Entre enero y junio de 2025, el gobierno de Tabasco ha invertido más de 2 mil 134 millones de pesos en obras públicas. En paralelo, ha desplegado una red de programas productivos que paga mensualmente a miles de campesinos, pescadores, ganaderos y mujeres emprendedoras. No son burócratas, ni trabajadores asalariados, ni empleados con contrato formal. Pero cada mes reciben un ingreso por sembrar, por pescar, por criar ganado, por poner en marcha un negocio. Trabajan. Producen. Pero no figuran.
En las cifras del INEGI, estos miles de tabasqueños no siempre cuentan como ocupados. La encuesta nacional no los registra con precisión, la contabilidad del IMSS los ignora, y los reportes laborales del sector privado los pasan por alto. Sin embargo, según los propios datos oficiales del gobierno estatal, al menos 28 mil personas han recibido un ingreso directo derivado de obras o programas sociales productivos en el primer semestre de 2025.
La paradoja es evidente: Tabasco trabaja más de lo que sus estadísticas dicen. Hay jornales que no tienen patrón, créditos que se pagan con esfuerzo, subsidios que se transforman en vaquillas, estanques, tiendas o árboles sembrados. Lo que ocurre en el estado es una economía del trabajo no reconocido, pero plenamente activo. Y si el empleo se define por el ingreso y la actividad productiva, ¿cuánto más habría que exigir para reconocerlo?
MÁS QUE CEMENTO: 13 MIL EMPLEOS EN SEIS MESES
En el primer semestre de 2025, Tabasco ha sido un territorio perforado por maquinaria pública. Mil quinientas treinta y tres obras iniciadas o concluidas: calles pavimentadas, techumbres escolares, puentes cortos pero estratégicos, banquetas nuevas, pozos, redes de drenaje, cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales. Una especie de hormigueo silencioso —sin grandes inauguraciones ni corte de listones— que, sin embargo, ha tenido un impacto directo: empleo’.
Según el reporte oficial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), sólo de enero a junio se han generado 9,685 empleos directos e indirectos mediante obra pública estatal. Y para el segundo semestre, se proyecta crear al menos 4,095 empleos adicionales, ligados a la ejecución de otras 1,503 acciones ya programadas con una inversión de 978 millones de pesos.
En conjunto, la cifra se eleva a 13,780 ocupaciones en el año, casi todas temporales, pero reales. Hombres con pico y pala, cuadrillas de concreto, contratistas locales y personal técnico que gira entre Comalcalco y Balancán.
La inversión acumulada estatal para todo el año asciende a 3,112 millones de pesos. No se trata sólo de infraestructura; es circulante. Son jornales semanales, pagos a pequeñas constructoras, contratos de materiales, renta de equipo.
En zonas donde el empleo formal escasea —como Jalapa o Jonuta— estas obras se convierten, al menos durante unas semanas, en la única fuente de ingreso sostenido para decenas de trabajadores.
El INEGI probablemente no los cuente. Muchos no cotizan al IMSS, no tienen contrato formal ni recibo de nómina. Pero la realidad es concreta: hay una paga, hay una tarea, hay producción. Son empleos de ciclo corto, pero cumplen su función económica en el entorno inmediato. La paradoja es que el Estado ha logrado generar empleo sin aumentar la burocracia, ni inflar nóminas públicas. Lo ha hecho a través del concreto y el trabajo en campo.
Hoy anunciamos en Conferencia de Prensa los avances en obra pública. Estamos construyendo caminos, escuelas, sistemas de agua potable, alumbrado y más.
— JAVIER MAY (@TabascoJavier) June 24, 2025
Cada peso del pueblo se invierte con responsabilidad para construir un #Tabasco más moderno, justo y digno para todas y todos. pic.twitter.com/TR38AS4YuZ
La política de obras públicas del gobierno de Javier May se ha concentrado en la capilaridad: menos megaproyectos, más infraestructura barrial, comunitaria, funcional. Y aunque no parezca espectacular en los noticiarios, sí lo es en los números.
