Tabasco registró en 2024 el mayor deterioro en su nivel de paz en el ámbito nacional, de acuerdo con el más reciente Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
En solo un año, la entidad pasó del 8º al 21º lugar en la clasificación nacional de paz, siendo la caída más pronunciada entre las 32 entidades federativas. Este cambio no fue meramente estadístico; reflejó un colapso generalizado en los indicadores clave de seguridad pública.
Entre los datos más relevantes, el IPM reporta que los homicidios dolosos en Tabasco se triplicaron, al pasar de 271 víctimas en 2023 a 921 en 2024, una cifra sin precedentes recientes.
Los delitos cometidos con armas de fuego también aumentaron de forma alarmante, con una tasa que subió de 12.6 a 33.6 por cada 100 mil habitantes. Asimismo, se documentó un repunte importante en los delitos de narcomenudeo, lo que sugiere una reconfiguración del control criminal y una mayor fragmentación del mercado local de drogas.
Este deterioro en la seguridad pública de Tabasco no respondió a una tendencia nacional, sino a una crisis localizada. Mientras otras entidades del sureste como Campeche y Yucatán mantuvieron o mejoraron sus niveles de paz, Tabasco enfrentó un colapso coincidente con eventos institucionales y de seguridad específicos.
Este análisis revisa, con base en hechos verificados, cifras y fechas, los factores que explican este quiebre sin recurrir a interpretaciones especulativas.
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
Durante el periodo 2015–2023, Tabasco mostró una evolución favorable en seguridad pública, respaldada por los reportes anuales del IPM. Aunque al inicio se registraban altas tasas de robos con violencia y delitos patrimoniales, los años siguientes evidenciaron reducciones sostenidas, en particular en delitos violentos.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, Tabasco redujo los asaltos en 40 % y los robos en más del 65 %, lo que mejoró su posición en la clasificación nacional hasta alcanzar el 8º lugar en 2023.
En cuanto a homicidios dolosos, las cifras se mantuvieron estables. En 2023, la entidad registró 271 víctimas, cifra baja comparada con estados de perfil similar. La tasa de delitos con armas de fuego también era moderada: 12.6 por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional.
Este periodo de avance coincidió con la continuidad institucional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Hernán Bermúdez Requena desde diciembre de 2019. Bajo las administraciones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, se consolidó una narrativa oficial centrada en la coordinación con el gobierno federal y en la disminución de delitos de alto impacto.
Hasta 2023, Tabasco mostraba mejores niveles de paz relativa que entidades vecinas como Quintana Roo o Chiapas, fortaleciendo la percepción de estabilidad en el sur del país. Esa tendencia cambió de forma abrupta en 2024.
RUPTURA EN 2024
El año 2024 marcó el punto de quiebre más severo en los niveles de paz en Tabasco. El IPM documenta un colapso abrupto y multicausal en todos los indicadores principales.
El primer hecho relevante ocurrió en diciembre de 2023, con la disolución del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo controlaba zonas estratégicas para el narcomenudeo y el tráfico de migrantes. Su desintegración generó un vacío de poder que detonó enfrentamientos violentos entre células criminales.
A inicios de 2024, la entidad vivió una ola de homicidios, robos violentos y ataques armados, especialmente en Villahermosa y su zona metropolitana. El entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, presentó su renuncia en enero.
En febrero, Víctor Hugo Chávez asumió como nuevo titular de la SSPC, en un entorno ya desbordado por la violencia. Para entonces, la tasa de homicidio había superado las 35 víctimas por cada 100 mil habitantes, y los delitos con armas de fuego crecieron más de 160 %. También se registró un incremento sostenido en delitos de narcomenudeo, reflejo de una fragmentación criminal activa.
A diferencia de otras entidades con deterioros graduales, el caso Tabasco destaca por la rapidez y profundidad del colapso, ligado a eventos institucionales claramente identificables.
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
La responsabilidad institucional en esta crisis no se basa en presunciones, sino en la correspondencia entre decisiones políticas, relevos administrativos y el deterioro documentado.
Tras la salida de Adán Augusto López en 2021, la gubernatura fue asumida por Carlos Merino, quien permaneció en el cargo hasta septiembre de 2024. Durante ambos gobiernos, Hernán Bermúdez encabezó la SSPC, siendo responsable tanto del periodo de mejora como del inicio de la crisis.
