El litigio que el PRD interpuso contra los informes trimestrales del gobernador Javier May Rodríguez no solo fue un trámite legal, sino un intento de abrir un debate mayor: ¿hasta dónde la rendición de cuentas puede ser vista como propaganda, y en qué punto la política se confunde con la comunicación?
La resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), que declaró inexistente la supuesta promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, no es un fallo cualquiera. Es, en el fondo, un pronunciamiento sobre el modo en que los gobiernos actuales entienden la obligación de informar.
El caso, que llegó incluso a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pone bajo la lupa una práctica que May ha adoptado como distintivo: los informes periódicos, cada tres meses, en los que expone avances de obra, programas y finanzas frente a la ciudadanía. Lo que para el gobernador es un ejercicio de transparencia, para la oposición perredista es una plataforma encubierta de promoción política.
El Consejo Estatal del #IEPCTabasco, llevó a cabo una Sesión Extraordinaria en el que el pleno del Consejo aprobó la resolución que declara la inexistencia de propaganda gubernamental atribuible al Gobernador de Tabasco, en cumplimiento a la sentencia de la pic.twitter.com/bLgFV614y2
— IEPC Tabasco (@IEPCTabasco) August 22, 2025
EL ORIGEN DE LA DISPUTA
El 7 de abril, en el Teatro Esperanza Iris de Villahermosa, May encabezó su primer informe trimestral de 2025. La dirigencia del PRD tabasqueño, encabezada por Rafael Acosta León, reaccionó de inmediato: acusó al mandatario de incurrir en “promoción personalizada con recursos públicos” y de violentar el principio constitucional de que los informes deben rendirse anualmente ante el Congreso, con glosa de secretarios.
El partido amarillo incluso habló de un intento de May por proyectarse rumbo a elecciones intermedias, insinuando que los informes podían ser la antesala de una candidatura futura. Como respuesta política, organizó un “contra informe” en el que descalificó la gestión estatal y subrayó presuntas deficiencias en seguridad, salud y economía.
EL FALLO DEL ÁRBITRO LOCAL
Tras semanas de trámite, el IEPCT resolvió en primera instancia la inexistencia de la infracción. El PRD recurrió a la Sala Xalapa del TEPJF, que ordenó al órgano local revisar y modificar su resolución. Este jueves, en sesión extraordinaria, el Consejo del IEPCT ratificó la no existencia de propaganda gubernamental encubierta, ajustando su resolución a la sentencia federal.
El resultado fue interpretado en el círculo político como un espaldarazo a la estrategia de comunicación de May: el gobernador puede seguir informando trimestralmente, siempre que mantenga el carácter institucional de los eventos.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Más allá del alegato legal, el episodio refleja una disputa por el control de la narrativa pública en Tabasco. La oposición busca poner un alto a un formato que, por su recurrencia y despliegue mediático, multiplica la exposición del gobernador. El oficialismo, en cambio, defiende que en tiempos de exigencia social, el gobernante no debe hablar una vez al año, sino cada trimestre.
La paradoja es evidente: lo que la oposición acusa como “exceso de presencia”, la sociedad puede valorar como rendición permanente de cuentas. En ese filo se mueve la resolución electoral.
LECTURA POLÍTICA
El desenlace tiene un componente político inevitable: el PRD en Tabasco es un partido disminuido, sin capacidad de traducir denuncias en votos. Su ofensiva legal parece más un intento de reposicionamiento que una estrategia con posibilidades reales de frenar al gobernador.
Para May, en cambio, el fallo se convierte en un aval institucional para su narrativa de gobierno: el ejercicio trimestral no es propaganda, es información pública. Con ello, gana margen para sostener su estrategia de comunicación y fortalece la idea de que su administración privilegia la transparencia y la cercanía con la gente.
El caso no cierra la discusión de fondo: la frontera entre comunicación gubernamental y propaganda electoral es difusa, y seguirá siéndolo. Pero en el tablero político de Tabasco, el saldo inmediato es claro: May mantiene su derecho a informar trimestralmente y la oposición, debilitada, se queda con un alegato que no prosperó en los tribunales.
La sentencia es más que un documento jurídico: es el reconocimiento de que la legitimidad también se disputa en el terreno de la información.
CLAVES DEL DEBATE
- Tema central: ¿Informar es gobernar o promocionarse?
- Resolución: No hubo promoción personalizada.
- Impacto: May gana respaldo institucional a su estrategia de informes.
- Oposición: El PRD buscó reposicionarse con una denuncia fallida.
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