En seis meses, la obra pública en Tabasco ha creado más empleos que algunas de las industrias locales más consolidadas. El dato no es menor: más de 13 mil tabasqueños han trabajado este año en la transformación física del estado. Aunque no tengan patrón, y aunque no aparezcan en las cifras.
EL NUEVO JORNAL CAMPESINO
En el campo tabasqueño hay jornales que no dependen del patrón ni del clima. Son ingresos fijos, mes a mes, entregados a quienes siembran árboles, restauran parcelas o mantienen sistemas agroforestales vivos. Se pagan puntuales. Y no, no son subsidios de emergencia ni dádivas asistencialistas. Son sueldos rurales, parte de una política pública de empleo productivo que ya moviliza a más de 26 mil personas en el estado.
Desde enero, el gobierno de Tabasco puso en marcha su propia versión de Sembrando Vida: un programa estatal inspirado en el modelo federal, pero con presupuesto local. Cada sembrador inscrito recibe 5,000 pesos mensuales por establecer cultivos maderables, frutales o sistemas mixtos en su parcela. A junio de 2025, el padrón estatal alcanzó los 6,005 beneficiarios activos, con miras a llegar a 20,000 en agosto. La inversión acumulada en pagos directos ronda los 116 millones de pesos en apenas seis meses.
En paralelo, opera la vertiente federal de Sembrando Vida, que desde 2019 mantiene un padrón robusto en Tabasco. A diferencia del modelo estatal, aquí el jornal mensual es de 6,450 pesos y los beneficiarios deben cumplir con metas de producción, siembra, limpieza de áreas reforestadas y mantenimiento de biofábricas. Según datos disponibles, el programa federal mantiene activos a cerca de 20 mil sembradores en el estado, con una derrama económica superior a 580 millones de pesos en este primer semestre.
El presupuesto que sí da trabajo
Tabasco destina en 2025 más de 3,100 millones de pesos en obra pública y otros 700 millones en programas sociales con enfoque productivo. La cifra es inédita si se considera que, a diferencia de ejercicios anteriores, el grueso del gasto no va a gasto corriente, ni a plazas administrativas, sino a proyectos que, aunque dispersos y de ejecución local, producen ocupación directa.
Cada millón de pesos invertido en obras genera, según estimaciones de la propia SOTOP, entre 4 y 7 empleos directos e indirectos, según el tipo de acción. Pero los números más claros vienen de los programas:
• Sembrando Vida estatal entrega $5,000 mensuales a más de 6,000 productores.
• Pescando Vida paga la misma cantidad a 2,500 pescadores.
• Crédito Ganadero otorga bienes por hasta $280,000 pesos a cada pequeño productor.
• Tandas para la Mujer dispersó $3.75 millones en microcréditos solo en mayo.
Si se suma lo ejecutado en el primer semestre, el gobierno de Javier May ha transferido directamente a trabajadores tabasqueños más de mil millones de pesos en programas con lógica de empleo. A diferencia de apoyos asistenciales, estos no pagan por ser vulnerable, sino por hacer.
Sumados, ambos programas sostienen con ingreso mensual a al menos 26 mil tabasqueños que trabajan la tierra. Y aunque sus nombres no aparecen en el IMSS, su situación económica es tangible: tienen una fuente de ingresos asegurada, herramientas básicas, una bitácora de actividades productivas y acompañamiento técnico. Es, en los hechos, un empleo con dignidad, pero sin etiqueta estadística.
El giro conceptual no es menor. Por años, el empleo en el campo estuvo atado a la temporalidad de la zafra, al coyotaje o al jornal precario. Hoy, en buena parte del territorio rural, se está construyendo una nómina agroforestal con fondo público, que no promete riqueza, pero sí permanencia. La lógica no es asistencial sino estratégica: se paga por producir, por restaurar, por sostener un ecosistema económico mínimo.
