WASHINGTON.— El presidente electo Donald Trump fue sentenciado este viernes por la mañana en Manhattan por su condena penal en el caso de pagos secretos a Stormy Daniels, la estrella de cine para adultos.
Se trata de 34 cargos de falsificación de registros comerciales que un jurado encontró probados y que —en teoría— implicarían hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, el juez Juan Merchan optó por una “liberación incondicional” que evita para Trump todo tipo de sanción: ni cárcel, ni multas ni servicio comunitario.
Con esto, el magnate neoyorquino se prepara para ocupar la Casa Blanca como el primer mandatario en la historia de Estados Unidos con antecedentes penales. No es menor la paradoja de que un presidente se coloque, al menos en lo jurídico, en la fila de “delincuentes convictos” mientras ejerce el cargo más influyente del país.
CONSECUENCIAS LEGALES INMEDIATAS
- Delito Grave de Clase E: 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
- Pena máxima teórica: 4 años de cárcel.
- Sentencia aplicada: Liberación incondicional.
- Derechos afectados: Prohibición de adquirir armas de fuego en algunos estados.
El dictamen de Merchan, si bien inusual en un delito grave de clase E, se justificó por la doble condición de Trump: figura electa y ciudadano sometido a un veredicto inapelable.
Como consecuencia, Trump conservará la mancha de la condena, pero no verá afectada su libertad. No obstante, la liberación incondicional no borra automáticamente todos los efectos secundarios de la condena: un delincuente convicto puede perder derechos civiles —como votar o poseer un arma de fuego—, dependiendo de la legislación estatal. En el caso específico de Trump, se le prohíbe adquirir armamento en Nueva York y Florida.
El fiscal Joshua Steinglass cuestionó la ausencia de una pena efectiva al afirmar que el acusado “no acepta responsabilidad por sus actos” y “desacredita la credibilidad de fiscales, jueces y testigos”.
OTROS FRENTES JURÍDICOS DE DONALD TRUMP
- Difamación contra E. Jean Carroll: Indemnización de 88.8 millones de dólares.
- Manipulación de valor de propiedades: Pago de 455 millones de dólares a la procuradora de Nueva York.
- Asalto al Capitolio en 2021: Informe pendiente tras rechazo de la Suprema Corte a suprimirlo.
- Casos federales descartados: Interferencia en 2020 y manejo de documentos clasificados.
- Acusación electoral en Georgia: Congelada temporalmente; podría reactivarse tras la investidura.
Merchan, sin embargo, aseguró que su dictamen conserva la validez de la condena por jurado y que el “descargo incondicional” no anula la gravedad de los cargos.
LA TRAMA JURÍDICA: ¿NADIE POR ENCIMA DE LA LEY?
Aunque Trump ha esquivado la cárcel en esta causa, otras batallas legales se ciernen sobre su figura. En primera instancia, ya fue hallado civilmente responsable de difamación contra E. Jean Carroll, a quien deberá pagar 88.8 millones de dólares. También se le ordenó cubrir 455 millones a la procuradora estatal de Nueva York por manipular el valor de sus propiedades.
Asimismo, el caso por incitar un asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 se mantenía en el limbo, hasta que la Suprema Corte rehusó prohibir la difusión de un informe que podría publicarse de manera inminente.
Pese a este revés, Trump ha triunfado al detener, a través de maniobras legales, el caso de interferencia electoral en 2020 y otro sobre manejo indebido de documentos de seguridad nacional.
El nuevo ocupante de la Casa Blanca deberá, por tanto, gobernar bajo la sombra de múltiples frentes legales. Para complicar el panorama, su eventual capacidad de autoindultarse —un poder que recae en los presidentes para casos federales— no se extiende a procesos estatales, como la sentencia que hoy lo convierte en un “delincuente convicto”.
Durante la audiencia, el juez Merchan dejó en claro que la Constitución no faculta a un presidente electo a borrar un veredicto de culpabilidad, ni a reformular los términos de la sentencia. Mientras tanto, Trump ha repetido su conocido alegato de “cacería de brujas” y ha calificado a sus oponentes políticos y a las cortes de “corruptas”.
ECOS Y CONSECUENCIAS: LA PRESIDENCIA CON ANTECEDENTES PENALES
Trump, con la investidura programada para el 20 de enero, asumirá el mando como el primer presidente con antecedentes criminales. Detrás queda la interrogante sobre si este precedente reconfigura el principio fundacional de que “nadie está por encima de la ley”. Sus adversarios defienden la tesis de que, si bien la liberación incondicional impide verlo tras las rejas, la condena formal mantiene su relevancia simbólica.
BREAKING: Donald Trump has been sentenced "unconditional discharge," meaning his conviction of 34 felonies is now official, but he will not receive prison time.
— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) January 10, 2025
He will, however, be the first President in history to enter the Oval Office as a convicted felon.
What a disgrace. pic.twitter.com/1j16mESLBg
Para muchos observadores, la magnitud de este momento radica en que un jurado declaró culpable al mandatario entrante, algo que jamás había ocurrido en Estados Unidos.
Aun con una “sentencia simbólica”, se abre el debate acerca de la separación real de poderes y la viabilidad de juzgar —y castigar— a un presidente en funciones.
Mientras tanto, las repercusiones internacionales son inevitables: Trump, ahora con categoría de delincuente convicto, podría enfrentar trabas migratorias en países como Canadá, Reino Unido o Australia, que suelen exigir permisos especiales a visitantes con antecedentes penales.
Si estas restricciones se aplican estrictamente, un futuro viaje diplomático podría convertirse en un auténtico desafío legal y político.
No obstante, sus simpatizantes sostienen que este episodio refuerza el apoyo popular al considerarlo una “víctima de persecución política”. El mandatario insiste en que esta nueva “cacería de brujas” no ha hecho más que elevar su popularidad.
Resta por ver si las investigaciones pendientes y la inminente publicación de otros informes judiciales impactarán la estabilidad de la nueva presidencia.
LA PARADOJA DE LA “LIBERACIÓN INCONDICIONAL”
Lejos de ser un acto de indulgencia, la sentencia sin castigo de Merchan conserva la validez de la condena y, a la vez, evita el posible choque institucional de un presidente cumpliendo condena. Aun así, la ausencia de repercusiones penales tangibles ha levantado voces críticas sobre el doble estándar con el que se juzga a políticos poderosos.
La realidad es que Trump, ya con la banda presidencial en la mira, arrastra una condena que el fallo judicial define como irrevocable. El 20 de enero, iniciará su mandato bajo la etiqueta de “delincuente convicto”, una novedad jurídica sin precedentes en la historia política de Estados Unidos.
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