BALANCÁN.— El verdadero arte de gobernar no reside en la imposición ni en la complacencia, sino en saber administrar los desacuerdos. En Tabasco, la gestión de la crisis del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos (ITSR), en Balancán, expuso con crudeza ese dilema: entre la exigencia social de justicia y la necesidad institucional de control, el gobierno de Javier May Rodríguez se enfrentó a un dilema tan común como definitorio.
A medio sexenio y con el termómetro social en ascenso, lo ocurrido en Los Ríos mostró que la gobernabilidad no siempre se ejerce desde el discurso, sino desde las decisiones difíciles.
El conflicto no fue menor ni espontáneo. Durante más de un mes, estudiantes, docentes y padres de familia mantuvieron un plantón en las instalaciones del tecnológico. Las denuncias eran de peso: acoso sexual, abuso de poder, corrupción, nepotismo.
La figura señalada: Iván Arturo Pérez Martínez, director del ITSR desde la administración anterior y cuya permanencia —según fuentes oficiales— se debía a que no habían concluido las auditorías sobre su gestión.
La tensión creció conforme avanzaban los días. El silencio oficial, al principio, alimentó el escepticismo. El clamor juvenil parecía rebotar contra los muros de la burocracia. Y cuando el gobierno estatal reaccionó, lo hizo en un doble registro: primero con un operativo de desalojo que desató críticas, y después con una medida que marcó el punto de inflexión: la renuncia voluntaria del director y el nombramiento de una nueva autoridad académica.
UNA DECISIÓN DE ESTADO
La sustitución de Iván Arturo Pérez no puede leerse de forma aislada. Se inscribe en un contexto donde las designaciones en educación superior han sido tradicionalmente objeto de negociación política.
CRONOLOGÍA DE LA CRISIS
1 de abril: Estalla el conflicto en el ITSR por denuncias estudiantiles.
15 de abril: Se intensifica el plantón con apoyo de padres de familia.
6 de mayo (mañana): Guardia Nacional desaloja instalaciones del plantel.
6 de mayo (tarde): Gobierno anuncia auditoría y salida del director.
7 de mayo: Mari Carmen Bravo es nombrada nueva directora general.
8 de mayo: Se reanudan actividades académicas con normalidad.
Pérez Martínez, sobreviviente administrativo del gobierno anterior, encarnaba un viejo estilo de conducción institucional, donde el poder se concentraba en la figura del director y se repartía entre lealtades personales.
Esa lógica, heredada y no corregida a tiempo, acabó colapsando frente a la presión estudiantil. El gobierno de Javier May, al parecer, esperó a que concluyeran las revisiones financieras antes de mover ficha. Pero el costo de esa espera fue alto: la narrativa gubernamental quedó expuesta a las acusaciones de encubrimiento, inacción y represión.
Lo que siguió fue una operación política milimétrica. Primero, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, anunció la inminente salida del director y el inicio de una auditoría. Después, en sesión extraordinaria, la Junta Directiva del Instituto designó a la Dra. Mari Carmen Bravo Guzmán como nueva directora general.
Una figura académica, sin vínculo con el pasado reciente del ITSR, que llega con el reto de recomponer la legitimidad institucional desde el saber y no desde el control.
ENTRE FUERZA Y ESCUCHA
El episodio más álgido del conflicto ocurrió el 6 de mayo. A petición de empresarios locales que denunciaban afectaciones económicas por el bloqueo, se desplegó un operativo conjunto entre la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
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El uso de gases lacrimógenos y el retiro forzado del plantón dieron pie a una ola de críticas. La respuesta oficial fue tajante: los manifestantes tenían presuntos explosivos, y el cierre de vialidades ya comprometía la estabilidad del municipio.
Aquí se dibujó una línea fina: el equilibrio entre orden público y protesta social. Mientras el Sindicato Nacional de Educación Superior acusó al gobierno de represión, y en redes sociales circularon videos de lo que calificaron como uso excesivo de la fuerza, la administración estatal buscó matizar la narrativa y explicar el contexto. No hubo detenciones, no hubo lesionados graves, y el operativo —dijeron— fue necesario.
La lectura más política del hecho es que el gobierno optó por cerrar el conflicto, no a balazos, sino a través de un relevo institucional que dejó claro que no habría impunidad, pero tampoco tolerancia al desgobierno. En la decisión de no prolongar más la gestión de Pérez Martínez se expresó una línea estratégica: preservar la autoridad, ceder el cargo.
UN NUEVO CICLO EDUCATIVO
La llegada de Mari Carmen Bravo Guzmán es, más que un relevo administrativo, un gesto político de reconstrucción. Académica de formación, con experiencia en docencia e investigación, su nombramiento rompe con la lógica de cuotas internas o vínculos partidistas. No es un perfil improvisado ni decorativo. Es, de fondo, una oportunidad para recobrar el sentido pedagógico del liderazgo escolar.
En tiempos donde la educación tecnológica enfrenta desafíos mayúsculos —vinculación, calidad, pertinencia, deserción—, la figura de Bravo Guzmán puede fungir como símbolo de un viraje institucional: uno en el que se recupere el protagonismo académico frente al deterioro administrativo. Su misión no será fácil: hereda una comunidad fracturada, un plantel bajo escrutinio y una administración aún bajo lupa.
Pero también llega con algo fundamental: la legitimidad de no ser parte del conflicto, ni producto de un arreglo, sino resultado de una decisión colegiada que busca recomponer el tejido académico e institucional del ITSR.
RENOVAR LA CONFIANZA PÚBLICA
El caso del Tecnológico de Los Ríos no es una anécdota aislada. Es un espejo de lo que puede pasar cuando las instituciones educativas son colonizadas por intereses personales y se rompe el equilibrio entre autoridad y legalidad. Pero también es un caso que muestra cómo un gobierno puede —y debe— corregir el rumbo cuando la presión social revela que algo no funciona.
El gobernador Javier May supo actuar, aunque lo hizo al borde del desgaste. No reaccionó en automático, ni gobernó con ocurrencias. Permitió que los canales institucionales operaran, aun a riesgo de perder simpatías en el corto plazo. Hoy, con el nombramiento de una nueva directora y la reactivación académica en el instituto, la apuesta es que la educación vuelva a ocupar el centro de la agenda, no la confrontación.
El desenlace de este conflicto ofrece una enseñanza: no basta con proclamar cercanía con el pueblo; hay que gobernar con eficacia, apertura y, cuando se requiera, humildad para corregir.
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