En enero de 2024, tras una serie de hechos violentos, Bermúdez renunció. Pocos días después, voceros del nuevo gobierno sugirieron posibles tolerancias institucionales hacia estructuras delictivas, sin hacer acusaciones directas.
El nuevo gobernador, Javier May Rodríguez, asumió en octubre de 2024, aunque el relevo en el equipo de seguridad se produjo desde febrero. Para entonces, los indicadores de violencia ya habían alcanzado niveles críticos.
La evidencia indica que el colapso ocurrió durante la gestión interina de Carlos Merino, con un mando de seguridad que fue sustituido tras el inicio de la crisis. El gobierno entrante recibió una estructura de seguridad pública ya deteriorada y con limitada capacidad de respuesta inmediata.
COMPARACIÓN REGIONAL
El desplome de Tabasco en el Índice de Paz México 2024 contrasta con la evolución de otras entidades del sureste. Mientras Tabasco cayó 13 posiciones, estados vecinos mostraron estabilidad o mejora.
Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por octavo año consecutivo. Campeche subió del lugar 11 al 7 tras reducir homicidios y delitos con armas de fuego. Chiapas, aunque experimentó repuntes de violencia en zonas fronterizas por conflictos entre grupos criminales, se ubicó en cuarto lugar nacional.
En tanto, Quintana Roo conservó su bajo nivel de paz, pero sin alteraciones significativas. A diferencia de Tabasco, su situación crítica fue estable.
Este panorama confirma que el colapso en Tabasco respondió a factores internos específicos, y no a una tendencia compartida en la región. La ruptura institucional, la reconfiguración criminal tras la caída de La Barredora y la falta de alineación política entre mandos fueron elementos exclusivos de esta entidad.
ANÁLISIS TÉCNICO
Según el IPM 2025, Tabasco experimentó el mayor deterioro estatal en seguridad pública durante 2024. El aumento de homicidios dolosos (271 a 921) representa una variación de más del 240 %. Los delitos con armas de fuego subieron a 33.6 por cada 100 mil habitantes, y los de narcomenudeo también se dispararon.
El informe identifica como causa directa la disolución de la estructura criminal dominante, lo que provocó disputas violentas por el control territorial. No se trata de una especulación: el IPM lo documenta como detonante del colapso.
La transición política y el cambio tardío en la SSPC coincidieron con la pérdida del equilibrio informal que mantenía contenida la violencia. La evidencia sugiere que el modelo anterior no se sostenía solo en la acción estatal, sino también en un orden criminal no disputado.
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Cuando este equilibrio se rompió, el Estado carecía de mecanismos de respuesta inmediata. La violencia fue el resultado visible de vacíos operativos, políticos y territoriales.
CONCLUSIONES ANALÍTICAS
El caso de Tabasco en 2024, documentado por el Índice de Paz México 2025, confirma que la entidad vivió la peor crisis de seguridad pública en su historia reciente. Esta caída no obedeció a una tendencia general, sino a condiciones locales específicas.
Durante 2015–2023, Tabasco avanzó en varios indicadores clave, con reducción de delitos violentos y una narrativa oficial que atribuía el éxito a la coordinación institucional. Sin embargo, en 2024, tres factores confluyeron: la disolución de una estructura criminal dominante, el relevo abrupto en la SSPC y una transición política sin preparación.
El IPM muestra que la salida de La Barredora fue seguida de un repunte inmediato en homicidios y delitos violentos. Esto indica que el modelo anterior no se sustentaba exclusivamente en capacidades estatales, sino también en un equilibrio extralegal.
La lección es clara: sin institucionalidad, no hay estabilidad sostenible. Un modelo de seguridad basado en equilibrios externos al Estado es frágil. Cuando esos equilibrios colapsan —como ocurrió en Tabasco—, la violencia se vuelve inevitable.
El nuevo gobierno estatal enfrenta el reto de reconstruir una estrategia de seguridad basada en instituciones sólidas, sin tolerancias ni dependencias externas. El primer paso es reconocer lo que muestran los datos: el modelo anterior no resistió su propia inestabilidad.
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