CDMX.— La escena en Rancho Izaguirre es un retrato crudo de la frágil institucionalidad que aqueja a Jalisco y, por extensión, a todo el país. A simple vista, hay cintas amarillas que delimitan varias zonas de excavación y banderines de colores dispersos sobre la tierra removida.
Sin embargo, tras el primer vistazo, la ausencia de actividad pericial y la indefinición de responsabilidades dejan entrever la falta de coordinación y voluntad política para esclarecer lo que podría ser un centro de exterminio manejado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía de Jalisco no ha remitido el expediente completo a la Fiscalía General de la República (FGR). Argumenta que todavía no concluye sus peritajes, pese a que hace meses el caso se ha perfilado como un tema de competencia federal por la supuesta operación de un grupo delictivo que no solo secuestraba y reclutaba jóvenes de manera forzada, sino que también habría inhumado de forma clandestina los restos de muchas de sus víctimas.
La controversia aumenta cuando se ve el predio: un terreno polvoriento a 60 kilómetros de Guadalajara con varias fosas potenciales, mal selladas y apenas señaladas, que se investigan desde septiembre de 2024, según la narrativa oficial.
Las cifras de personas desaparecidas siguen al alza, y las condiciones en este rancho, ubicado en el municipio de Teuchitlán, exhiben la dolorosa impotencia de cientos de familiares que cargan con la esperanza de obtener una pista, así sea ínfima, sobre sus seres queridos.
Frente a la mirada atenta de grupos civiles y de las llamadas madres buscadoras, el operativo de la fiscalía local no ha logrado destrabar las incógnitas. Para peor, la FGR no ha entrado de lleno al predio para realizar sus propias investigaciones, alegando que aún no existe la entrega formal del expediente ni se han terminado los análisis correspondientes por parte de las autoridades estatales.
EL TRASFONDO POLÍTICO Y LA LENTITUD INSTITUCIONAL
La tensión no se reduce únicamente a la escena forense. Hay un trasfondo político en el que la Fiscalía de Jalisco y el gobierno estatal, encabezado por autoridades que no acaban de concretar la remisión del caso, se ven enredados en la exigencia de garantizar justicia y en la necesidad de coordinarse con instancias federales.
Mientras tanto, en Ciudad de México, la FGR demanda la entrega oficial de los hallazgos y la certeza de que se ha concluido un levantamiento profesional de pruebas.
Esta brecha muestra la carencia de un mando interinstitucional sólido y una estrategia efectiva de colaboración. El fiscal de Jalisco, días atrás, anunció con cierto triunfalismo que se entregarían los expedientes completos a la federación, pero nada de eso ocurrió en los tiempos prometidos.
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Las pesquisas siguen bajo el control de la fiscalía local, que se justifica señalando la complejidad del caso y la supuesta exhaustividad de los peritajes pendientes.
En este contexto, la confianza pública se resquebraja. Grupos de búsqueda de distintos estados, como Colima, Zacatecas y Nayarit, han evidenciado una falta de claridad sobre la metodología de las indagatorias y, en varios puntos, denuncian que no existe un verdadero plan de trabajo para explorar cada uno de los sitios marcados con banderines. Esta dispersión genera un sentimiento generalizado de orfandad institucional entre las familias, que no saben a quién acudir para obtener respuestas concretas.
RECORRIDO FRUSTRADO Y RECLAMOS CIUDADANOS
El reciente recorrido convocado por la Fiscalía de Jalisco generó mayores inconformidades. La visita, a la que asistieron alrededor de 300 personas, incluyó a colectivos de madres buscadoras, organizaciones de derechos humanos y un grupo de periodistas que esperaba una supervisión directa de los posibles avances.
Sin embargo, la ausencia de la FGR y de autoridades ministeriales federales de alto nivel disipó las esperanzas de un pronunciamiento sólido sobre la posible atracción del caso.
Bajo un sol inclemente, los presentes se desplazaron por pasillos improvisados con cintas amarillas. Era evidente la falta de uniformidad en la información oficial y la descoordinación para explicar cómo se llevará a cabo la pesquisa forense de los más de siete puntos de investigación.
Quienes asistieron vieron cuartos semivacíos y algunos objetos personales dispersos –calcetas, mochilas, cepillos– que daban la impresión de haber sido recogidos de manera superficial.
