Cuando la democracia se mide en porcentajes bajos, el ruido político sube.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estima que la participación ciudadana en la inédita elección judicial del próximo 1 de junio será de entre 13 y 20 por ciento.
Esa cifra —fría, precisa, modesta— dice más de lo que parece: pone en duda el alcance real de la voluntad popular, confronta la narrativa del poder y desnuda la fragilidad del proceso democrático cuando se fuerza un mecanismo sin el andamiaje institucional adecuado.
Ese porcentaje proyectado no es un pronóstico meteorológico. Es una señal de alarma que muestra una ciudadanía escéptica, una elección nacida de la polarización, un voto instrumentalizado antes de ser emitido.
En democracia, no siempre es el resultado lo que legitima, sino el proceso y la participación. Y en este caso, ambos están en entredicho.
13-20%: ¿DEMOCRACIA O FORMALISMO?
Para una elección de tal calibre —donde se elegirá por primera vez a ministros, magistrados y jueces federales—, la estimación de participación es baja, incluso preocupante. El propio INE admite que los porcentajes son similares a los de la consulta de revocación de mandato en 2022, que apenas alcanzó el 17%.
¿Por qué importa este dato? Porque si la legitimidad de la elección se va a sostener en el voto ciudadano, la base de apoyo debería ser amplia, plural, robusta. Si no lo es, lo que se elige no será necesariamente justicia democrática, sino una ficción participativa.
Una elección con baja participación se vuelve vulnerable a la captura política, ya que amplía el margen de maniobra de quienes movilizan votantes con estructura, recursos o lealtades predefinidas. No hay nada más manejable que una elección masiva con una mayoría ausente.
EL VOTO LIBRE FRENTE AL VOTO DIRIGIDO
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que han circulado en redes imágenes de “acordeones”: listas con los nombres de candidatos a apoyar, distribuidas por grupos afines al oficialismo.
Aunque el instituto no ha calificado aún estas acciones como ilegales, sí reconoció que podrían representar una intromisión directa en el proceso de deliberación personal del votante.
PUNTO POR PUNTO: ¿QUÉ SIGNIFICA EL 13-20%?
· Retos principales: desinformación, desconocimiento de candidatos y presión estructural.
· Participación prevista por el INE: entre 13% y 20%.
· Comparativo histórico: igual o menor que la revocación de mandato (2022).
· Implicaciones: riesgo de captura del voto por grupos organizados.
· Advertencia institucional: el voto es libre, secreto e intransferible.
El problema no es que se oriente al votante; es que se le sustituya. En contextos de baja participación, este tipo de tácticas gana peso político, porque si pocos votan y muchos siguen un guión, el resultado deja de reflejar una elección para convertirse en una validación organizada.
¿QUÉ VOTAMOS CUANDO NO CONOCEMOS A NADIE?
Otro factor que explica la baja participación es el desconocimiento. Para millones de ciudadanos, los nombres en la boleta no son más que listas de extraños, sin trayectoria pública, sin propuestas claras y sin contexto profesional. Se les pide emitir un voto informado donde no hay información.
Y lo más inquietante: ni siquiera hay una campaña pública masiva que explique la dimensión de la decisión. La pedagogía cívica brilla por su ausencia. El acto se vuelve mecánico, desconectado, vulnerable. El elector entra a la mampara con una papeleta, pero sin criterio. Y en ese vacío, el que tiene la lista tiene el poder.
DEL SILENCIO JUDICIAL A LA DENUNCIA ABIERTA
Ante este escenario, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (JUFED) rompió su habitual neutralidad institucional. Acusó que el proceso es una simulación disfrazada de democracia, cuyo propósito no es democratizar el Poder Judicial, sino controlarlo políticamente desde el Ejecutivo y su mayoría legislativa.
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Según la organización, el uso de acordeones, la selección de candidatos afines al partido gobernante y el debilitamiento del sistema de contrapesos ponen en riesgo la autonomía judicial y, por ende, los derechos humanos, las garantías constitucionales y el equilibrio institucional.
Si el voto popular sustituye a los procesos técnicos, pero no los mejora, entonces no hay avance democrático: hay regresión disfrazada.
LA PARADOJA SHEINBAUM: CONTINUIDAD BAJO OTRA VOZ
Aunque esta elección fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, su concreción ocurre bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha asumido la continuidad como línea política.
La crítica de la JUFED apunta directamente a ella: en vez de construir una relación autónoma con el Poder Judicial, ha reforzado la línea dura del obradorismo, con mayorías legislativas y control narrativo.
Se dice que será el pueblo quien elija a los jueces, pero se omite que la boleta está preconfigurada y el voto, condicionado. Se promete una nueva era de justicia, pero se presiona desde el poder para elegir a quienes no deben tener compromisos con el poder. Es, como dice la JUFED, una disonancia que rompe con la esencia del Estado de Derecho.
UN LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN CRÍTICA
A pesar de todo, el voto sigue siendo una herramienta poderosa. Lo que se juega el 1 de junio no es sólo una elección, sino el precedente. Si la participación ciudadana es mínima, pero el resultado se vende como “mandato popular”, se abre la puerta para repetir la fórmula en otras instituciones.
En cambio, si se logra visibilizar la complejidad del proceso, los riesgos de manipulación y el valor del voto como acto consciente, el país podría transformar esta elección forzada en una lección cívica de largo plazo. No se trata de rechazar el voto, sino de dignificarlo. Participar, sí. Pero sin obedecer guiones ni aceptar imposiciones disfrazadas de representación.
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