La apuesta del gobierno —tanto federal como estatal— es que sembrar árboles, al mismo tiempo que se obtiene ingreso, puede ser más que una política ambiental: puede ser una política laboral de largo aliento. Aunque aún falta evaluación y resultados, lo cierto es que miles de familias han encontrado en ese jornal su principal fuente de subsistencia. Y aunque el INEGI los catalogue como “población no económicamente activa”, el calendario de pagos y el trabajo en campo dicen lo contrario.
DE LA RIBERA AL AUTOEMPLEO
Hasta hace poco, en la pesca ribereña de Tabasco había dos certezas: la temporada manda, y el ingreso escasea. Hoy, un tercer factor ha alterado esa ecuación: el Estado. En 2025, el gobierno de Tabasco puso en marcha el programa Pescando Vida, una estrategia que replica el modelo agroforestal de Sembrando Vida, pero trasladado al entorno acuático. El resultado: 2,500 pescadores ahora cobran un jornal fijo de 5,000 pesos mensuales, sin importar si hay o no camarón.
El programa inició en marzo y tuvo un arranque progresivo: en abril, unos 800 beneficiarios comenzaron a recibir su ingreso; en mayo se superaron los 2,000 registrados y en junio la meta del año se alcanzó por completo. Se dispersaron pagos por al menos 25 a 30 millones de pesos en el segundo trimestre, beneficiando a comunidades pesqueras de Jonuta, Centla, Paraíso, Cárdenas, Emiliano Zapata y Nacajuca.
Pero Pescando Vida no es sólo un programa de transferencias. Incluye capacitación, jaulas flotantes, repoblamiento con alevines y asistencia técnica. La visión es clara: que el pescador no dependa exclusivamente de la captura silvestre, sino que desarrolle una unidad productiva autosustentable en su propia laguna o estanque. Es un salto del extractivismo a la acuicultura, con capital inicial proporcionado por el Estado.
¿Por qué el INEGI no los cuenta?
La paradoja del empleo en Tabasco no es que no exista, sino que no se registra donde debería. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), solo contabiliza como “población ocupada” a quien realiza una actividad económica en una semana de referencia y cumple ciertos criterios de ingreso o contrato.
Así, muchos sembradores de programas federales y estatales, pescadores con jornal, microempresarias con tanda o ganaderos con novillonas no son clasificados como “ocupados”, sino como “población no económicamente activa”, o incluso como “personas en condiciones de informalidad”. El problema no es semántico: las políticas públicas crean empleo, pero la estadística no lo reconoce.
Expertos del propio INEGI reconocen que la clasificación responde a estándares internacionales y que se requieren nuevos instrumentos para medir el trabajo vinculado a programas sociales productivos. Hasta hoy, sólo el IMSS registra empleo formal, y solo la Secretaría de Bienestar contabiliza beneficiarios de programas. El cruce entre ambas bases es débil.
Si miles de tabasqueños trabajan, cobran, producen y consumen gracias al apoyo estatal, no medirlos es una forma de negar su existencia laboral. Toca al Estado replantear cómo define —y valora— el empleo.
En términos de empleo, el programa es directo: 2,500 personas con una actividad económica diaria, un ingreso asegurado, y una estructura de producción en construcción. No hay patrón. No hay empresa. Pero hay trabajo, insumos, planeación, venta futura. Es una forma de empleo sin ficha ni reloj checador, pero con resultados económicos mensurables
En Centla, donde se concentra uno de los núcleos más numerosos, los beneficiarios ya comenzaron a construir viveros acuícolas. En Jonuta, se proyecta un sistema de cooperativas. En Paraíso y Nacajuca, la idea es combinar el programa con rutas de comercialización local. En términos sociales, el cambio es doble: se reduce la dependencia de programas asistenciales tradicionales y se estimula una economía productiva ligada al territorio.