La denuncia más sentida vino de las madres que buscan a sus hijos. Muchas esperaban encontrar rastros de ropa o calzado que pudieran ayudar a identificar a personas extraviadas.
Su frustración creció al confirmar que no había actividad pericial en tiempo real. Los banderines permanecían hincados en la tierra, quietos, rodeados por personal policial que únicamente vigilaba a la prensa y a los familiares. Ninguna autoridad se tomó la molestia de aclarar los procedimientos en marcha.
UN “CIRCO” EN LUGAR DE UNA INVESTIGACIÓN SERIA
Varias mujeres, sobre todo, manifestaron su enojo por lo que calificaron como una puesta en escena sin sustancia. No hubo explicaciones claras, ni muestras de un avance real en la investigación sobre la supuesta dinámica criminal del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona.
Las madres buscadoras narraron, incluso, que fueron sometidas a una logística que consideraron inhumana: viajes largos, esperas prolongadas en los camiones y condiciones adversas sin agua o asistencia médica inmediata.
La policía estatal y algunos miembros de la Fiscalía de Desaparecidos parecían más preocupados por custodiar los límites del predio que por realizar tareas de búsqueda exhaustiva.
La desesperación de los familiares, que se mantenían con la ilusión de encontrar algún indicio que confirmara si sus parientes habían sido víctimas de este presunto centro de exterminio, dio paso a la rabia y a la decepción.
Como consecuencia, colectivos de varios estados interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda, reclamando una verdadera atención y transparencia.
LA INCÓGNITA DEL INVOLUCRAMIENTO FEDERAL
El panorama alimenta la suspicacia de que el caso se ha estancado, mientras las autoridades locales y federales se enfrascan en una suerte de competencia burocrática. La Fiscalía de Jalisco reconoció haber enviado apenas un oficio a la delegación de la FGR, solicitando que se analice la viabilidad de atraer la investigación.
Pero la respuesta federal aún no llega con la determinación contundente que miles de familias anhelan.
Si el Ministerio Público Federal acepta la atracción, todavía se requerirá un proceso de transición muy detallado para que todos los peritajes pendientes (entre ellos la revisión minuciosa de cada fosa y cada hoyo en la tierra) se realicen con la metodología adecuada.
Resulta preocupante que, mientras se concreta o no este paso, el Rancho Izaguirre siga con evidencias a la intemperie, sin un sellado estricto y con la posibilidad de que cualquier indicio adicional se contamine o desaparezca.
REFLEXIÓN Y UN ATISBO DE ESPERANZA
La situación actual en Rancho Izaguirre cuestiona la eficacia de la procuración de justicia en nuestro país. Pero, aun en medio del hartazgo social, se percibe un elemento de esperanza en la persistencia de los colectivos ciudadanos y la atención de organismos nacionales e internacionales que comienzan a fijar su mirada en Teuchitlán.
La presencia de las madres buscadoras es un recordatorio de que la sociedad civil sigue en pie de lucha, exigiendo la verdad y resistiéndose al olvido.
Para que la justicia llegue de manera contundente, se precisa una verdadera sinergia intergubernamental y la adopción de protocolos forenses que garanticen resultados confiables.
La propuesta de crear una “comisión de la verdad” compartida entre la fiscalía local y la FGR podría allanar el camino, siempre que esté acompañada de recursos suficientes y voluntad política real. Se requiere un cuerpo colegiado que supervise las pesquisas y asegure que no se diluyan en la burocracia ni en el desinterés.
Por ahora, la demanda principal de las familias es clara: que alguien responda ante la evidencia de un posible lugar de exterminio, con repercusiones en varios estados, y que se acelere la localización de más pistas que permitan identificar a las víctimas.
El tiempo corre en contra de la conservación de vestigios biológicos, y las tardanzas de la Fiscalía de Jalisco amenazan con tornar imposible el reconocimiento oportuno de los cuerpos o restos óseos.
El momento exige, además, que la sociedad y los medios de comunicación se mantengan alerta, fiscalizando cada paso de las autoridades. El silencio institucional no puede volver a cubrir estos terrenos, donde tantas familias depositan su esperanza de romper el ciclo de impunidad.
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