CDMX.— Cada mexicano carga, sin haberlo pedido, una parte de la deuda que dejó el rescate bancario de los noventa. A julio de 2026, los pasivos del IPAB superaban 1.165 billones de pesos, unos 8,964 pesos por cada habitante del país. Ahora la Presidenta propone algo que ningún gobierno cumplió: saber quiénes se quedaron con el dinero.
Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por abrir los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB, antes Fobaproa). El blanco inmediato tiene nombre: Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra y aspirante autodeclarado a la Presidencia.
El rescate que terminó en Elektra
En su conferencia matutina, la mandataria tomó la palabra al empresario. “Él dice que deben abrirse los archivos del IPAB; estaría muy bien”, afirmó. Enseguida preguntó al secretario de Hacienda si era factible hacerlo.
Además, detalló la operación que, a su juicio, engordó la fortuna del empresario. “Salinas y Rocha es una de las empresas rescatadas por el Fobaproa y se pagaron 4 mil 160 millones de pesos por ella; después, Elektra compra esas acciones a un valor mucho menor, por 77 millones”.
La compra fue en dólares, equivalentes a unos 500 millones de pesos de la época. Aun así, la brecha es enorme. “¿Cómo se rescata con un valor que paga el pueblo y luego se compra muy barato?”, cuestionó Sheinbaum.
Lo que pagó el Fobaproa contra lo que después pagó Elektra.
Si Hacienda abre el expediente, la cifra dejará de ser acusación de mañanera y se volverá documento.
Un video, un hijo y una candidatura
El choque no surgió de la nada. Sheinbaum recomendó el video en el que Andrés Manuel López Beltrán responde a los ataques en su contra y cuestiona el origen de la riqueza de Salinas Pliego. “Responde a las preguntas, pero además da una historia y le hace preguntas a él”, dijo.
Salinas Pliego, por su parte, niega haberse beneficiado del rescate. No obstante, la Presidenta sostuvo que el beneficio existió, “si no directo, indirecto”, porque la compra de la cadena impulsó la expansión de Elektra.
En este sentido, el pleito rebasa lo contable. En enero de 2026, Grupo Salinas se mostró dispuesto a pagar 51 mil millones de pesos en impuestos, tras fallos judiciales que ratificaron el adeudo. Ahora el terreno se desplaza al Fobaproa, y la mira apunta a 2030.
Por qué el Fobaproa sigue en la sombra
El Fobaproa se creó en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y convirtió deuda privada de la banca en deuda pública. Hasta abril de 2025, más de 945 mil millones de pesos habían salido del erario hacia el IPAB. Actualizada por inflación, la cifra supera los 2 billones.
Por ello, abrir los archivos no depende de una voluntad presidencial. La Ley de Instituciones de Crédito protege las operaciones de los clientes. La Ley General de Transparencia blinda, sin plazo, los secretos bancario, fiduciario y fiscal de particulares.
A eso se suma un antecedente incómodo. En 2005, la Suprema Corte resolvió a favor de Vicente Fox una controversia que impidió a la Auditoría Superior revisar las operaciones del Fobaproa.
Las normas y resoluciones que mantienen cerrados los expedientes del rescate bancario.
La llave está en el Congreso; la voluntad de usarla todavía no se ha visto.
Lo que cuesta seguir callando
Sin embargo, la puerta existe. El artículo 119 de la LGTAIP permite divulgar información confidencial sin consentimiento cuando una ley la declara pública. El Congreso, con mayoría oficialista, tiene la llave.
La vía judicial, en cambio, ha estado tapiada por una catarata de amparos. Mientras tanto, el rescate sigue cobrando factura en la banqueta.
Lo que alcanzaría a pagar en un año el presupuesto 2027 del IPAB.
Cada año de pago al IPAB es un año de bienestar que se queda en los bancos.
Con los 48 mil millones de pesos aprobados para el IPAB en 2027 podría cubrirse un año de casi un millón de pensiones para adultos mayores. También alcanzaría para contratar a más de 50 mil médicos familiares del IMSS.
Tres décadas de pagos por un rescate que todavía no termina de liquidarse.
Zedillo prometió liquidarlo en menos de 20 años; van casi 30 y el saldo sigue arriba del billón.
La pregunta de fondo es si la apertura alcanzará a todos los beneficiarios o solo al adversario de turno. El rescate tocó a decenas de grupos empresariales, no a uno. Si la transparencia es selectiva, el Fobaproa seguirá siendo lo que ha sido por tres décadas: una cuenta que paga la banqueta y cobra el penthouse.