Como ocurre con otros jornales rurales del nuevo modelo tabasqueño, estos pescadores no aparecerán en la Encuesta Nacional de Ocupación. Pero su impacto se nota en los márgenes: hay menos presión por subsidios de emergencia, más rotación de efectivo en comunidades ribereñas, y más control de los tiempos por parte del pescador. Trabajan más, y viven un poco mejor. Todo sin patrón, pero con proyecto.
CRÉDITO GANADERO, LA INVERSIÓN EN VAQUILLAS
A simple vista, no parece un programa de empleo. No hay nómina, ni cheque mensual, ni uniforme institucional. Pero en el fondo, lo es. El Crédito Ganadero a la Palabra, que en 2025 retomó impulso bajo el gobierno estatal, ha puesto en manos de al menos 720 pequeños ganaderos tabasqueños el capital productivo necesario para convertir su hato en un ingreso sostenible. No se les dio dinero: se les entregaron animales vivos, con el compromiso de devolver el equivalente en especie cuando el ciclo productivo lo permita.
En junio, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario reportó la entrega de 5,200 novillonas y 520 sementales en el municipio de Macuspana, una de las zonas ganaderas más activas del estado. Pocos días después, otros 2,000 semovientes comenzaron a distribuirse en Emiliano Zapata, con una lógica idéntica: fortalecer la capacidad de reproducción y engorda del pequeño productor. En promedio, cada beneficiario recibió un paquete ganadero valuado en 280,000 pesos, incluyendo el respaldo técnico y la plantación de árboles maderables para sistemas silvopastoriles.
La inversión pública acumulada en este primer semestre supera los 200 millones de pesos, de un total proyectado de 900 millones en 2025. La meta estatal es clara: 3,330 ganaderos apoyados en el año, con una visión de largo plazo hacia los 10,000 beneficiarios en el sexenio.
En términos laborales, cada paquete entregado representa la activación o expansión de una unidad productiva familiar. Significa más horas de trabajo en campo, más rotación económica en comunidades rurales, más cuidado de pastizales, más producción de leche o carne, más traspatio activo. No hay patrón, pero hay compromiso. No hay ingreso inmediato, pero sí capital productivo que genera actividad constante.
A diferencia de los programas de jornal, este es un modelo de empleo diferido: se trabaja hoy con la expectativa de obtener utilidad en los próximos meses. Pero en el presente ya hay ocupación, tareas diarias, y un nuevo objetivo: que el hato entregado prospere. Es empleo sin salario, pero con sentido económico directo.
Políticamente, el programa también apunta a reconstruir una narrativa antigua: la del productor que no necesita dádivas, sino herramientas. Que no pide dinero, sino ganado. Que se compromete a devolver. Y que puede sostener su empleo con lo que la tierra —y ahora el Estado— le ha puesto en las manos.
TANDAS PARA ELLAS, INGRESO PARA TODA LA CASA
En mayo de 2025, el gobierno estatal arrancó la primera fase de su programa de microcréditos para mujeres emprendedoras, bajo el nombre Tandas para la Mujer. El esquema es sencillo pero efectivo: un apoyo inicial de 5,000 pesos sin intereses, con pagos mensuales de 500 pesos, y la posibilidad de acceder a montos mayores conforme se va cubriendo la deuda. A diferencia de otros programas, éste no parte del campo ni de la ribera, sino de la economía del hogar.
Las primeras 750 beneficiarias recibieron sus tarjetas en municipios como Huimanguillo, y usaron el recurso para arrancar o fortalecer negocios que van desde tiendas de abarrotes, cocinas económicas, venta de ropa, cosméticos o producción artesanal. La inversión total en esta primera etapa fue de 3.75 millones de pesos, entregados directamente a mujeres entre 30 y 59 años. No se les pidió aval. Sólo una idea clara y la disposición de trabajar por cuenta propia.
