforma frustrada. Expone una tensión persistente en el sistema político mexicano: el contraste entre la austeridad proclamada en el centro del poder y los presupuestos amplios de estructuras locales.
Congresos estatales con gasto elevado. Cabildos numerosos. Sindicaturas múltiples. La presidenta intenta colocar ese modelo bajo escrutinio público. No es una reforma electoral en sentido estricto. Es una reforma política por otra vía.
Y en ese movimiento se advierte la lógica del poder: cuando una puerta se cierra en el Congreso, la política busca otra entrada.
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