El sábado, el gobierno estatal tomó en resguardo el predio del Gimnasio La Choca. Ahí opera el parque gastronómico conocido como Food Park. Antes de que terminara el operativo, ya habían aparecido en escena el PRI, el PRD y Somos México, con declaraciones en redes, videos de denuncia y lenguaje de indignación.
Ninguno mencionó que el permiso que amparaba al Food Park venció hace siete años. Tampoco que la licitación del predio fue pública, autorizada por el Congreso y supervisada por cinco dependencias.
Ninguno de los partidos que hoy protestan levantó la mano cuando el Congreso discutió y aprobó la venta del predio. La votación fue de 23 a favor y 8 en contra. Ninguno preguntó entonces por los locatarios. Ninguno cuestionó el proceso mientras la licitación estuvo abierta, desde junio.
Por ello, el operativo de resguardo del sábado no fue una sorpresa institucional. Fue la consecuencia directa de una venta legalizada meses atrás. La sorpresa, en todo caso, fue de quienes no pusieron atención a tiempo.
Lo que dijeron y lo que omitieron
Pedro Gutiérrez Gutiérrez, delegado del CEN del PRI, lamentó el cierre «sin una orden judicial». También mencionó la afectación a 120 familias. No dijo que el permiso venció en junio de 2019. Fue durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, de su mismo espacio político de origen.
Orquídea López, diputada del PRD, preguntó en redes: «¿Desarrollo para quién?». Además, cuestionó la falta de transparencia de Villahermosa 2030. No mencionó que la licitación fue supervisada por tres instancias: la Secretaría Anticorrupción, la Consejería Jurídica y el Órgano Interno de Control de la SAF.
Jesús Alí de la Torre, delegado de Somos México, publicó un video que denuncia «desalojo ilegal» y «forma autoritaria». Sin embargo, no aportó ningún elemento jurídico que sustente esa calificación. La operación fue autorizada por el Congreso y ejecutada por la Unidad de Administración y Patrimonio del Estado.
Lo que ninguno dijo: el único documento de autorización que existe para el Food Park es el INJUDET/DID/049/2019. Su vigencia terminó el 30 de junio de 2019. Siete años vencido. Sin renovación documentada.
El documento que circula en redes como prueba del derecho de los locatarios a permanecer en el predio es, paradójicamente, la evidencia de que no lo tienen. La autorización INJUDET/DID/049/2019 fue expedida el 13 de junio de 2019. La firmó Sheila Guadalupe Cadena Nieto, entonces directora general del INJUDET, durante la administración de Adán Augusto López Hernández.
Clave
El único papel que existe prueba la irregularidad, no el derecho.
Fuente: Autorización INJUDET/DID/049/2019
El documento autorizó el uso temporal de áreas verdes del CARD. Además, fue para el parque gastronómico «La Antojería», del 20 de febrero al 30 de junio de 2019. Cuatro meses de vigencia. Sin renovación registrada.
El Food Park operó seis años adicionales sin que ninguna administración lo formalizara ni lo desalojara. No lo hizo la de Adán Augusto. Tampoco la de Carlos Manuel Merino. Ni la de Javier May, hasta este sábado. En este sentido, la regularidad no fue un derecho. Fue una omisión acumulada que la venta del predio finalmente resolvió.
El propio Gobierno de Tabasco lo señaló en su comunicado. Los emprendedores afectados deben responsabilizar a quienes celebraron acuerdos y lucraron con el uso del inmueble, sin ser propietarios ni tener facultades legales para hacerlo.
2027 en el horizonte
Tabasco entra en 2027 a un ciclo electoral con renovación de presidencias municipales y diputaciones locales. El PRI busca recuperar terreno perdido. El PRD busca sobrevivir con representación. Los partidos menores buscan visibilidad. Además, el Food Park tiene todos los ingredientes de una causa rentable: 120 empleos, emprendedores con rostro y una historia de siete años.
Lo que no dice ninguno de los que protestaron: qué proponen para los locatarios. Dónde los reubicarían. Cómo garantizarían su permanencia en un predio que ya tiene dueño privado. La indignación tiene fecha de caducidad. Las elecciones, no.
Los locatarios del Food Park merecen una solución real: tiempo para reubicarse, apoyo para no perder lo que construyeron. Eso es legítimo. El propio gobierno les otorgó días para sacar sus pertenencias y recibió su solicitud de prórroga.
Lo que no merecen es ser usados como combustible electoral. Por otra parte, menos por partidos que no estuvieron presentes cuando el proceso de venta era público y todavía modificable.
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