Algo se rompió en Palacio Nacional el 15 de julio. Por primera vez desde que estalló el escándalo, el gobierno federal aceptó en voz alta lo que durante semanas solo había circulado en los pasillos del poder: que Hernán Bermúdez Requena, exjefe policiaco de Tabasco y prófugo internacional por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, es un expediente que ya no puede ser contenido en lo local.
Pero lo que se dijo —y lo que no— reveló algo más profundo: la tensión que se vive al interior del poder cuando un caso incómodo amenaza con alcanzar a quien no se puede tocar.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo expresó en voz firme: “No se protege a nadie”. Pero de inmediato marcó distancia: aclaró que su gobierno no tiene abierta ninguna investigación contra el senador Adán Augusto López Hernández —quien designó, ascendió y sostuvo a Bermúdez durante años—, y que en su caso será “la fiscalía la que determine lo que corresponda”.
La frase parecía cerrar un capítulo. Pero en realidad abría otro: el del silencio institucional ante el verdadero eje del caso.
Pocas horas después, en Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez adoptó el mismo tono: dijo que no hablará más públicamente del asunto, y que será la Fiscalía General del Estado —y, en su caso, la FGR— quienes conduzcan el proceso. “Nosotros no somos quiénes para investigar ni para perseguir. Le corresponde a las instancias correspondientes”.
Y entonces ocurrió lo que en política también tiene su lenguaje: todos cerraron filas.
Ese mismo día, un documento del Gabinete de Seguridad federal confirmó la existencia de una ficha roja activa de Interpol para localizar a Bermúdez, quien salió del país el 26 de enero de 2025, semanas antes de que se girara la orden formal de aprehensión. La búsqueda es internacional. El expediente, oficialmente federal. El silencio, estrictamente político.
Pero aún con esa formalidad, una muralla sigue en pie: no hay ni una sola investigación abierta contra el hombre que lo nombró, lo protegió y lo sostuvo en el cargo durante todo su sexenio.
Y esa omisión, en sí misma, es la pista más clara de hasta dónde sí… y hasta dónde no.
LO QUE YA CAMBIÓ
Tabasco no es el mismo. Y no solo porque el exjefe policiaco más poderoso del sexenio anterior hoy es prófugo internacional. Sino porque la lógica del encubrimiento que antes lo protegía ya no está activa.
El mensaje no ha sido gritado. Pero está ahí, en la línea institucional que ha marcado el gobierno de Javier May Rodríguez desde el inicio de su gestión: una ruptura con el pasado, ejecutada sin estridencias, pero con efectos visibles.
Desde octubre de 2024, se ha iniciado una depuración silenciosa pero profunda. Más de 200 elementos han sido separados de las corporaciones por no aprobar controles de confianza o por estar bajo sospecha de vínculos con redes criminales. Una cifra que en otros tiempos habría generado protestas corporativas y presiones políticas. Hoy no.
La limpieza ha alcanzado mandos medios y bajos, especialmente en regiones como Cárdenas, Huimanguillo y Centro, donde “La Barredora” tejió una estructura de protección institucional. Pero esta vez, a diferencia de lo que ocurría bajo el mando de Bermúdez, nadie la ha frenado desde arriba.
El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, dio en el centro del argumento cuando dijo: “Ahora sí está saliendo la pus”. No se refería solo al exsecretario prófugo. Se refería al sistema que lo blindaba.
En otras palabras: el caso Bermúdez no ha sido frenado desde el poder. Y en un país donde los expedientes de alto perfil suelen congelarse en el momento en que rozan a un aliado político, eso ya marca una diferencia.
La narrativa oficial también ha cambiado. Ya no se repite —como hizo Bermúdez en su momento— que “La Barredora es inexistencial”. Ahora se reconoce que el problema no solo fue la delincuencia, sino su normalización dentro del aparato estatal.
Eso no significa que el caso esté resuelto. Pero sí que el gobierno actual ya no lo protege. Y ese solo hecho ya lo aleja de sus antecesores.
EL MURO DE IMPUNIDAD
La justicia ha comenzado a moverse. Hay una ficha roja activa. Hay una carpeta de investigación abierta. Hay un objetivo internacionalmente buscado. Pero aun así, hay una línea que nadie, hasta ahora, se ha atrevido a cruzar.
El senador Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, sigue siendo un personaje intocable en la narrativa oficial. Fue él quien designó a Hernán Bermúdez Requena como vicefiscal, luego como jefe de la Policía de Investigación, y finalmente como secretario de Seguridad.
Fue él quien lo sostuvo en el cargo durante todo su sexenio. Y fue bajo su gestión cuando el crimen organizado tomó control de zonas enteras del aparato de seguridad estatal.
Sin embargo, no existe hasta ahora una sola investigación que lo involucre directa o indirectamente.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática: “No se protege a nadie”. Pero también fue clara: su gobierno no investiga a Adán. “Eso le corresponde a las fiscalías”, dijo, en lo que pareció más un deslinde político que un compromiso de fondo.
La oposición ha exigido que el senador pida licencia para permitir una investigación transparente. “Si hubiera la mínima decencia, debería desprenderse del fuero”, dijo Marko Cortés, dirigente nacional del PAN. Pero hasta ahora, nadie en el Senado ha respondido. Ni él. Ni sus aliados.
En los hechos, se ha levantado un muro: un blindaje político sostenido no con discursos, sino con omisiones. Y ese blindaje no es accidental. Tiene una lógica: permitir que la justicia avance, siempre y cuando no toque el núcleo del poder político que hizo posible la red criminal.
El caso Bermúdez se está resolviendo en los márgenes. Pero el epicentro —el punto donde se originó el poder que lo sostuvo— sigue, hasta hoy, fuera de toda revisión.
