EL CAIRO.— Hay momentos en la historia reciente en que una sola amenaza pública condensa, con brutal nitidez, el estado de un orden internacional en proceso de desintegración. El ultimátum del presidente Donald Trump a Irán, difundido en su red Truth Social, es uno de esos momentos.
En términos concretos, el mandatario estadounidense advirtió que si Teherán no abre completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, Washington atacará y destruirá sus centrales eléctricas, comenzando por la más grande.
En términos estructurales, lo que este mensaje revela es algo más profundo: la lógica de disuasión nuclear y diplomática que sostuvo el sistema internacional durante décadas está siendo sustituida, pieza por pieza, por la gestión de crisis mediante amenaza directa, escalonamiento público y presión económica brutal.
El estrecho de Ormuz no es simplemente una ruta marítima. Es la arteria yugular de la economía energética global. En condiciones normales, aproximadamente una quinta parte del crudo y del gas natural licuado que consume el planeta transita por ese paso angosto entre la costa iraní y la Península Arábiga.
Cuando ese corredor se cierra —como lo ha hecho Teherán de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones militares contra Irán el 28 de febrero— los mercados no esperan. Los precios del combustible ya comenzaron a escalar en múltiples regiones del mundo, y la amenaza de un impacto inflacionario generalizado empieza a materializarse en economías que aún no terminaron de absorber los golpes de los ciclos de ajuste monetario de los últimos años.
El Comando Central estadounidense (Centcom), encabezado por Brad Cooper, confirmó que durante la semana lanzó bombas de cinco mil libras sobre una instalación subterránea iraní en la costa que albergaba misiles, sistemas de inteligencia y repetidores de radar utilizados para monitorear el tráfico de embarcaciones.
La operación no fue presentada como un acto de guerra convencional, sino como un ejercicio de “protección de la libertad de navegación”, un concepto jurídico que Estados Unidos y sus aliados han utilizado históricamente para justificar intervenciones en aguas internacionales.
Pero la distinción entre ambas categorías se vuelve cada vez más borrosa cuando se lanzan proyectiles de 288 mil dólares por unidad —menos potentes, según los mismos reportes militares, que las bombas de 30 mil libras utilizadas meses atrás contra instalaciones nucleares iraníes— sobre territorio de otro Estado soberano.
Teherán responde con amenazas simétricas a toda la región
La respuesta iraní no tardó. El portavoz del mando operativo del Ejército de Irán, identificado como Khatam Al Anbiya, advirtió que si la infraestructura de combustible y energía iraní es atacada, Teherán responderá destruyendo toda la infraestructura energética, tecnológica y de desalinización de Estados Unidos y de los regímenes aliados en la región.
No es una amenaza vacía. Irán tiene capacidad probada para atacar instalaciones en los países del Golfo, varios de los cuales —como Emiratos Árabes Unidos y Baréin— dependen de plantas desalinizadoras para el suministro de agua potable. Una escalada en esa dirección no implicaría solo daños económicos: afectaría las condiciones básicas de vida en países altamente poblados y con escasas fuentes alternativas de agua dulce.
Es en este contexto donde cobra su verdadero peso la declaración conjunta de las 22 naciones que condenaron el bloqueo iraní y expresaron su disposición a contribuir a garantizar la navegación segura por el estrecho.
El grupo —que incluye a Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Australia y varios Estados bálticos y nórdicos, entre otros— no solo condena militarmente: también respaldó la decisión de la Agencia Internacional de la Energía de autorizar una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo y comprometió acciones para estabilizar los mercados, incluyendo conversaciones con países productores para incrementar la oferta.
Bulgaria, cuya incorporación elevó a 23 el número de países en la coalición, subrayó que se suma como nación “no involucrada” en las operaciones militares, lo cual sugiere un intento deliberado de mantener una distinción entre el bloque político-económico que condena a Irán y el componente estrictamente militar liderado por Washington.
