La Ley General contra el feminicidio fue enviada este 15 de julio de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión en la Ciudad de México para homologar la investigación, sanción y reparación del daño por este delito en todo el país.
La iniciativa busca establecer un marco jurídico nacional que garantice investigaciones con perspectiva de género, sanciones uniformes y mecanismos de protección para las víctimas directas e indirectas. Además, pretende reducir la impunidad mediante reglas comunes para todas las fiscalías estatales.
Homologarán el delito de feminicidio en todo México
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que uno de los principales objetivos de la nueva legislación es asegurar que todas las fiscalías investiguen el feminicidio bajo los mismos criterios, evitando diferencias entre estados que puedan obstaculizar la justicia.
La mandataria señaló que la prevención también será un eje central mediante acciones educativas, el fortalecimiento de la igualdad entre mujeres y hombres y el combate a la violencia de género.
Asimismo, afirmó que la ley busca disminuir los casos en los que un feminicidio pueda ser clasificado erróneamente como suicidio u otro delito, además de fortalecer la investigación cuando el presunto responsable sea un familiar o una persona cercana a la víctima.
La iniciativa contempla penas de hasta 70 años
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que la propuesta establece una definición única del delito en todo el territorio nacional.
La iniciativa señala que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y reconoce diez circunstancias para acreditar este delito, entre ellas antecedentes de violencia, violencia sexual, discriminación, relaciones de poder o motivos basados en prejuicios de género.
Además, propone sanciones de 50 a 70 años de prisión.
Habrá agravantes para aumentar las condenas
La propuesta incorpora 19 agravantes que permitirán incrementar la pena hasta en una mitad.
Entre ellas destacan que la víctima esté embarazada, viva con alguna discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos, migrante o que el responsable sea servidor público. También considera ataques con ácido u otras sustancias corrosivas.
No habrá beneficios legales para responsables
La iniciativa establece que quienes sean condenados perderán derechos sucesorios, la patria potestad, la guarda y custodia, así como cualquier tutela sobre menores.
También contempla la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos cuando el responsable sea funcionario.
De igual forma, el delito será imprescriptible y no podrán aplicarse amnistías, libertad condicionada, conmutación de penas ni criterios de oportunidad.
Protección integral para las víctimas
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la ley obliga a realizar investigaciones con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y coordinación permanente entre las instituciones encargadas de procurar justicia.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, indicó que la iniciativa fortalece los derechos de las víctimas mediante atención médica, psicológica, asesoría jurídica gratuita y reparación integral del daño.
Además, contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas permanentes de prevención y planes integrales de protección para sobrevivientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, aunque el feminicidio registra una disminución del 36 % respecto a 2021, el objetivo de su administración es alcanzar la erradicación total de este delito mediante una política nacional que garantice prevención, justicia y cero impunidad.
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