El programa, inspirado en los antiguos esquemas federales de tandas para el bienestar, tiene un diseño progresivo: una mujer que paga su primera tanda puede acceder a una segunda de 10,000, luego a otra de 15,000, hasta llegar a 50,000 en ciclos posteriores. El objetivo: construir autonomía económica paso a paso, sin sobreendeudar a quienes nunca han tenido acceso al crédito formal.
En términos de empleo, el impacto es inmediato. Cada tanda representa un autoempleo activado o consolidado. Son proyectos pequeños, sí, pero reales: una venta de comida en la entrada de la casa, una costurera que puede comprar su primera máquina, una comerciante ambulante que ahora tiene inventario. Para muchas, ese ingreso es el principal de la familia.
A diferencia de otros programas, aquí no hay un “patrón” público. La mujer es al mismo tiempo empleadora y empleada de sí misma. Pero detrás del pequeño negocio hay un respaldo estatal que permite que el primer paso sea posible. Y en los márgenes de la estadística laboral, eso también es empleo: no asalariado, no formal, pero sí esencial.
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Hasta el cierre del segundo trimestre, el programa proyecta alcanzar 10 mil mujeres en todo el estado. Si se cumple, estaríamos hablando de 10 mil fuentes de ingreso directo, creadas sin construir una sola oficina, ni contratar personal, ni firmar convenios empresariales. Sólo con confianza y transferencia. Y con la certeza de que detrás de cada tanda, hay una economía doméstica respirando un poco mejor.
EL TRABAJO QUE NO CUENTAN
La suma no es menor. Al cierre del primer semestre de 2025, más de 28 mil tabasqueños han recibido ingresos directos gracias a obras públicas o programas de desarrollo económico. Son trabajadores de pala y concreto, sembradores de árboles, pescadores con jaula flotante, ganaderos con vaquillas recién entregadas, mujeres que pusieron una mesa para vender tamales o coser ropa. Ninguno aparece en el IMSS. Muy pocos, en el SAT. Y sin embargo, todos trabajan.
Lo que ocurre en Tabasco es una forma emergente de empleo: una economía del trabajo financiada por el Estado, pero sin patrón ni plaza fija. Una modalidad que no encaja del todo en los instrumentos de medición oficiales, pero que existe con toda su materialidad: hay horas de trabajo, tareas asignadas, pagos, producción, circulación de recursos y consumo local.
Durante años, la discusión política se centró en si los programas sociales eran dádivas o inversión. La evidencia de este semestre sugiere otra lectura: cuando el gasto social se traduce en trabajo, se convierte también en economía. En Tabasco, miles de personas que antes dependían del ingreso estacional, informal o de subsidios pasivos ahora cuentan con una ocupación estable —aunque precaria— y con el respaldo de una política pública estructurada.
El modelo no está exento de riesgos: es vulnerable al clientelismo, a la opacidad, a la inercia. Y está todavía lejos de consolidar cadenas de valor que garanticen autonomía real. Pero en su diseño y aplicación, hay algo disruptivo: el gobierno está creando empleo sin inflar su propia nómina ni simular inversión privada. Está sosteniendo territorios donde el mercado no llega, y lo hace con jornales, animales, microcréditos o insumos que activan unidades productivas de pequeña escala.
La pregunta no es si esto debe seguir. La pregunta es si estamos dispuestos a contar como empleo lo que ya es trabajo, aunque no tenga prestaciones, sindicato o código fiscal. Si el país sigue midiendo su recuperación solo por los empleos formales, entonces buena parte de lo que pasa en Tabasco —y en otros estados con economías similares— seguirá siendo un esfuerzo invisible.
Y sin embargo, ahí está: concreteando calles, sembrando hectáreas, repoblando estanques, ordeñando ganado, vendiendo panuchos desde una tanda. Produciendo lo que nadie ve, pero todos necesitan.
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