Esa distinción, sin embargo, puede ser más retórica que real. Cuando un bloque de 22 o 23 naciones endosa el marco narrativo de Estados Unidos —que los ataques iraníes contra buques mercantes y la infraestructura civil constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales—, está legitimando también las condiciones políticas bajo las cuales Washington considera justificada su intervención. No hay neutralidad efectiva en el respaldo institucional, aunque se evite la participación directa en operaciones de combate.
El orden multilateral frente a la lógica del ultimátum
Lo que esta crisis expone con particular crudeza es la tensión entre dos lógicas incompatibles de gestión de conflictos internacionales. Por un lado, el sistema de normas, instituciones y mecanismos diplomáticos construido con esfuerzo durante el siglo XX —Naciones Unidas, derecho internacional del mar, protección de civiles en conflictos armados, principio de proporcionalidad—.
Por otro, la lógica del ultimátum y el escalonamiento calculado, en la que las amenazas públicas en redes sociales reemplazan a la diplomacia reservada y los plazos de 48 horas sustituyen a las negociaciones multilaterales. Trump no es el primer líder que ha operado con esta segunda lógica, pero la velocidad, visibilidad e impredecibilidad con que lo hace ha generado un entorno en el que los actores regionales no pueden calibrar con certeza los límites reales de cada escalada.
Para la región del Golfo, las implicaciones son de largo alcance. Los países que firmaron la declaración conjunta están calculando cómo proteger sus intereses energéticos y de seguridad en un escenario donde el conflicto entre Estados Unidos e Irán puede profundizarse o resolverse de manera abrupta, sin que haya señales claras de ningún proceso diplomático paralelo.
Los mercados energéticos globales, mientras tanto, no tienen margen de espera: cada día que el estrecho permanece funcionalmente bloqueado —aunque no haya un cierre formal declarado— presiona los precios, distorsiona las cadenas de suministro y transfiere recursos desde economías importadoras hacia productores alternativos, muchos de ellos ya beneficiados por el giro que siguió a la invasión rusa de Ucrania.
Desde una perspectiva latinoamericana, el impacto no es inmediato pero tampoco es marginal. El alza en los precios del combustible golpea a las economías más vulnerables de la región, que importan derivados del petróleo sin contar con colchones financieros comparables a los de las economías del norte global.
Países como México, que tiene su propio complejo energético en transición y una dependencia parcial de importaciones de refinados, observan este escenario con una mezcla de preocupación y cautela diplomática. La posición oficial de distancia respecto a los conflictos armados internacionales contrasta con la exposición económica real a sus consecuencias.
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Riesgos de escalada y límites de disuasión por amenaza
El riesgo de que la situación escale más allá de lo que cualquiera de los actores considera manejable es real. Los sistemas de disuasión funcionan cuando ambas partes creen que el otro actuará según lo declarado, pero también cuando ambas partes creen que existe un punto de parada antes de la destrucción mutua.
En este caso, Irán ha respondido con amenazas simétricas y ha sostenido el bloqueo de facto pese a las operaciones militares estadounidenses. Estados Unidos, por su parte, ha escalado el lenguaje público —de las operaciones militares tácticas a la amenaza directa sobre infraestructura civil— en un patrón que históricamente suele preceder a acciones de mayor envergadura o a negociaciones de último momento, pero que rara vez permanece en el punto de equilibrio que los dos extremos quisieran evitar.
Lo que está en juego no es solo el precio del petróleo o la autonomía de navegación en el Golfo Pérsico. Es la pregunta sobre qué tipo de sistema internacional emergería si este conflicto escala de manera irreversible: uno en el que las instituciones multilaterales demuestran su irrelevancia definitiva, o uno en el que los actores regionales y globales encuentran, a último momento, los mecanismos para evitar el abismo.
La respuesta a esa pregunta no se decidirá en 48 horas. Pero cada hora que transcurre sin señales diplomáticas genuinas estrecha el margen de maniobra de todos los involucrados.
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