La impunidad no siempre se dicta. A veces se administra.
EL SISTEMA NO CAE SOLO
Hernán Bermúdez Requena no es una anomalía. Es el producto más visible de una lógica de poder que atravesó sexenios, colores partidistas y pactos silenciosos. No llegó solo, ni por méritos propios. Fue construido, impulsado, protegido… y sostenido por una red que lo volvió indispensable.
Su carrera pública comenzó en 1992, bajo el gobierno priista de Manuel Gurría Ordóñez, respaldado por Carlos Hank González. Sirvió también a Roberto Madrazo Pintado —cuya administración favoreció con contratos a su hermano, Humberto Bermúdez— y a Manuel Andrade Díaz, con quien consolidó su cercanía con el entonces procurador Jaime Lastra Bastar.
En ese periodo se conformó un eje que operaría con eficacia quirúrgica durante más de treinta años: Adán–Lastra–Bermúdez. El triángulo sobrevivió al PRI, se recicló en el Verde, y se mimetizó con Morena. Las siglas cambiaban. El sistema no.
Cuando Adán Augusto López Hernández llegó al gobierno en 2018, no solo lo rescató del aparato judicial: lo colocó al frente de la Policía de Investigación y luego lo ascendió a secretario de Seguridad. Desde ahí, Bermúdez no solo ejerció poder operativo: consolidó alianzas, repartió favores, construyó lealtades. Y como en todo régimen que se repite, también blindó su impunidad futura.
Su red no se limitaba a mandos policiacos. Incluía a su hermano contratista, a medios que lo cubrían con silencio cómplice, a políticos que lo presentaban como “el policía que no se metía con nadie” y a operadores territoriales que garantizaban presencia —y obediencia— en las zonas más calientes del estado.
Era una pieza que hacía funcionar al sistema, no una amenaza para él. Su lealtad estaba por encima de la ley. Por eso sobrevivió a filtraciones, a reportes de inteligencia, a las advertencias del Ejército. Porque en esa estructura, cuestionar a Bermúdez era cuestionar a quien lo sostenía.
Ahora que ese sistema empieza a derrumbarse, su figura aparece como el símbolo más visible. Pero si algo revela este caso, es que el sistema no cae solo. Solo cae cuando se decide que ya no sirve.
FICHA ROJA, NOMBRE GRIS
La justicia internacional lo hizo oficial. El 15 de julio, el Gabinete de Seguridad federal confirmó que Interpol activó una ficha roja contra Hernán Bermúdez Requena. Su búsqueda dejó de ser un asunto de reportajes y filtraciones: se convirtió en una operación transnacional respaldada por agencias de inteligencia.
Pero mientras el mundo lo persigue, en México, el sistema sigue evitando decir su verdadero apellido político.
La cronología, corregida por el propio gobierno federal, revela que Bermúdez abandonó el país el 26 de enero de 2025, por el estado de Yucatán, rumbo a Panamá, luego a España y finalmente a Brasil. La carpeta de investigación se abrió en ese mismo momento. Pero la orden de aprehensión no se giró sino hasta semanas después, en febrero. La ficha roja, hasta julio.
El retraso no fue solo procesal. Fue político. Durante semanas, nadie quiso admitir que uno de los hombres más poderosos del aparato de seguridad en el sur del país había desaparecido.
El comandante de la 30ª Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, rompió el silencio: confirmó la ruta de fuga y sugirió que alguien lo ayudó a salir. Pero incluso con ese dato confirmado, ninguna autoridad ha investigado quién lo protegió en las horas clave.
Es ahí donde la omisión se vuelve escándalo: la justicia internacional lo rastrea por presuntos nexos con el crimen organizado, pero en México, ni una sola autoridad ha citado, cuestionado o siquiera nombrado públicamente a quien lo sostuvo políticamente durante más de seis años.
El nombre de Hernán Bermúdez figura ya en los sistemas de Interpol.
El de su verdadero jefe, sigue en gris.
EL TOPE QUE NO LLEGA
Desde el inicio de su gobierno, Javier May Rodríguez prometió una cosa: que en Tabasco la justicia llegaría hasta donde tope. Y lo ha repetido, con voz baja, pero sin rodeos. La frase ha guiado su política de seguridad, y también la depuración institucional que ha permitido exponer —sin confrontaciones públicas— la red que sostuvo a Hernán Bermúdez Requena durante años.
En los hechos, esa promesa ha comenzado a cumplirse: hay investigaciones abiertas, más de 200 elementos separados, estructuras desmanteladas y un mensaje claro desde el gabinete estatal: el poder ya no protege a los suyos cuando cruzan la línea.
Pero justo en el punto más alto del caso, cuando la investigación podría tocar al responsable político de esa estructura, todo se detiene.
La ficha roja de Interpol existe. El exsecretario está prófugo. Las declaraciones del Ejército están documentadas. El Gabinete de Seguridad ha confirmado la ruta de fuga. Y la Fiscalía ya investiga. Pero nadie ha pronunciado el nombre de quien lo sostuvo durante seis años en el poder.
El gobierno federal se deslinda. El Senado guarda silencio. Morena no emite postura. Y el propio Adán Augusto López Hernández no ha dicho una sola palabra.
El caso Bermúdez ya no es un tema policiaco. Es un caso político. Un espejo que no solo refleja a Tabasco, sino la capacidad real de la Cuarta Transformación para romper con los vicios que heredó… o para reciclarlos cuando conviene.
La frase “hasta donde tope” sigue vigente.
Pero el país ya empieza a preguntarse si ese tope tiene nombre… y curul.
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