CDMX.— La paridad de género en las Gubernaturas abrió un nuevo frente de controversia política y jurídica.
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar la constitucionalidad de las reformas electorales aprobadas en San Luis Potosí y en debate en Nuevo León, que obligan a postular exclusivamente mujeres para las elecciones de 2027 y que, en los hechos, podrían beneficiar a esposas de gobernadores en funciones.
La instrucción fue dirigida al coordinador de Política de la Presidencia y ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para analizar si estas normas se apegan al marco constitucional o si cruzan la línea entre la acción afirmativa y el nepotismo electoral.
PUNTO POR PUNTO
Lo que está en disputa
- Paridad constitucional vs. imposición de género.
- Riesgo de nepotismo electoral.
- Uso de leyes locales con beneficiarios directos.
- Posible revisión por la Suprema Corte.
Fuente: Presidencia / Congresos locales / SCJN
El Tabasqueño • Periodismo bien hecho.Sheinbaum reiteró su respaldo a la paridad como principio constitucional —mitad de candidaturas para mujeres y mitad para hombres—, pero marcó distancia frente a reglas que imponen de manera obligatoria el género en una elección específica.
“Ahí hay que ver si eso está dentro o no de la Constitución”, dijo al ser cuestionada sobre la llamada “Ley Ruth”, aprobada el fin de semana por el Congreso potosino.
PARIDAD O EXCLUSIÓN
La reforma de San Luis Potosí obliga a partidos, coaliciones e independientes a postular únicamente mujeres en la elección de 2027, bajo el argumento de que nunca una mujer ha gobernado la entidad. La norma beneficiaría directamente a la senadora Ruth González, esposa del Gobernador Ricardo Gallardo (PVEM), quien ha manifestado su interés en competir.
FOCO ROJO
Judicialización en puerta
- Acciones de inconstitucionalidad previstas.
- Plazos electorales en riesgo.
- La Corte como árbitro final.
Fuente: Congresos locales / SCJN / TEPJF
En Nuevo León, la polémica es similar. La denominada “Ley Mariana” busca que la candidatura a la Gubernatura sea exclusivamente para mujeres en 2027, escenario que favorecería a Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García (MC). En ambos casos, el debate se ha desplazado del terreno de la igualdad sustantiva al de los intereses políticos familiares.
Sheinbaum recordó que el Congreso federal ya aprobó una reforma para prohibir el nepotismo electoral a partir de 2030, impidiendo la postulación de parientes hasta el cuarto grado para el mismo cargo, lo que refuerza la necesidad de revisar con cuidado las legislaciones locales.
ALERTA EN MORENA
El tema también generó reacciones dentro de Morena. El diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en San Lázaro, se manifestó en contra de las llamadas “leyes esposa” y advirtió que están orientadas a favorecer a personas específicas, no a garantizar derechos colectivos.
Monreal adelantó que el asunto será judicializado y que esperará la resolución de la Suprema Corte, una vez que se presenten las acciones de inconstitucionalidad correspondientes.
CASO NUEVO LEÓN
En Nuevo León, el conflicto es más amplio. El Congreso local aprobó en primera vuelta una reforma que establece alternancia de género hasta 2033, evitando vetar a hombres en 2027, pero el Gobernador Samuel García no ha publicado el decreto. Diputados del PAN y PRI acusan una retención deliberada para forzar que el Instituto Estatal Electoral emita medidas afirmativas que obliguen a candidaturas femeninas.
La autoridad electoral federal ya determinó que las reformas deben estar vigentes 90 días antes del inicio del proceso electoral, que comienza en octubre de 2026, por lo que el margen de maniobra legal es cada vez más estrecho.
Fuentes legislativas anticipan que, de no publicarse la reforma, el tema llegará a la Suprema Corte, lo que prolongará la disputa.
El debate sobre paridad y nepotismo entra ahora a una fase jurídica, con la Corte como árbitro final. Más allá de los discursos, la discusión pondrá a prueba hasta dónde pueden llegar las acciones afirmativas sin vulnerar principios de equidad, legalidad y competencia democrática.
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