Héctor I. Tapia
Una presentación fechada en julio de 2026 puso números a la oferta: el Instituto Nacional Electoral, todavía encabezado por Guadalupe Taddei, ofreció al órgano electoral de Tabasco tres sistemas y servicios tecnológicos cuyo costo conjunto para 2026 y 2027 ascendía a 10 millones 651 mil pesos. No era una estimación general. La lámina estaba dirigida expresamente al OPLE–Tabasco.
El documento de la Unidad Técnica de Servicios de Informática registraba al estado con tres rubros: Servicio Web del Registro de Precandidatos y Candidatos Locales, por 548 mil pesos en 2026 y 538 mil en 2027; Sistema de Voto Electrónico por Internet, por 2.203 y 5.481 millones; y Ciberseguridad, por 840 mil y 1.041 millones, respectivamente. Una nota al pie asentaba: “Seleccionó SNR, SIVEI y Ciberseguridad”.
La presión
Pero la presentación cuenta sólo una parte. Fuentes internas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aseguraron a El Tabasqueño que desde oficinas centrales del INE hubo insistencia para contratar los servicios ofrecidos. El IEPCT, señalan, no terminó adquiriendo el paquete completo, aunque estuvo cerca de aceptar uno: Ciberseguridad, cotizado para 2026 en 840 mil pesos.
La operación no se concretó. Y la secuencia importa: mientras aquella oferta avanzaba, a nivel nacional comenzaban a emerger cuestionamientos sobre proveedores, contrataciones y funcionarios vinculados con la administración de Taddei. Meses después, el proyecto de servicios tecnológicos sería frenado y el INE quedaría sumergido en una crisis que terminó con la renuncia de su presidenta.
LA CUENTA DEL INE
Tres servicios integraban la propuesta tecnológica presentada al órgano electoral tabasqueño para 2026 y 2027.
De árbitro a vendedor
El episodio tiene una peculiaridad institucional. El INE no tocaba la puerta del IEPCT como cualquier empresa que ofrece software o seguridad informática. Es la autoridad nacional que designa a las consejerías de los organismos electorales locales, fija lineamientos, coordina funciones electorales y dispone de facultades de atracción y asunción sobre determinadas tareas de los OPLE.
En otras palabras: quien regulaba también comenzó a vender servicios. El catálogo nacional incluía seis opciones: registro de candidaturas, sistemas para supervisores y capacitadores, cómputos, voto electrónico, PREP y Ciberseguridad. Para 2027, sólo el PREP estaba cotizado en 10.197 millones por organismo; SIVEI, en 5.481 millones; y Ciberseguridad, en 1.041 millones.
El debate, por tanto, no pasa únicamente por el precio. También por la relación de poder entre quien ofrece y quien compra: ¿hasta dónde podía un OPLE considerar voluntaria una propuesta proveniente de la autoridad que lo supervisa?
DEL OFRECIMIENTO AL ESCÁNDALO
La propuesta tecnológica para Tabasco apareció meses antes de que las contrataciones y proveedores del INE quedaran bajo investigación.
Una presentación de la Unidad Técnica de Servicios de Informática consigna para OPLE–Tabasco SNR, SIVEI y Ciberseguridad por 10.651 millones de pesos para 2026 y 2027.
Investigaciones periodísticas y revisiones oficiales colocan bajo escrutinio contrataciones, proveedores y posibles conflictos de interés vinculados con la administración del INE.
Guadalupe Taddei renuncia en medio de la crisis. Antes de su salida negó intervenir directamente en adjudicaciones y sostuvo que cualquier responsabilidad debía investigarse.
El caso escala hacia revisiones e investigaciones de distintas autoridades, entre ellas la ASF y la FGR, sobre contrataciones y posibles irregularidades.
Elizabeth Nava Gutiérrez confirma que el IEPCT recibió el requerimiento. La presidenta del organismo sostiene que Tabasco no tuvo contratos con las empresas señaladas.
La red estalla
El contexto cambió de golpe en octubre. Investigaciones sobre contrataciones y proveedores alcanzaron la presidencia del INE. El propio Consejo General reconoció que la renuncia de Taddei ocurrió en medio de “acusaciones muy graves por presunta corrupción y conflictos de interés”.
El INE presentó posteriormente ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra quien o quienes resulten responsables por posibles hechos de corrupción relacionados con irregularidades de aquella gestión. La presidenta provisional, Blanca Cruz, confirmó además revisiones internas y la disposición del organismo para atender investigaciones de la ASF y otras autoridades.
Taddei, antes de salir, negó haber intervenido personalmente en adjudicaciones y defendió que los hechos debían investigarse con debido proceso. Al anunciar su renuncia sostuvo que proteger al Instituto debía estar por encima de cualquier interés personal y señaló que su salida no eximía a nadie de esclarecer lo ocurrido.
Tabasco no entró
Tabasco no aparece, hasta ahora, entre los organismos electorales que contrataron con las empresas señaladas en la investigación nacional. Y ya existe una confirmación pública. La Auditoría Superior de la Federación requirió información a los 32 organismos electorales locales sobre sus contrataciones, como parte de la revisión abierta tras el escándalo en el INE.
Elizabeth Nava Gutiérrez, presidenta del IEPCT, confirmó que el organismo entregó la información solicitada y aseguró que en sus archivos no aparecen contratos con los proveedores señalados. “En el caso de Tabasco, no se tuvieron contratos con las empresas señaladas”, sostuvo. También explicó que buena parte de la documentación y material electoral se ha elaborado mediante Talleres Gráficos de Tabasco.
La precisión es importante: el IEPCT no aparece dentro de la red de contrataciones que hoy revisan las autoridades. Pero eso no significa que Tabasco haya quedado fuera de los intentos de expansión del esquema tecnológico promovido desde el INE. La presentación de julio de 2026 demuestra que oficinas centrales ya habían preparado para el organismo tabasqueño una oferta por 10.651 millones de pesos, con SNR, SIVEI y Ciberseguridad marcados como servicios seleccionados.
Ahí está la contradicción que abre esta investigación. Mientras Nava puede afirmar hoy que Tabasco no contrató con las empresas bajo sospecha, fuentes internas del propio organismo aseguran que meses antes hubo insistencia desde el INE para adquirir servicios tecnológicos y que Ciberseguridad estuvo cerca de concretarse. El contrato no llegó. La oferta y la presión, según esas fuentes, sí.
Montaño, dentro
En aquella estructura permanecía Jorge Montaño Ventura, consejero electoral tabasqueño que ha reconocido públicamente haber tenido cercanía institucional con Guadalupe Taddei. La Jornada lo identificó además como uno de los consejeros más cercanos a la entonces presidenta por sus votaciones y por la presencia de perfiles de su entorno en puestos relevantes del INE.
El Tabasqueño ha documentado previamente esa estructura. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia que permita afirmar que Montaño participó en las gestiones o presiones para que el IEPCT contratara los servicios ofrecidos desde oficinas centrales.
El INE llegó a Tabasco como autoridad. Llegó también con sistemas, precios y una oferta por 10.6 millones de pesos. Fuentes internas aseguran que insistió para convertir aquella propuesta en contratación. El escándalo nacional estalló antes de que el IEPCT terminara de comprar.
Este enfoque deja la afirmación más fuerte —la presión— correctamente atribuida a fuentes internas, mientras los 10.651 millones, los tres servicios y sus precios descansan en el documento.